Test Principios Estructurales

En el momento de su aprobación, un Estatuto de una Comunidad Autónoma de primer grado (vía rápida) 1. Establece que esta norma es la Constitución de la Comunidad Autónoma y, como tal, su reforma sólo requerirá la aprobación de la Asamblea legislativa y del cuerpo electoral autonómico, sin que, en ningún caso, la modificación deba ser también aprobada por las Cortes Generales. 2. Atribuye a su Comunidad Autónoma la competencia para autorizar la celebración de referendos de ámbito regional, aunque el Art.149 CE confiere al Estado la competencia para autorizar la convocatoria de consultas populares. 3. Atribuye a su Comunidad Autónoma la competencia de ejecutar y desarrollar normativamente las cuestiones atinentes al régimen energético, cuando el Art. 148 CE nada dice sobre dicha competencia y el Art.149 CE confiere al Estado la competencia de legislar lo básico de esta materia.

1.-Este Estatuto de autonomía

1. Tiene rango constitucional, como afirma el propio Estatuto, pues el Art. 147 CE define a todos los Estatutos como las normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas,Respuesta incorrecta Conforme a los arts. 81, 146 y 147 CE los estatutos de autonomía y sus reformas se aprueban por las Cortes Generales como ley orgánica, que no es Constitución y está sometida a ella al proceder de un poder público constituido (art. 9.1 CE)
2. NO tiene rango constitucional, porque es la Constitución española, y no el Estatuto, la norma que crea las Comunidades Autónomas y determina cuáles son sus órganos y competenciasRespuesta incorrecta Es verdad que no tienen rango constitucional, pero la Constitución no predetermina de forma completa ni sus órganos ni sobre todo cuáles son las competencias que cada C.A. puede asumir en su Estatuto, sino que ésta es la materia de la que precisamente debe ocuparse cada estatuto (art. 147 CE)
3. Formalmente es una Ley orgánica que se aprueba y se reforma siguiendo un procedimiento reforzadoRespuesta correcta ¡Correcta! Conforme a los arts. 81, 146 y 147 CE los estatutos de autonomía y sus reformas se aprueban por las Cortes Generales como ley orgánica, pero su tramitación -antes de llegar a las Cortes y después en el caso de la aprobación y reforma de los de vía rápida que requiere ratificación por referéndum de los electores de la C.A.- es más compleja y reforzada que la de una simple ley orgánica, tal y como se desprende de los arts. 143, 151 y 152.2 CE.
4. Formalmente es una simple Ley orgánica de la Comunidad AutónomaRespuesta incorrecta No es una simple ley orgánica porque tanto antes de pasar por las Cortes generales como después está sometida a requsitos más complejos y reforzados, pero es que además, las CC.AA. no pueden aprobar leyes orgánicas, que al ser leyes de mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (art. 81 CE) sólo pueden ser aprobadas por las Cortes Generales del Estado

2.-La competencia autonómica de autorización de referendos de ámbito regional

1. Es inconstitucional, porque esa competencia pertenece al EstadoRespuesta correcta ¡Correcta! Conforme al art. 149.1.32ª es una competencia exclusiva del Estado y no hay ninguna conexión con la autoorganización de la C.A. que permita deducir de ningún otro precepto constitucional la posibilidad de delegación expresa o implícita en las CC.AA.
2. Es constitucional, porque el Art. 149 CE y las competencias estatales que en él se señalan sólo actúan como límite para los Estatutos de Comunidades Autónomas de segundo grado, pero no para las de primer gradoRespuesta incorrecta La definición de las competencias exclusivas del Estado que hace el art. 149.1 CE vincula a todas las CC.AA. tanto las de primer grado como las de segundo grado, pues todas son producto de poderes constituidos y en tanto poderes públicos tanto los que las crean como los poderes creados para las CC.AA. están sometidas a la CE (art. 9.1).
3. Es inconstitucional, porque permite al cuerpo electoral autonómico participar en una potestad legislativa de la que las Comunidades Autónomas carecenRespuesta incorrecta Las consultas populares no siempre tienen por qué suponer participación en la función legislativa (referéndum) sino que a veces conllevan participación en la función de orientación política o gobierno (plebiscitos), pero es que, además, las CC.AA. sí poseen potestad legislativa, que es una consecuencia casi necesaria de la posesión de autonomía política.
4. Es constitucional, porque la autonomía es un derecho que confiere a la Comunidad Autónoma plena libertad para decidir cuándo debe llamar a sus ciudadanos a pronunciarseRespuesta incorrecta La autonomía política es una competencia de actuación de los poderes públicos territorialmente descentralizados, creada por la CE, que por tanto no da plena libertad a ningún ente para hacer nada, sino que define su ámbito de actuación dentro del marco en el que la Constitución haya querido crear esa competencia. Y ese marco incluye un límite infranqueable para la actuación autónoma de los entes territoriales\: el respeto a las competencias exclusivas del Estado (art. 149.1 CE), dentro de las cuales está la de autorización para la convocatoria de consultas populaes (art. 149.1.32ª)

3.- La competencia autonómica de ejecución y desarrollo del régimen energético

1. Es inconstitucional, porque ese Estatuto de autonomía sólo podía en el momento de su aprobación atribuir competencias que aparecieran en el listado del Art.148 CERespuesta incorrecta Conforme a los arts. 148.2 y 151. CE las CC.AA. de vía rápida pueden asumir más competencias que las del art. 148 CE, sólo viendose limitadas inicialmente por el listado de competencias exclusivas del Estado del art. 149.1 CE
2. Es constitucional, porque NO invade ninguna competencia que el Art. 149 CE confiera al EstadoRespuesta correcta ¡Correcta! Así se desprende de los arts. 148.2 149.1 y 151 CE
3. Podría haber sido atribuida a una Comunidad Autónoma de segundo grado por su Estatuto en el momento de su aprobación,Respuesta incorrecta Las CC.AA. de segundo grado sólo podían asumir competencias distintas de las del art. 148 cuando hubiesen transcurrido 5 años desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía
4. Es inconstitucional, porque este Estatuto no podía atribuirla hasta que se procediera a su reforma pasados cinco años desde su aprobaciónRespuesta incorrecta Precismente esto es lo requerido para las CC.AA. de segundo grado pero no para las de primer grado conforme a los arts. 148.2 y 151 CE.

4.-Señale la respuesta CORRECTA

1. La Comunidad Autónoma del supuesto NO puede tener más competencias que las que le atribuye su EstatutoRespuesta incorrecta Las CC.AA. pueden tener las competencias que les atribuye su Estatuto y ADEMáS LAS QUE EN VIRTUD DEL ART. 150 CE les haya atribuido el Estado mediante ley orgánica de transferencias o ley de delegación
2. En contra de lo que establece el Estatuto, su modificación requeriría que las Cortes Generales por Ley Orgánica aprobaran la reformaRespuesta correcta ¡Correcta! Así lo establece el art. 147 CE EN TODO CASO para la reforma de todos los Estatutos de Autonomía
3. El Rey podría negarse a sancionar este Estatuto de autonomía por inequívocamente inconstitucionalRespuesta incorrecta Las funciones del Rey son las que expresamente le atribuyan la CE y las leyes (art. 56 CE) y son simbólicas y unificadoras, no encontrándose entre ellas ninguna función de toma de decisiones políticas o de control jurídico (ni constitucional)
4. Es inconstitucional la existencia de competencias compartidas, como las que hay aquí en materia de régimen energéticoRespuesta incorrecta Acorde con los arts. 148 y 149 CE la mayor parte de las competencias son compartidas entre el Estado y las CC.AA. que tienen diversos poderes normadores sobre una misma materia.

5.-Señale la respuesta CORRECTA

1. El referéndum de reforma estatutaria, al que alude el caso, es realmente un plebiscito porque los ciudadanos se pronunciarían sobre una cuestión políticaRespuesta incorrecta Conforme al art. 152.2 CE, el referéndum de reforma de los Estatutos versa sobre un texto jurídico -el proyecto de ley orgánica de reforma del Estatuto aprobado por las Cortes Generales- y no sobre una cuestión política
2. Cuando la Comunidad Autónoma desarrolle normativamente el régimen energético sólo podrá hacerlo a través de reglamento y nunca a través de una ley, pues su autonomía es meramente administrativaRespuesta incorrecta Conforme a la reitarada jurisprudencia del TC interpretando el art. 2. las CC.AA. disfrutan de autonomía política y no meramente administrativa y ello implica -dado que todas han incorporado a su organización una Asamblea Legislativa- el ejercicio de la potestad legislativa.
3. El reparto de competencias descrito en materia de régimen energético puede verse alterado con la integración de España en la Unión Europea, pues desde ese momento corresponde al Estado, y no a la Comunidad Autónoma, la competencia de ejecución del derecho comunitario que afecte a esa materiaRespuesta incorrecta Aunque conforme al art. 93 CE es el Estado el responsable ante las instituciones supranacionales (UE) del cumplimiento del derecho comunitario y las relaciones inetrnacionales son competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.3ª CE), el TC ha aclarado que la integración en la Unión Europea no altera el reparto de competencias realizado por la CE y por el bloque constitucional y que, por tanto, deben ser el Estado o la C.A., según quien sea competente, los que se ocupen de desarrollar en España el derecho comunitario que afecte a cada materia.
4. Las leyes que pueda aprobar esta Comunidad Autónoma ocuparán jerárquicamente la misma posición en el ordenamiento que las leyes estatalesRespuesta correcta ¡Correcta! El principio dispositivo de autonomía política del art. 2 CE tiene como consecuencia que el criterio de relación de las normas jurídicas del Estado y de las CC.AA. ya no es la pirámide jerárquica, sino el de distribución de competencias, por lo que las leyes del Estado y las de las CC.AA. ocupan la misma posición y su validez y aplicabilidad dependen de que hayan sido aprobadas dentro de su ámbito de competencias.

El Art.45 del Capítulo III del Título I CE reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y establece el deber de conservarlo. Una ley orgánica tipifica de modo confuso una determinada conducta como constitutiva de delito de incendios y remite a un reglamento la concreción de la pena con la que se castigará dicho comportamiento, decantándose el reglamento por establecer una sanción privativa de libertad. Un miembro de una asociación ecologista tiene conocimiento de que un individuo ha cometido un incendio forestal e insta contra él la apertura de un procedimiento penal, que terminará resolviéndose en la Audiencia provincial ante un Tribunal del Jurado.

6.-Señale la respuesta FALSA

1. El Art. 45 contiene una norma de programación finalRespuesta incorrecta Efectivamente el art.45 contiene una norma de programación final poque establece unos fines u objetivos que deben ser alcanzados por los poderes públicos, como es el de la protección del medio ambiente
2. El derecho que reconoce el Art.45 sólo puede ser alegado ante los tribunales si hay una ley que lo desarrolleRespuesta incorrecta A pesar de utilizar la palabra derecho, conforme al art. 53.3, esos falsos derechos sociales en realidad no contienen ningún derecho subjetivo puesto que no son alegables ante los tribunales sino en los términos que establezcan las leyes que los desarrollen
3. El Art.45 reconoce un derecho inmediatamente exigible ante los tribunales ordinarios y ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparoRespuesta correcta ¡Correcta! Esta es la respuesta falsa, pues conforme al art. 53.3 CE ninguno de los derechos del Capítulo III del Título I (Principios rectores de la política social y económica) contiene un derecho invocable directamente ante los tribunales
4. El Art.45 reconoce un principio vinculado con el Estado socialRespuesta incorrecta Efectivamente los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I, y entre ellos el art. 45, establece fines para que los poderes públicos actúen sobre la sociedad y eso es lo característico del Estado social

7.-Señale la respuesta CORRECTA

1. El reglamento puede establecer penas privativas de libertadRespuesta incorrecta Conforme al art. 17 CE, se podrá privar de la libertad EN LOS CASOS Y EN LA FORMA PREVISTOS EN LA LEY. además, privare de libertad es desarrollar el contenido del derecho a la libertad personal del art. 17, uno de los derechos fundamentales y libertades públcias de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I que según el art. 81 CE deben desarrollarse por ley orgánica hacerse
2. El principio de legalidad exige, al contrario de lo que ocurre en el caso, precisión y claridad a la hora de definir el supuesto de hecho y la sanción de un delitoRespuesta correcta ¡Correcta! El principio de legalidad (art. 9.3 CE) tiene diversas concreciones en la refgulación constitucional de los dd.ff. Una de ellas es el art. 25 CE que regula el principio de legalidad sancioadora y que, conforme a la interpretación que le han dado el TC y el Tribunal Europeo de Derechos humanos, exige recisión y claridad a la hora de definir el supuesto de hecho y la sanción de un delito
3. En este caso la reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales se ve plenamente satisfecha con la mera aprobación de esta norma, al margen de cuál sea su contenidoRespuesta incorrecta Lasreservas de ley (orgánica u ordinaria) exigen que sea el legislador el que regule la materia, y no perimten que éste disponga de la misma remitiendo su regulación a un sujeto distinto del legislador (como el Gobierno), pues eso sería una forma indirecta de burlar y evitar lo que quiere la reserva de ley\: que una materia se regule por un procedimiento políticamente plural, transparente y contradictorio.
4. Los ciudadanos están vinculados positivamente por la ley orgánica y el reglamento que la concretaRespuesta incorrecta Los ciudadanos están sometidos a la CE y al resto del Ordenamiento Jurídico (Art. 9.1 CE), pero conforme a la interpretación del TC de forma negativa y no positiva (como lños poderes públicos puesto que no tienen que orientar su acción a realizar o ejecutar la CE y el resto de las normas, sino que basta con que no las conculquen

8.-El miembro de la asociación ecologista

1. Ejerció un derecho fundamental vinculado con el principio estructural del Estado de derecho cuando entró a formar parte de dicha asociaciónRespuesta incorrecta El derecho de asociación es un derecho eminentemente participativo y por eso se vincula al Estado democrático y no al Estado de derecho que está más vinculado a los derechos de libertad
2. Ejerció un derecho fundamental vinculado con el principio estructural del Estado social cuando se asoció a la mencionada organizaciónRespuesta incorrecta El derecho de asociación es un derecho eminentemente participativo y por eso se vincula al Estado democrático y no al Estado social que está más vinculado con los derechos sociales que exigen la intervención del Estado en la sociedad
3. No podía instar la apertura del proceso penal, en tanto no fue directamente ofendido por la conducta delictiva y nuestro ordenamiento no prevé la figura de la acción popularRespuesta incorrecta La CE prevée en el art. 125 la acción popular como un mecanismo de participación ciudadana en la función jurisdiccional y la Ley de Enjuiciamiento Criminnal desarrolla los requisitos para su ejercicio
4. Ejerció un derecho fundamental vinculado con el principio estructural del Estado democrático cuando decidió afilarse a dicha asociaciónRespuesta correcta ¡Correcta! El derecho de asociación es un derecho eminentemente participativo y por eso se vincula al Estado democrático. Permite al individuo participarsocialmente agrupánose con otros individuos para hacer cosas y con ello mediante su acción (la de la asociación) contribuir a configurar la opionión pública e indirectamente (a través de las elecciones) la voluntad general

9.-El Tribunal del Jurado

1. Puede conocer este caso, puesto que está llamado a resolver causas en las Audiencias Provinciales por este tipo de delitosRespuesta correcta ¡Correcta!Así lo establecen el art. 125 CE y el art. 1.2.e)y 3 de la Ley orgánica 5/1995 del Jurado
2. NO podía actuar en este caso, puesto que sólo hay Tribunal del Jurado en el Tribunal Supremo, pero no en las Audiencias ProvincialesRespuesta incorrecta Conforme al art. 1.3 de la Ley orgánica 5/1995 del Jurado el Tribunal del Jurado sólo actúa en el ámbito de competencia de la Audiencia Provincial, por tanto no en el del Tribunal Supremo
3. NO podía conocer este caso, puesto que el Tribunal del Jurado sólo resuelve asuntos civiles, pero no penalesRespuesta incorrecta Conforme al art. 125 CE y a la Ley orgánica 5/1995 del Jurado el jurado sólo actíua en los PROCESOS PENALES determinados por la ley, por tanto no en procesos civiles
4. Es el único modo que tienen los ciudadanos de participar en la función judicialRespuesta incorrecta Conforme al art. 125, los ciudadanos tienen la acción popular y los Triubunales Consuetudinarios y populares para participar en la función jurisdiccional, además del acceso al cargo público de juez o magistrado en condiciones de igualdad con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE)

10.-El Tribunal del Jurado deberá emitir un veredicto en el que

1. únicamente debe declarar probados o no probados los hechos enjuiciadosRespuesta incorrecta Conforme al art. 53 de la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, éste en su veredicto debe declarar probados o no probados los hechos, perot ambién debe decidir sobre la culpabilidad del acusado y sobre la concurrencia de beneficios modificativos de la responsabilidad penal
2. únicamente debe declarar culpable o no culpable al acusadoRespuesta incorrecta Conforme al art. 53 de la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, éste en su veredicto debe decidir sobre la culpabilidad del acusado, pero también debe declarar probados o no probados los hechos y decidir sobre la concurrencia de beneficios modificativos de la responsabilidad penal
3. debe imponer la pena que le corresponde al acusado, de encontrarlo culpableRespuesta incorrecta Conforme a los arts. 68 y 70 de la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado esa función le corresponde al Magistrado presidente del Tribunal del Jurado, oidos el Ministerio Fiscal y las partes en el proceso
4. debe declarar probados o no probados los hechos enjuiciados y culpable o no culpable al acusadoRespuesta correcta ¡Correcto! así se desprende del art. 53 de la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado

Dado el paulatino aumento de las agresiones contra mujeres derivadas de situaciones de violencia doméstica, el Gobierno aprueba el proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, que entre otras toma las siguientes medidas\: 1. Se prevé la concesión por la Administración de ayudas económicas por importe de hasta 100 euros que faciliten a las mujeres, víctimas de la violencia de género, empezar una nueva vida; 2. Se modifica el Código Penal introduciendo un nuevo delito de amenazas leves contra la esposa o compañera sentimental; 3. Se prevé que todos los procedimientos judiciales derivados de actos de violencia de género sean competencia del Jurado. Antes de que se apruebe la Ley por las Cortes Generales, el Gobierno de la Nación aprueba el Reglamento de desarrollo de la futura ley y prevé que los jueces puedan ordenar, como limitación del derecho fundamental a la libertad de circulación del agresor, la medida de alejamiento provisional hasta que se celebre el juicio. De igual modo, también antes de la entrada en vigor de una y otra norma, la Administración atiende la solicitud de una mujer amenazada para recibir una ayuda económica de alquiler de vivienda, y se la concede por un importe de 100 euros mensuales, mientras que un juez condena a su marido a la pena establecida en el proyecto de ley para el nuevo delito de amenazas leves y aumenta la cuantía de la ayuda económica concedida a 200 euros, por considerarla insuficiente para acceder a una vivienda digna.

11.-La previsión de ayudas económicas por parte de la ley

1. Es una medida inconstitucional porque el Estado no puede intervenir en la sociedadRespuesta incorrecta Si el Estado es un Estado sical (art. 1.1 CE) y ordena a los pdoers públicos adoptar las medidas necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (art. 9.2 CESí PUEDE Y DEBE  INTERVERNIR  en la sociedad en los distintos ámbitos en los que la CE lo ha previsto (Capítulo III del Título I -principios rectores de la política social y económica- y Título VII - De la economía y la Hacienda-)
2. Es una consecuencia de que nuestro Estado sea democráticoRespuesta incorrecta La intervención en la sociedad es consecuencia del Estado social, no del democrático, del que es consecuencia que los individuos tengan reconocidos derechos de participación libre, plural e igual, directa o indirecta, en el ejercicio del poder
3. Es una consecuencia del mandato del art. 9.2 a los poderes públicos para adoptar las medidas necesarias para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivasRespuesta correcta ¡Correcta! El art. 9.2 manda a los poderes públcios realizar esa intervención para así desarrollar el principio de Estado social
4. Es una exigencia del principio de Estado de derechoRespuesta incorrecta La intervención en la sociedad es consecuencia del Estado social, no del Estado de dersecho, del que es consecuencia que los individuos tengan reconocidos derechos de libertad, esferas de acción inmune al poder público, e igualdad formal ante la ley

12.-La medida de alejamiento provisional del agresor

1. Es constitucional porque ha sido adoptada por un juez, garante de los derechos fundamentalesRespuesta incorrecta Los jueces son poderes públicos y están sometidos a la CE y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 y art. 117.1 CE), por lo cual, si la medida ha sido aplicada al margen de la ley y supone una vulneración del derecho a la libertad personal garantizado en el art. 17 CE también a los agresores mientras no se restrinja EN APLICACIóN DE UNA LEY ORGáNICA que desarrolle ese derecho (art. 81 CE) la actuación del juez es tan inconstitucional como la de cualquier otro poder público
2. No puede venir prevista por un Reglamento, pues al regular el derecho fundamental a la libertad de circulación está sometida a reserva de leyRespuesta correcta ¡Correcta! El art. 17 CE garantiza, también a los agresores, el derecho a la libertad personal que solo puede ser restrinjida EN APLICACIóN DE UNA LEY ORGáNICA que desarrolle ese derecho (art. 81 CE), por loque la medida no puede ser regulada por reglamento
3. Sería constitucional si el juez espera a que la Ley orgánica entre en vigor, a pesar de que ésta por sí misma no la contempleRespuesta incorrecta La Ley orgánica debe reguilar por sí misma la limitación de la libertad personal del agresor para satisfacer la RESERVA DE LEY prevista en los arts. 17 y 81 CE, no pudiendo deslegalizar la materia y remitir su regulación a un reglamento. Por tanto el juez no pude aplicar la medida en ningún caso
4. Es constitucional pues el Reglamento tiene siempre una vinculación negativa a la ley, y la ley orgánica que desarrolla no la prohíbeRespuesta incorrecta La vinculación del reglamento a la ley es positiva cuando se trata de matrias sometidas a reserva de Ley\: el Reglamento sólo puede regular por delegación expresa de la ley cuestiones concretas de detalle que ya estén genéricamente establecidas en la Ley. De otro modo se vería defraudada la reserva de ley

13.-La concesión por parte de la Administración de la ayuda económica a la mujer amenazada

1. Es incorrecta porque aun no estaba en vigor la ley orgánica que habilitaba a concederlaRespuesta correcta ¡Correcta! La administración está sometida plenamente a la Ley y al derecho (art. 103 CE) , esto es, sólo puede hacer aquello que las normas legales o reglamentarias YA EN VIGOR  le autoricen a hacer (vinculación positiva)
2. Es correcta porque el ciudadano tiene, conforme al art. 47 CE, un derecho constitucional a la vivienda, exigible directamente ante los tribunalesRespuesta incorrecta El mderecho a la vivienda del art. 47 CE es un principio rector de la política social y económica (Cap. III Tit. I) que conforme al art. 53.3 CE no puede ser invocado directamente ante los tribunales sino sólo en lostérminos que establezcan las leyes que los desarrollen
3. Es correcta, aunque aún no haya entrado en vigor la ley orgánica, siempre que no haya ninguna norma que prohíba a la Administración su concesiónRespuesta incorrecta La administración está sometida plenamente a la Ley y al derecho (art. 103 CE) , esto es, sólo puede hacer aquello que las normas legales o reglamentarias YA EN VIGOR  le autoricen a hacer (vinculación positiva). No basta,,pues, que no haya ninguna norma que se lo prohíba
4. Es inconstitucional porque la cantidad concedida es insuficiente para dar cumplimiento al derecho a una vivienda dignaRespuesta incorrecta Los principios rectores de la política social y económica y los derechos socialesque la CE haya podido establecer deben conciliarse con que el Estado es un estado social Y DEMOCRáTICO de derecho. Por tanto, el poder público aún obligado perseguir ciertos fines para trasnformar la sociedad, es libre dentro del MARCO ABIERTO que establece la constitución para determinar los medios y el grado en el que consigue o realiza cada unmo de esos objetivos . De ahí que ningún poder público distinto de los que tienen poder de decisión política (Gobierno y Parlamento) pueda enjuiciar el grado de consecución de ese objetivo de facilitar el acceso a una vivienda, incluido si la cuantía de la ayuda es suficiente o no

14.-El principio de Estado de Derecho tal y como ha sido recogido en la CE de 1978 exige

1. Que el juez aplique el proyecto de ley orgánica, aún antes de haber entrado en vigor, para así proteger los derechos de las mujeres amenazadasRespuesta incorrecta El principio de Estado de derecho exige la sumisión de los poderes públicos al DERECHO (a la Ley y al Derecho) EN VIGOR. Y la ley orgánica no entra en vigor hasta que no sea publicada en el BOE y transcurra la vacatio legis
2. regular por Reglamento una medida de limitación de la libertad de circulación del presunto agresorRespuesta incorrecta El principio de Estado de derecho va unido a la existencia de reservas de ley que tratan de servir como refuerzo de la garantía de los derechos y libertades constitucionales y quem impiden al reglamento ocuparse de ellos
3. Que el juez sustituya a la Administración en la determinación de la cuantía suficiente de las ayudas económicas para las mujeres víctimas de violencia de géneroRespuesta incorrecta Si el juez sustituye  a la Administración en la ejecución de la  ley, determinando la cuantía de las ayudas se estrá conculcando el principìo de no concentración de los poderes que es un elemento básido del principio de Estado de derecho
4. Anular la sentencia condenatoria del juez por vulneración del principio de legalidad sancionadoraRespuesta correcta ¡Correcta! El principio de legalidad sancionadora (art. 25 CE) forma parte de las garantías de la libertad que son esenciales en un Estyado de derecho para que los poderes públicos actúen sometidos a las normas jurídicas y concretamente a normas jurídicas que protegen la libertad y la igualdad de los individuos.

15.-El Jurado del proyecto de Ley

1. Es una forma de participación indirecta del ciudadano en la función jurisdiccionalRespuesta incorrecta A través del jurado (art. 125 CE) el ciudadano participa DIRECTAMENTE en la función jurisdiccional (art. 23 CE) porque según el art. 70.1 de la la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado, éste dicta el veredicto que se debe incorporar a la sentencia por el Magistrado Presidente
2. Debe, conforme a la Ley del Jurado vigente en España, determinar la pena a imponer al acusadoRespuesta incorrecta Conforme a los arts. 52 y 70 de la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado es el magistrado Presidente el que fija la pena y no el jurado, pues ello no es objeto del veredicto que tiene que emitir éste
3. Es una forma de participación directa del ciudadano en la función jurisdiccionalRespuesta correcta ¡Correcta! A través del jurado (art. 125 CE) el ciudadano participa DIRECTAMENTE en la función jurisdiccional (art. 23 CE)
4. Debe existir, conforme a la Constitución, tanto en procedimientos penales como civilesRespuesta incorrecta Conforme al art. 125 CE sólo debe existir en PROCEDIMIENTOS PENALES

El Parlamento de una Comunidad Autónoma del art. 151 CE aprueba una reforma de su vigente Estatuto de autonomía y da traslado del texto a las Cortes Generales para su tramitación como Ley orgánica. En dicha se reforma se prevé entre otros los siguientes extremos\: 1. Que el Estatuto, en tanto expresión de la soberanía del pueblo de la Comunidad Autónoma, solo podrá modificarse en el futuro de manera consensuada entre ésta y las Cortes Generales, y tras ser aprobado su texto en referéndum por el cuerpo electoral autonómico, ocupando una posición de paridad jerárquica con la CE de 1978; 2. Que dicha Comunidad Autónoma participará como Estado libre asociado con sus propios representantes en la elaboración del derecho comunitario de la Unión Europea, y será la única responsable de su ejecución; 3. Que la organización institucional de la Comunidad Autónoma pasa a estar compuesta de un Presidente elegido por sufragio universal, que dirige en exclusiva la acción de gobierno a través de unos ministros responsables únicamente ante él, y comparte la potestad legislativa sancionando o vetando las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa de la Comunidad. Las Cortes Generales aprueban por mayoría absoluta de cada cámara la Ley Orgánica que recoge la reforma del Estatuto de Autonomía.

16.-La organización institucional propuesta por la reforma del Estatuto

1. Refleja una forma de gobierno eminentemente presidencialistaRespuesta correcta ¡Correcta! El Presidencialismo separa los poderes ejecutivo y de gobierno de un Presidente elegido por sufragio universal que, por ello, no responde de un Parlamento igualmente elegido por sufragio universal que coejerce con el Presidente la función legislativa.
2. Refleja una forma de gobierno eminentemente parlamentariaRespuesta incorrecta El parlamentarismo requiere que la dirección política del Estado se atribuya a un Gobierno que actua autónomamente pero que es RESPONSABLE POLíTICAMENTE  ante el Parlamento elegido por sufragio universal, que es quien le inviste de confianza y quien se la retira poniendo fin a su cargo
3. Refleja una forma de gobierno eminentemente asambleariaRespuesta incorrecta El Asamblearismo presupone que todos los órganos del Estado sean delegados de la Asamblea de ciudadanos o de representantes elegidos por los ciudadanos y ejerzan los poderes de ésta por delegación de la misma, de forma dependiente y sometida a instrucciones y a revocación
4. Es semejante a la monarquía parlamentaria que se establece en el art. 1.3 CE para el Estado EspañolRespuesta incorrecta La forma de gobierno del art. 1.3 CE es el parlamentarismo, lo que implica la existencia de un gobierno autónomo en el ejercicio de sus funciones pero RESPONSABLE POLíTICAMENTE ante el Parlamento elegido por sufragio universal que es el que le inviste de confianza y se la retira poniendo fin a su cargo

17.-La consulta popular prevista en la reforma del Estatuto de Autonomía

1. Es un plebiscitoRespuesta incorrecta La decisión a adoptar por el cuerpo electoral tiene por objeto una norma jurídica y no sólo una cuestión política, lo que excluye que sea un plebiscito
2. Es un referéndumRespuesta correcta ¡Correcta! La decisión a adoptar por el cuerpo electoral tiene por objeto una norma jurídica integrándose en el proceso de elaboración de la misma, por lo que se trata de un referéndum
3. Es un mecanismo de democracia representativaRespuesta incorrecta Es un mecanismo de DEMOCRACIA DIRECTA, pues los ciudadanos adoptan EN CUERPO ELECTORAL una decisión sobre la aprobación del texto de una norma jurídica
4. Es contrario a la CE de 1978, pues ésta no contempla mecanismos de democracia directaRespuesta incorrecta La CE contempla mecanismos de democracia directa a nivel nacional como el referéndum (arts. 167 y 168 CE) o el plebiscito (art. 92 CE), pero también expresamente en el ámbito autonómico para la reforma de los Estatutos de autonomía de primer grado (art. 152.2 CE)

18.-Conforme a la CE de 1978,

1. Es posible impugnar ante el Tribunal Constitucional la reforma del Estatuto por tener un contenido contrario a la ConstituciónRespuesta correcta ¡Correcta! Los Estatutos de Autonomía en tanto leyes orgánicas están sometidos a la CE (art. 9.1 CE) y pueden ser controlados por el Tribunal Constitucional (art. 161.1 a) y art. 163 CE)
2. las Cortes Generales no pueden rechazar la aprobación de la reforma, puesto que el Estatuto de Autonomía es una norma pactada entre el Estado y las Comunidades AutónomasRespuesta incorrecta El Estatuto es una ley orgánica (arts. 81 y 147.3 CE) y por tanto lo aprueban las Cortes Generales como cualquier otra ley orgánica sometidas al respeto de las exigencias Constitucionales. No es ninguna norma pactada.
3. las Cortes Generales pueden tramitar libremente la reforma del Estatuto, como cualquier otra ley orgánica, e introducir en ella cualesquiera cambios o modificaciones al texto remitido por la Comunidad AutónomaRespuesta incorrecta El Estatuto es una ley orgánica (arts. 81 y 147.3 CE) y por tanto lo aprueban las Cortes Generales como cualquier otra ley orgánica sometidas al respeto de las exigencias Constitucionales (art. 9.1 CE).
4. las Cortes Generales están obligadas a aprobar como Ley orgánica la reforma del Estatuto, pues ésta ya ha sido aprobada por los representantes democráticos de la Comunidad AutónomaRespuesta incorrecta El Estatuto es una ley orgánica (arts. 81 y 147.3 CE) y por tanto lo aprueban las Cortes Generales como cualquier otra ley orgánica sometidas al respeto de las exigencias Constitucionales, pudiendo introducir modificaciones que no supongan el desconocimiento de la exigencia constitucional (art. 2 CE) de que la autonomía de la C.A. sea una autonomía política.

19.-Conforme a la CE de 1978 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la pretensión de la Comunidad Autónoma de participar directamente en la creación del derecho comunitario y de ser la única responsable de su ejecución

1. Es constitucionalmente correcta pues es materia de competencia exclusiva de la Comunidad AutónomaRespuesta incorrecta No existe en esta materia ninguna competencia exclusiva de las CC.AA. Al contrario, conforme al art. 149.1.3ª CE las relaciones internacionales (dentro de las que están las que España tenga en la UE) son competencia exclusiva del Estado y, además, conforme al art. 93.2 CE el Estado es el único rsponsable frente a las organizaciones supranacionales del cumplimiento (ejecución del derecho comunitario) de las obligaciones derivadas de la pertenencia a ellas.
2. Es constitucionalmente incorrecta pues toda la ejecución del derecho comunitario es competencia exclusiva del EstadoRespuesta incorrecta Conforme al art. 93.2 CE el Estado es el único rsponsable frente a las organizaciones supranacionales del cumplimiento (ejecución del derecho comunitario) de las obligaciones derivadas de la pertenencia a ellas, la incorporación a la UE no conlleva la alteración del reparto interno (nacional) de competencias entre el Estado y las CC.AA. por lo que tendrá que ocuparse de ejecutar el derecho comunitario el ente (Estado o CC.AA.) que por la materia sea competente, pudiendo el Estado, en todo caso establecer mecanismos para garantizar que si lo hacen las CC.AA. lo hagan correctamente para no incurrir en responsabilida de cara a la UE
3. Es constitucionalmente correcta, pues la Comunidad Autónoma puede participar por cuenta propia tanto en elaboración como en la ejecución del derecho comunitarioRespuesta incorrecta Conforme al art. 149.1.3ª CE las relaciones internacionales (dentro de las que están las que España tenga en la UE) son competencia exclusiva del Estado y, además, conforme al art. 93.2 CE el Estado es el único responsable frente a las organizaciones supranacionales del cumplimiento (ejecución del derecho comunitario) de las obligaciones derivadas de la pertenencia a ellas.
4. Es constitucionalmente incorrecta porque la Comunidad Autónoma sólo puede ejecutar el derecho comunitario en materias de su competencia, pero no puede participar directamente en su creaciónRespuesta correcta Conforme al art. 149.1.3ª CE las relaciones internacionales (dentro de las que están las que España tenga en la UE) son competencia exclusiva del Estado y, además, conforme al art. 93.2 CE el Estado es el único responsable frente a las organizaciones supranacionales del cumplimiento (ejecución del derecho comunitario) de las obligaciones derivadas de la pertenencia a ellas.

20.-El procedimiento de reforma previsto en el nuevo texto del Estatuto de Autonomía

1. Desconoce su naturaleza de Ley Orgánica subordinada a la CE de 1978Respuesta correcta ¡Correcta! Contradice lo dispuesto en los arts. 81, 147.3 y 152.2 CE
2. Es conforme con el rango constitucional que la CE atribuye a los Estatutos de AutonomíaRespuesta incorrecta Conforme a los arts. 81, 147.3 y 152.2 CE los Estatutos son leyes orgánicas, no normas constitucionales, aunque su contenido sea materialmente constitucional. Integran el llamado "bloque constitucional" pero su rango es de leyes orgánicas
3. Es expresión de la soberanía de los pueblos de España que reconoce el art. 2 CERespuesta incorrecta El art. 1.2 CE atribuye la soberanía nacional (por tanto úNICA) al pueblo Español y el art. 2 CE sólo reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones dentro de la unidad de la nación española, no la soberanía de ningún conjunto de pueblos españoles
4. Es conforme con la forma de Estado federal de EspañaRespuesta incorrecta La forma de Estado territorial en España es el Estado autonómico, no el Estado federal

Con la finalidad de mejorar el acceso a la vivienda, la Consejería de Vivienda y Asuntos sociales del Principado de Asturias resuelve una convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas, concediendo, conforme a los criterios previstos en la convocatoria, 100 de las 200 solicitudes que reunían los requisitos legales. Además concede otras 5 solicitudes aplicando como criterio prioritario que se trata de familias numerosas y la Constitución obliga a los poderes públicos a proteger a la familia, a pesar de que la convocatoria no lo contemplaba.

21.-Conforme a la CE de 1978, los actos administrativos de la Consejería de Vivienda

1. están sometidos positivamente a la ley y a los fines que la justificanRespuesta correcta ¡Correcta! Así se desprende de los arts. 103.1 y 106 CE
2. están sometidos negativamente a la ley, bastando con no contrariarlaRespuesta incorrecta La vinculación negativa es de los particulares, no del la administración, tal y como se desprende del art. 103.1 CE
3. se encuentran sometidos únicamente a la Constitución en aquellos ámbitos no sujetos a reserva de leyRespuesta incorrecta Su vinculación positiva a la ley y al derecho (art. 103.1 CE) así como su sometimiento general a la CE y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE) hacen que no pueda estar sometida sólo a la Constitución en ningún ámbito
4. se rigen por el principio de distribución de materias respecto a la leyRespuesta incorrecta Los actos de la administración están subordinados jerárquicamente a la Ley (parlamemtaria) y al derecho (resto del Ordenamiento Jurídico) y no tienen una materia reservada ni competencialmente atribuida

22.-La Constitución Española

1. sólo es norma jurídica suprema si contiene un catálogo de derechos fundamentalesRespuesta incorrecta La supremacía de la Constitución que establece el art. 9.1 CE afecta atodas sus normas sin distinción, contengan o no derechos fundamentales.
2. sólo es norma jurídica suprema si garantiza la división de poderesRespuesta incorrecta La supremacía de la Constitución que establece el art. 9.1 CE afecta atodas sus normas sin distinción, garantice o no la división de poderes.
3. es norma jurídica suprema con independencia de su concreto contenidoRespuesta correcta ¡Correcta! La supremacía de la Constitución que establece el art. 9.1 CE afecta atodas sus normas sin distinción, tengan un contenido orgánico o dogmático.
4. solo es norma jurídica suprema si garantiza un determinado nivel de prestaciones socialesRespuesta incorrecta La supremacía de la Constitución que establece el art. 9.1 CE afecta atodas sus normas sin distinción, y con independencia de los derechos sociales (derechos prestacionales) que haya podido establecer.

23.-La posibilidad para los solicitantes excluidos de recurrir judicialmente la concesión indebida de las ayudas a las 5 familias numerosas

1. es una exigencia del principio de Estado de DerechoRespuesta correcta ¡Correcta! Es un modo de a través del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) permitir que los tribunales controlen la actividad de la administración (art. 106 CE)
2. es una consecuencia del principio de Estado socialRespuesta incorrecta El control jurisdiccional de los actos de la administración (art. 106 CE) es una garantía de su sometimiento a la ley y al derecho (art. 103 CE) contenido del Estado derecho, no del Estado social pues no conlleva ninguna intervención del Estado en la sociedad.
3. es una exigencia del principio de Estado democráticoRespuesta incorrecta El control jurisdiccional de los actos de la administración (art. 106 CE) es una garantía de su sometimiento a la ley y al derecho (art. 103 CE) contenido del Estado derecho, no del Estado democrático, pues no conlleva la participación política de los ciudadanos en la formación de la voluntad del Estado.
4. no cabe, porque las decisiones de la administración autonómica, una vez firmes, son irrecurriblesRespuesta incorrecta Toda la actividad de la administración (estatal, autonómica, municipal, etc...) está sometida a la ley y al derecho (art. 103.1 CE) y es controlable por los tribunales (art. 106 CE)

24.-El principio rector de la política social y económica, de garantizar el acceso a la vivienda (art. 47 CE)

1. conlleva la inconstitucionalidad de las normas que se les oponganRespuesta correcta ¡Correcta! Al tratarse de una norma constitucional posee eficacia directa, como todas, y, aunque no sea invocable directamente ante los tribunales por los particulares sino en los términos que establezcan las leyes que las desarrollen (art. 53.3 CE) puede ser utilizada por el Tribunal Constitucional o por un Tribunal ordinario para declarar la inconstitucionalidad de las normas (legales, reglamentarias o ejecutivas) que se opongan a su contenido
2. sólo obligan al poder ejecutivo pero no al legislativoRespuesta incorrecta Al tratarse de una norma constitucional posee eficacia directa, como todas, y, aunque no sea invocable directamente ante los tribunales por los particulares sino en los términos que establezcan las leyes que las desarrollen (art. 53.3 CE) puede ser utilizada por el Tribunal Constitucional o por un Tribunal ordinario para declarar la inconstitucionalidad de las normas (legales, reglamentarias o ejecutivas) que se opongan a su contenido
3. dirigen la acción del legislador, marcándole el único camino constitucionalmente correcto que debe seguirRespuesta incorrecta Los principios rectores de la política social y económica no son invocables directamente ante los tribunales por los particulares sino en los términos que establezcan las leyes que los desarrollen (art. 53.3 CE) que pueden seleccionar los distintos caminos (medios y grados de realización) de los fines que las mismas establecen, sin que haya un único medio o un único grado constitucionalmente lícito de consecución del fin, dado que esto atenta con el carácter democrático de nuestra Constitución que hace de ella un MARCO ABIERTO DE OPCIONES POLíTICAS DIVERSAS
4. son normas programáticas que vinculan sólo moralmente a todos los poderes públicosRespuesta incorrecta Al tratarse de una norma constitucional posee eficacia directa, como todas, y, aunque no sea invocable directamente ante los tribunales por los particulares sino en los términos que establezcan las leyes que las desarrollen (art. 53.3 CE) puede ser utilizada por el Tribunal Constitucional o por un Tribunal ordinario para declarar la inconstitucionalidad de las normas (legales, reglamentarias o ejecutivas) que se opongan a su contenido. No son normas programáticas sin obligatoriedad jurídica.

25.-El concreto grado de intervención del Estado para proteger a la familia

1. es una decisión que adopta, en cada momento, la opción política mayoritaria, a través de los órganos constitucionalmente previstos y de conformidad con el principio de legalidadRespuesta correcta ¡Correcta! En desarrollo de los principios  rectores de la política social y económica(art. 53.3 CE), la opción política dominante en los poderes públicos  en cada momento puede, dentro del respeto a la Constitución y al principio de legalidad, seleccionar los distintos caminos (medios y grados de realización) para alcanzar los fines que los mismos establecen, sin que haya un único medio o un único grado constitucionalmente lícito de consecución del fin, dado que esto atenta con el carácter democrático de nuestra Constitución que hace de ella un MARCO ABIERTO DE OPCIONES POLíTICAS DIVERSAS
2. viene predeterminado por el programa constitucional, que el legislador sólo puede ejecutarRespuesta incorrecta En desarrollo de los principios  rectores de la política social y económica(art. 53.3 CE), la opción política dominante en los poderes públicos  en cada momento puede, dentro del respeto a la Constitución y al principio de legalidad, seleccionar los distintos caminos (medios y grados de realización) para alcanzar los fines que los mismos establecen, sin que haya un único medio o un único grado constitucionalmente lícito de consecución del fin, dado que esto atenta con el carácter democrático de nuestra Constitución que hace de ella un MARCO ABIERTO DE OPCIONES POLíTICAS DIVERSAS
3. es controlable por el Tribunal Constitucional, a la luz de la consecución o no del mandato constitucional de lograr una "sociedad más justa" expresado en el PreámbuloRespuesta incorrecta En desarrollo de los principios  rectores de la política social y económica(art. 53.3 CE), la opción política dominante en los poderes públicos  en cada momento puede, dentro del respeto a la Constitución y al principio de legalidad, seleccionar los distintos caminos (medios y grados de realización) para alcanzar los fines que los mismos establecen, sin que haya un único medio o un único grado constitucionalmente lícito de consecución del fin, controlable por el Tribunal Constitucional, dado que esto atenta con el carácter democrático de nuestra Constitución que hace de ella un MARCO ABIERTO DE OPCIONES POLíTICAS DIVERSAS y convertiría al Tribunal Constitucional en un actor político sin tener la legitimidad necesaria para ello.
4. lo determina preferentemente la Administración Pública al margen de la Ley, dado que es el poder del Estado más próximo al ciudadanoRespuesta incorrecta En desarrollo de los principios  rectores de la política social y económica(art. 53.3 CE), la opción política dominante en los poderes públicos  en cada momento puede, dentro del respeto a la Constitución y al principio de legalidad, seleccionar los distintos caminos (medios y grados de realización) para alcanzar los fines que los mismos establecen.

Celebradas las últimas elecciones a las Cortes Generales, ningún partido político ha obtenido mayoría absoluta ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. El Rey propone como candidato a Presidente del Gobierno al candidato del partido político con más escaños en el Congreso de los Diputados, y éste después de ser investido por mayoría simple de dicha Cámara en segunda votación forma su Gobierno, incluyendo en él a diez ministros y a un Secretario de Estado. Tres años después, dada la importancia de la política antiterrorista que el Gobierno quiere llevar adelante, y a la que el principal partido de la oposición es contrario, el Presidente del Gobierno presenta una cuestión de confianza. La cuestión de confianza la apoyan los 163 diputados del grupo político al que pertenece el Gobierno, la rechazan los 148 del principal partido de la oposición, mientras que se abstienen los 39 diputados de los grupos restantes. Por su parte el principal partido de la oposición planea presentar una moción de censura contra el Gobierno.

26.-En las elecciones a las Cortes Generales mencionadas, el cuerpo electoral

1. Tuvo que ser único, pues existe una única circunscripción que es el territorio nacionalRespuesta incorrecta La circunscripción a las elecciones al congreso (art. 68.1 CE) y al Senado (art. 69.2 CE) es la provincia, es decir, es el cuerpo electoral de cada provincia el que elige a un número de diputados o de senadors aplicando la fórmula electoral, por lo que el cuerpo electoral es múltiple de ámbito provincial
2. Ejerció funciones legislativas al votar a los miembros del ParlamentoRespuesta incorrecta El cuerpo electoral no vota (votan los electores, sino que elige y al hacerlo ejerce la función de orientación política o de gobierno al determinar las opciones políticas que van a tener representación parlamentaria, no la función legislativa
3. Tuvo que ser múltiple, pues cada circunscripción provincial constituye un cuerpo electoralRespuesta correcta ¡Correcta!La circunscripción a las elecciones al congreso (art. 68.1 CE) y al Senado (art. 69.2 CE) es la provincia, es decir, es el cuerpo electoral de cada provincia el que elige a un número de diputados o de senadors aplicando la fórmula electoral, por lo que el cuerpo electoral es múltiple de ámbito provincial
4. eligió al Presidente del Gobierno, que es el que debe proponer el Rey para su investiduraRespuesta incorrecta El cuerpo electoral elige a los diputados y a loos senadores, pero no elige al presidente del gobierno. éste es investido de confianza parlamentaria con el voto favorable de los diputados y la CE ni siquiera exige que sea diputado electo.

27.-Conforme a la CE de 1978, en las elecciones a Cortes Generales celebradas

1. La fórmula electoral ha tenido que ser mayoritaria para el Congreso de los DiputadosRespuesta incorrecta Conforme al art. 68. 3 CE la fórmula debe ser proporcional, y así lo desarrolla la LOREG (art. 163 LOREG) al contemplar la fórmula D'hont
2. Las candidaturas al Senado han tenido que ser individualesRespuesta correcta ¡Correcta! Así se desprende del art. 171 LOREG
3. La fórmula electoral ha tenido que ser proporcional para el SenadoRespuesta incorrecta Conforme al art. 166.1 b) LOREG la fórmula electoral para las elecciones al senado es la mayoritaria
4. Todas las circunscripciones provinciales han elegido el mismo número de diputados y de senadoresRespuesta incorrecta Conforme a los arts. 68.2 y 69.2 CE eligen al mismo número de senadores pero no al mismo número de diputados, que se eligen en parte en proporción a la población de la provincia

28.-El Senado en la CE de 1978

1. Representa a las Comunidades AutónomasRespuesta incorrecta El que sea considerada la cámara de representación territorial no quiere decir que represente a las CC.AA. Conforme al art. 66 CE representa junto con el Congreso al pueblo español
2. Representa,  junto con el Congreso de los Diputados, al pueblo españolRespuesta correcta ¡Correcta! El art. 66 CE establece el vínculo de las dos cámaras de las cortes generales con el pueblo español
3. Debió participar, con su voto favorable, en la investidura del presidente del GobiernoRespuesta incorrecta Conforme al art. 99 CE, el Senado no participa en la investidura del Presidente del Gobierno, pues sólo lo hace el Congreso de los Diputados
4. Participa en el control ordinario del Gobierno a través de la moción de censuraRespuesta incorrecta Aunque el Senado sí participa en el control ordinario del Gobierno, dicho control no se manifiesta en la moción de censura que es un mecanismo EXTRAORDINARIO de control que compete exclusivamente a quien ha investido de confianza política al Presidente del Gobierno, es decir, al Congreso de los Diputados (art. 113 CE)

29.-Las Cortes Generales

1. únicamente tienen atribuido el ejercicio de la función legislativaRespuesta incorrecta El art. 66.2 CE atribuye a las cortes la función legislativa, la presupuestaria, la de control del Gobierno y las demás funciones que les atribuya la Constitución
2. ejercen la función jurisdiccional, cuando formulan la acusación contra el Presidente del Gobierno o alguno de los miembros de éste por el delito de traición en el cumplimiento de sus funcionesRespuesta incorrecta La CE no ha atribuido a las Cortes Generales ninguna función jurisdiccional, por más que les permita COLABORAR con el impulso de la misma mediante el ejercicio de la acusación a los miembros del gobierno (art. 102 CE) o la concesión de suplicatorios (art. 71 CE)
3. Pueden establecer en sus Reglamentos condiciones para el acceso a la condición plena de parlamentarioRespuesta correcta ¡Correcta! Dado que el acceso a los cargos representativos es un derecho de configuración legal, al que se accede con los requisitos que establezcan las leyes (art. 23.2 CE), y el art. 72 CE ha previsto que las cámaras regulen su autoorganziación mediante la autonomía reglamentaria, en los Reglamentos pueden establecer y de hecho han establecido requisitos adicionales a la elección para adquirir la condición plena de diputado o senador
4. Otorgan y retiran conjuntamente la confianza política al Presidente del GobiernoRespuesta incorrecta Conforme a los arts. 99, 112 y 113 CE sólo el Congreso de los Diputados otorga y retira la confianza al Gobierno

30.-Un requisito básico para poder hablar de monarquía parlamentaria ha sido históricamente

1. el distinguir y separar, en el seno del ejecutivo, entre la Jefatura del Estado y el GobiernoRespuesta correcta ¡Correcta! Precisamente la Jefatura del Estado como cargo símbolico de la unidad y permanencia del Estado permanece en el Monarca y la Jefatura del Gobierno pasa a un Primer Ministro (Presidente del Gobierno) responsable políticamente ante el parlamento
2. la posibilidad de que el Rey presida las sesiones del Consejo de Ministros y pueda cesarlosRespuesta incorrecta Esa posibilidad está prevista en el art. 62 g) CE a los solos efectos de ser informado de los asuntos de Estado y a petición del Presidente del Gobierno
3. la elección por sufragio universal directo del Presidente del GobiernoRespuesta incorrecta Es característica del régimen presidencialista
4. la coincidencia de la Jefatura del Estado y del Gobierno en un Monarca, responsable políticamente ante el ParlamentoRespuesta incorrecta La coincidencia de la Jefatura del Estado y del Gobierno en un Monarca es característica de la Monaquía absoluta, con la diferencia de que el Monarca, en tanto soberano, no responde políticamente ante el Parlamento

31.-La investidura del Presidente del Gobierno

1. Ha sido incorrecta, porque sólo se le puede investir con mayoría absolutaRespuesta incorrecta El art. 99 CE exige mayoría absoluta del congreso de los diputados SóLO PARA LA PRIMERA VOTACIóN, pudiendo ser investido presidente el candidato propusto si en la segunda votación (48 horas después) obtiene la mayoría simple
2. Ha sido incorrecta, porque sólo se le puede investir con mayoría simple si le apoyan el Congreso y el SenadoRespuesta incorrecta Conforme al art. 99 CE la votación de investidura de confianza sólo tiene lugar EN EL CONGRESO
3. Ha sido correcta siempre que la segunda votación se haya producido 48 horas después de que fracasase en obtener la mayoría absoluta del Congreso en la primeraRespuesta correcta ¡Correcta! Así se desprende del art. 99 CE
4. Ha sido incorrecta, porque el Rey debería haber propuesto un nuevo candidato una vez que el candidato no ha alcanzado la mayoría absoluta, y así tantas veces como fuese necesarioRespuesta incorrecta El art. 99 CE exige mayoría absoluta del congreso de los diputados SóLO PARA LA PRIMERA VOTACIóN, pudiendo ser investido presidente el candidato propusto si en la segunda votación (48 horas después) obtiene la mayoría simple, sin necesidad de proponer un nuevo candidato en caso de que no se alcance la mayoría absoluta en la primera votación

32.-Señale la respuesta CORRECTA

1. Corresponde al Poder Judicial, según la CE, el ejercicio de la función jurisdiccionalRespuesta incorrecta El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde (art. 117.1 CE)a jueces y magistrados integrantes de poder judicial no al poder judicial
2. La independencia judicial consiste en la ausencia de relación fáctica e interés personal del tribunal ordinario respecto del asunto que conoceRespuesta incorrecta Eso es la imparcialidad o independencia fáctica que trata de ser garantizada por la LOPJ pero no directamente por la Constitución
3. La independencia judicial garantiza a los magistrados integrantes del tribunal ordinario que no podrán recibir órdenes o instrucciones en el ejercicio de su función jurisdiccionalRespuesta correcta ¡Correcta! Esta es la independencia jurídica que garantiza el art. 117.1 CE al describir las características que tienen que tener quienes ejerzan la jurisdicción
4. Los jueces integrantes del tribunal ordinario competente no puede ser objeto de sanción disciplinaria por su inactividad, pues ello atentaría a su independencia.Respuesta incorrecta La independencia no es óbice para que los jueces sean responsable (art. 117.1 CE) y respondan, disciplinariamente, en su caso por su desvinculación de la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), lo que puede ocurrir cuando incumplen sus obligaciones de actividad que les impone la LOPJ al regular la función jurisdiccional

33.-La moción de censura que planea la oposición

1. Supone, si triunfa, el cese del Gobierno y la apertura del procedimiento de investidura previsto en el Art.99 CERespuesta incorrecta Conforme a los arts. 113.2 y 114.2 CE, la moción de censura en nuestro ordenamiento es constructiva, porlo que si triunfa el candidato alternativo propuesto necesariamente en ella se entiende investido de la confianza del Congreso a los efectos de lo previsto en el art. 99 CE sin necesidad de poner en marcha el procedimiento allí regulado
2. Supone, si fracasa,  que sus signatarios no podrán presentar otra en el mismo periodo de sesionesRespuesta correcta ¡Correcto! así lo establece el art. 113.4 CE
3. Se puede promover siempre que la respalden 1/10 de diputados o 1/10 de senadoresRespuesta incorrecta Conforme al art. 113.2 CE sólo pueden pedir una moción de censura 1/10 de los DIPUTADOS, lo cual es congruente con que sólo el Congreso se pronuncie sobre la posible pérdida de confianza del Presidente del Gobierno y su otorgamiento al candidato alternativo propuesto en la moción de censura
4. Prosperará si la apoya la mayoría simple del CongresoRespuesta incorrecta El art.l13.1 CE requiere mayoría absoluta del Congreso

34.-La cuestión de confianza

1. No ha triunfado porque son necesarios más votos a favor que votos en contra y abstenciones conjuntamenteRespuesta incorrecta La mayoría simple que requiere el art. 112 CE equivale a más votos a favor que en contra SIN TENER EN CUENTA LAS ABSTENCIONES
2. Solo la podría haber planteado el Presidente del Gobierno para solicitar al Congreso su apoyo a una actuación concreta de uno de sus Ministros, que de no obtenerlo debe dimitirRespuesta incorrecta El art. 112 CE permite que el Prsesidente plantee la cuestión de confianza sobre SU PROGRAMA O UNA DECLARACIóN DE POLíTICA GENERAL, y en ningún caso conlleva el cese de ningún ministro del Gobiernpo su reprobación por el Congreso porque su nombramiento depende no de la confianza de la cámara sino de la confianza y propuesta del Presidente del Gobierno
3. No ha triunfado porque es necesaria la mayoría absoluta del Congreso de los DiputadosRespuesta incorrecta El art. 112 CE requiere mayoría simple, no mayoría absoluta
4. Ha triunfado porque ha sido aprobada por la mayoría simple de los DiputadosRespuesta correcta ¡Correcta! Así lo stablece el art. 112 CE

35.-El  Rey

1. Ha de proponer para Presidente del Gobierno al candidato del partido con más escañosRespuesta incorrecta No es necesariamente así. El art. 99 CE le permite proponer a un candidato y la interpretación constitucionalmente adecuada a la posición simbólica de la Corona de esta competencia la orienta hacia la función de impulso constitucional del proceso de investidura, por lo que tendrá que proponer alcandidato que, tas las consultas con los grupos representados en el parlamento, crea que va a obtener el apoyo del Congreso, sea el que pertene al partido con más escaños o no
2. Puede negarse a proponer candidato a la Presidencia del Gobierno, si ninguno le parece adecuadoRespuesta incorrecta La interpretación constitucionalmente adecuada a la posición simbólica de la Corona de la competencia que le atribuye el art. 99 CE y el uso de la expresión imperativa "propondrá" obligan a entender que no se puede negar
3. Ha de proponer para Presidente del Gobierno al candidato que, consultados los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, crea que va a obtener la investiduraRespuesta correcta ¡Correcta!El art. 99 CE le permite proponer a un candidato y la interpretación constitucionalmente adecuada a la posición simbólica de la Corona de esta competencia la orienta hacia la función de impulso constitucional del proceso de investidura, por lo que tendrá que proponer alcandidato que, tas las consultas con los grupos representados en el parlamento, crea que va a obtener el apoyo del Congreso
4. como mando supremo de las Fuerzas Armadas, podría negarse a que éstas realizaran alguna actividad antiterrorista prevista por el Ministerio de DefensaRespuesta incorrecta El art. 97 CE atribuye al Gobierno la dirección de la administración militar, lo que incluye la jefatura por parte del Ministro de Defensa del mando y la dirección de las Fuerzas Armadas, reduciendo dicho mando del Monarca a una función simbólica y unificante o de desbloqueo (función de reserva) del sistema político para el caso en que el Gobierno no pueda ejercer dicha función,en cuyo caso ese mando estaría orientado necesariamente a que el Gobierno pueda volver a hacerlo.

Durante la legislatura, un colectivo de ciudadanos “sin techo” presenta ante el Ministerio de la Vivienda una petición reclamando la efectividad del derecho a una vivienda digna del art. 47 CE. En el curso de una sesión de la Comisión parlamentaria del Senado, en la que se trata de dicho asunto, un senador designado por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias llama hipócrita a la Ministra de la Vivienda por negarse a desarrollar reglamentariamente medidas destinadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda de miles de ciudadanos y, al mismo tiempo, residir en una vivienda de 300 metros cuadrados. Pasados unos meses, tras la respuesta negativa de ambos órganos del Estado, basada en la inexistencia de una norma que les garantice dicho derecho, los “sin techo” deciden acudir a los tribunales ordinarios reclamando la efectividad del derecho a la vivienda. Después de varios  meses sin obtener ninguna comunicación del tribunal competente, deciden interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Entre tanto, el Consejo General del Poder Judicial ordena una inspección ante la reiterada inactividad jurisdiccional del tribunal ordinario competente

36.-Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Gobierno?

1. Aprobar la Ley de Presupuestos Generales del EstadoRespuesta correcta ¡Correcta! Conforme a los arts. 66 y 134.1 CE la aprobación de la ley de presupuestos corresponde  a las Cortes Generales
2. Dirigir la política interior en materia de viviendaRespuesta incorrecta Conforme al art. 97 CE la dirección de TODA (no se hacen distinciones) la política interior, incluida, pues, la política de vivienda, corresponde al Gobierno
3. Dictar un Decreto-Ley en materia de acceso a la vivienda si considera que hay una situación de extraordinaria y urgente necesidadRespuesta incorrecta Conforme al art. 86 CE el Gobierno puede dictar Decretios-Leyes dentro del marco y con los requisitos previstos en la Constitución,lo que en situaciones de extraordinaria urgencia y necesidad justificadas puede incluir Decretos-Leyees en materia de acceso a la vivienda
4. Desarrollar reglamentariamente el derecho a la viviendaRespuesta incorrecta Conforme al art. 97 CE corresponde al Gobierno al postestad reglamentaria, que abarcaría con sujeción a la ley (art. 106 CE) todas las materias salvo lassometidas a reserva de ley ordinaria u orgánica, en relación con las cualessólo puede concretar lo previamente regulado por la ley para satisfacer la reserva

37.-El mandato genérico del art. 9.2 CE y su concreción en los principios rectores de la política social y económica (Capítulo 3º, Título I CE)

1. Obligan a los tribunales ordinarios a reconocer a los recurrentes el derecho a una vivienda digna y ordenar las ayudas económicas necesarias para hacerlo efectivo, aún sin desarrollo legislativoRespuesta incorrecta El art. 53.3 CE dice justo lo contrario
2. no son verdaderas normas jurídicas, pues no obligan a nada a los poderes públicosRespuesta incorrecta En tanto normas constituicionales vinculan a los poders públicos y a los ciudadanos (art. 9.1 CE) aunque no sean invocables directamente por los ciudadanos ante los tribunales. Poseen eficacisa derogatoria, eficacia interpretativa y eficacia directa, en la medida en que pueden servir para declarar inconstitucionales las normas que se opongan a lo dispuesto en ellas
3. son normas jurídicas de rango inferior a las restantes normas constitucionales, pues no pueden ser alegadas directamente por los ciudadanos ante los tribunales ordinariosRespuesta incorrecta Todas las normas constitucionales tienen el mismo rango y valor supremo, aunque su neficacia directa se plasme de manera diferente y con distintos efectos.
4. podrán ser invocados ante los tribunales ordinarios sólo en los términos que los desarrollen la legislación sobre viviendaRespuesta correcta ¡Correcta! Así lo establece el art. 53.3 CE

38.-El senador que insulta a la Ministra en el curso de una sesión parlamentaria

1. No puede ser demandado, pues goza de inmunidadRespuesta incorrecta La inmunidad no protege frente a las demandas civiles (art. 71 CE) sino sólo penalmente frente a la detención salvo en caso de flagrante delitoy al procesamiento o inculpación, porque son los actos que pueden conducir a la privación nde libertad del senador y a la alteración de la composición natrual de la cámara
2. Puede ser demandado cuando finalice su mandato, pues entonces ya no se encontrará en el ejercicio de sus funcionesRespuesta incorrecta Dado que las opiniones las expresó en el ejercicio de sus funciones goza de inviolabilidad (art. 71 CE), lo que impide que le puedan hacer responsable (incluso civilmente) por las mismas durante o después de su mandato.
3. No puede ser hecho responsable de ello ni aún después de haber cesado en su cargoRespuesta correcta ¡Correcta! así es, como consecuencia de que goza de inviolabilidad (art. 71 CE)
4. No puede ser procesado sin la previa autorización de la Cámara, pues goza de inviolabilidadRespuesta incorrecta Lanecesidad de autorización de la cámara para procesarlo (concesión del suplicatorio) es consecuencia de su INMUNIDAD no de su inviolabilidad (art. 71 CE)

39.-Dicho senador, que ha sido designado por el Principado de Asturias

1. Cesa en su cargo cuando se disuelva la Asamblea legislativa autonómica que le designóRespuesta correcta ¡Correcta! Así ha interpretado el Tribunal Constitucional la duración del mandato de los senadores designados por las CC.AA. conforme al art.69.5 CE
2. Cesa en su cargo sólo cuando se disuelva o concluya el mandato del resto de los senadores y se celebren elecciones generalesRespuesta incorrecta el Tribunal Constitucional ha interpretado la duración del mandato de los senadores designados por las CC.AA. conforme al art.69.5 CE coincidente con la duración de la legislatura de la Asamblea legislativa de la C.A. que lo designó y no con elmandato de los senadores elefgidos por las provincias, por lo que después de las elecciones el senador designado por la C.A. se entiende redesignado automáticamente y permanece en el cargo junto con los nuevos senadores electos, en lugar de cuatro años más, hasta que se disuelva la asamblea autonómica que lo designó.
3. Puede recibir instrucciones de la Asamblea Legislativa autonómica que le designó respecto de cómo debe cumplir sus funcionesRespuesta incorrecta Los senadoes, al ugual que los diputados gozan, conforme al rt. 67.2 CE de mandato represnetativo (prohibición de mandato imperativo) por lo que no pueden recibir instrucciones u órdenes de nadie.
4. Sólo podría ser enjuiciado penalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la que provengaRespuesta incorrecta TODOSlos senadores (al igual que los diputados), elegidos o designados, gozan del fuero jurisdiccional y sólo pueden ser enjuiciados penalmente por el Tribunal Supremo (art. 71 CE)

40.-La Comisión parlamentaria que trata sobre la petición de vivienda

1. Podría acordar la reprobación política de la Ministra y su cese como miembro del GobiernoRespuesta incorrecta La reprobación de un Ministro no conlleva su cese pues no hay relación de confianza política individual (el art. 108 CE habla de la responsabilidad solidaria del Gobierno) entre él y el Congreso o el Senado.
2. Está compuesta por los portavoces de cada grupo parlamentario en el SenadoRespuesta incorrecta No está compuesta de portavoces sino de miembros designados por los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica en la cámara (art. 40 Reglamento del Congreso)
3. Podría depurar las responsabilidades penales que se derivaran de los asuntos de su competenciaRespuesta incorrecta Las comisiones de investigación extraer conclusiones políticas, no jursidccionesles,y sus conclusiones no vinculan a los Tribunales (art. 76 CE) por lo que no puede depurar ninguna responsabilidad penal (que es de carácter jursidiccional)
4. Podría ejercer funciones legislativas por delegación del Pleno del SenadoRespuesta correcta ¡Correcta! Así lo prevé, con ciertos límites, el art. 75.2 CE

41.-El tribunal ordinario competente para conocer del asunto

1. Debe ser un tribunal del jurado, pues la justicia emana del puebloRespuesta incorrecta Aunque el poder jurisdiccional, como todo poder del Estado emane del pueblo (art. 1.2 CE) y la justicia que de su ejercicio resulte se administre en nombre del Rey (art. 117.1 CE), la participación directa de los ciudadanos en el ejercicio de la función jurisdiccional sólo se ha prescrito como obligatoria constitucional (art. 125 CE) y legalmente (Art. 1 de la Ley orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado) para el ámbito penal
2. Ha de estar compuesto de magistrados independientesRespuesta correcta ¡Correcta! Así lo establece el art. 117.2 CE
3. Debe abstenerse de actuar, porque enjuiciar la actividad de la Administración quebraría el principio de división de poderesRespuesta incorrecta Justo al contrario. La división de poderes, característica esencial del Estado de derecho requiere que los tRibunales enjuicen la legalidad de la potestad reglamentaria y de la actividad administrativa (arts. 103 y 106 CE)
4. Dado que está sometido exclusivamente al imperio de la ley puede, ante la ausencia de ésta, no resolverRespuesta incorrecta La ley a la que hace referencia el art. 117.1 CE es tanto la ley formal como la Constitución y las demás normas de nuestro sistema de fuentes (tratados internacionales, derecho comunitario,reglamentos, costumbres, etc...), por lo que dada la eficacia directa e interpretativa de la Constitución el juez siempre tiene la obligación de resolver

42.-Señale la respuesta correcta

1. El Presidente del Gobierno debe solicitar a las Cortes la confianza para los ministros de su GobiernoRespuesta incorrecta Conforme al art. 100 CE, el Presidente del Gobierno es libre para proponer al Rey el nombramiento de los demás miembros de su Gobierno (incluidos los ministros) sin necesidad de la confianza de ninguna de las Cámaras
2. El procedimiento de investidura del Art. 99 sólo puede ser utilizado tras la celebración de elecciones generalesRespuesta incorrecta El art. 99 CE ya prevé que se tenga que acudir al procdimiento que regula además de tras la celebración de elecciones en otros supuestos constitucionales, como por ejemplo la dimisión o el fallecimiento o la péridda de una cuestión de confianza
3. El Secretario de Estado es miembro del Gobierno porque el art. 98 CE así lo disponeRespuesta incorrecta Conforme al art. 98 CE y a la actaul redacción del art. 1.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, los secretarios de estado no forman parte del Gobierno
4. La inclusión del Secretario de Estado en el Gobierno es nula, dado que la Ley del Gobierno no lo prevéRespuesta correcta ¡Correcta! Conforme al art. 98 CE y a la actual redacción del art. 1.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, los secretarios de estado no forman parte del Gobierno

43.-La jurisdicción del Tribunal Constitucional es una excepción constitucionalmente admitida

1. Al principio de monopolio ad extra de la jurisdicciónRespuesta incorrecta El monopolio ad extra excluye que OTROS ESTADOS O LOS PARTICULARES puedan ejercer función jurisdiccional
2. Al principio de unidad jurisdiccionalRespuesta correcta ¡Correcta! El tribunal Constitucional, a pesar de ser un órgano jurisdiccional por las funciones que tiene atribuidas y el estatuto para-judicial de sus miembros, no está integrado en el poder judicial lo que quiebra el que todos los que ejerzan jurisdicción estén integrados en la misma organización , el poder judicial del Estado(unidad jurisdiccional)
3. Al principio de monopolio ad intra de la jurisdicciónRespuesta incorrecta El monopolio ad intra excluye que la ADMINISTRACIóN, EL GOBIERNO O EL PARLAMENTO ejerzan jurisdicción, en la medida que sus integrantes no están protegidos por la independencia y el sometimiento exclusivo al imperio de la ley
4. A la prohibición de Tribunales de ExcepciónRespuesta incorrecta La prohibición de tribunales de excepción es independiente de si estos tribunales pertenecen al poder judicial o son el Tribunal Constitucional, pues afecta a todos los órganos que ejerzan función jurisdiccional.

44.-El Consejo General del Poder Judicial

1. Es un órgano integrado en el Poder JudicialRespuesta incorrecta Es el órgano de gobierno del poder judicial, pero no está integrado en el poder judicial, pues de hecho sus miembros no ejercen jurisdicción mientras son vocales de dicho órgano ni tienen por qué ser jueces y magistrados todos ellos (art. 122.2 y 3 CE)
2. Carece de competencias de inspección de la actividad de los tribunales ordinarios, porque de ello se encarga el Ministerio de JusticiaRespuesta incorrecta Precisamente entre las funciones que les atribuyen el art. 122.3 CE y el art. 107 LOPJ están las de inspección de los juzgados y tribunales.
3. Apreciada la inactividad del tribunal competente, podría sustituirlo y resolver el recurso de los “sin techo”Respuesta incorrecta No puede sustituirlo, entre otras razones, porque el CGPJ carece de potestad jurisdiccional
4. Podría investigar la inactividad del tribunal, si ello pudiese conllevar un incumplimiento de sus funcionesRespuesta correcta ¡Correcta! Así lo establecen el art. 122.3 CE y el art. 107 LOPJ

45.-El Tribunal Constitucional

1. Es un órgano de naturaleza política, pues son el Gobierno, el Congreso y el Senado quienes proponen a 10 de sus 12 miembrosRespuesta incorrecta Aunque sea cierto que el Gobierno, el Congreso y el Senado, órganos de dirección política, proponen al Rey el nombramiento de 10 de 12 de sus miembros, el carácter de un órgano lo determinan sus funciones y el estatuto de sus miembros y unas y otras son de carácter jurisdiccional a tenor de los dispuesto en los arts. 161 a 164 CE y en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional
2. Al resolver el recurso de amparo debe tener en cuenta que la Constitución es una norma abiertaRespuesta correcta ¡Correcta! Aunque al resolver el recurso de amparo haga valer la supremacía de la CE, en particular de los derechos fundamentales susceptibles de amparo (art. 53.2 CE), no debe hacerlo partiendo de la premisa de que los poderes públicos (en especial el Gobierno) son meros ejecutores de un programa constitucional, sino que disponen de un margen de decisión política dentro del respeto a la constitución, porque ésta es un marco abierto de opciones políticas diversas.
3. Está compuesto de 12 miembros, que ocupan el cargo de forma vitaliciaRespuesta incorrecta Conforme al art. 159.3 CE el cargo de magistrado del TC dura nueve años y se renueva un tercio del TC cada tres años
4. Tiene una naturaleza judicial, pues todos sus miembros han de ser jueces de carreraRespuesta incorrecta No tiene naturaleza judicial, pues conforme al art. 159.2 CE los magistrados del TC deben ser nombrados entre Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional

Un colectivo de ciudadanos forma un partido político con el objetivo de concurrir a las próximas elecciones generales. Entre los fines del partido, declarados en sus estatutos, aparece impulsar mediante la iniciativa legislativa popular una modificación constitucional que suprima el art. 2 y el Título VIII CE y que contemple la asunción por el Estado de todas las competencias que actualmente tienen las Comunidades Autónomas. Al tratar de inscribir el partido en el registro, el encargado de éste se niega a inscribirlo por considerar que sus fines estatutarios son contrarios al principio autonómico. Del mismo modo, Mesa del Congreso de los Diputados inadmite a trámite la proposición de reforma constitucional presentada por la directiva del partido en el sentido antes indicado, con el argumento de que dicha materia no es susceptible de iniciativa popular. La directiva del partido presenta un recurso judicial en el que impugna la Resolución del registro y la Resolución de la Mesa del Congreso, alegando la vulneración de los arts. 22 y 6 CE, que reconocen el derecho de asociación y de creación de partidos políticos y del art. 1 que atribuye la soberanía nacional al pueblo español, al que no se le podría privar de su ejercicio mediante la iniciativa legislativa popular, y garantiza el pluralismo político, del que son expresión los partidos.

46.-Conforme a la CE de 1978,

1. la titularidad y ejercicio de todos los poderes corresponde a la NaciónRespuesta incorrecta Incorrecta. La CE señala en su art.1.2 que la soberanía nacional reside en el pueblo español, "del que emanan todos los poderes".
2. la titularidad de la soberanía corresponde a los distintos pueblos y naciones de España, incluido el Pueblo vascoRespuesta incorrecta Incorrecta. Según el art.1.2 de la CE, la soberanía nacional reside en el pueblo español; y según el art.2.1 de la CE, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española.
3. el Pueblo español tiene únicamente la titularidad de la soberaníaRespuesta incorrecta Incorrecto. Según el art.23.1 de la CE, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, de forma que también participan en el ejercicio de la soberanía.
4. los ciudadanos tienen derecho a participar en condiciones de de igualdad en el ejercicio de la soberanía del Pueblo español. Respuesta correcta igualdad en el ejercicio de la soberanía del Pueblo español. Correcta. Según el art.23.1 de la CE, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes; y el 23.2 el derecho a acceder en igualdad a las funciones y cargos públicos. Por lo demás, el art.14 CE señala la igualdad de los españoles ante la ley.

47.-La independencia del País Vasco propuesta por el partido

1. No es posible llevarla a cabo mediante una reforma constitucional, pues la unidad de España prevista en el art. 2 CE es inmodificableRespuesta incorrecta Incorrecta. El art.168 CE permite una reforma total de nuestra Constitución, por lo que no existen límites materiales a la reforma.
2. requeriría la ratificación en referéndum por el cuerpo electoral del País Vasco si lo solicitasen 1/10 de diputados o de senadoresRespuesta incorrecta Incorrecta. El referendum previsto para la reforma de la Constitución de 1978 debe realizarlo, en todo caso, el cuerpo electoral nacional.
3. sería posible siempre que se modifique la CE de 1978 por el procedimiento del artículo 168Respuesta correcta Correcta. El art.168 fija el procedimiento a seguir para reformar, entre otras materias, el Título Preliminar de la Constitución.
4. requeriría el voto previo favorable de la Asamblea Legislativa del País Vasco, ya que afecta a su Estatuto de AutonomíaRespuesta incorrecta Incorrecta. Se trata de una reforma de la CE, y en su aprobación participan las Cortes Generales y el cuerpo electoral nacional. Los Estatutos de Autonomía son, en todo caso, normas infraconstitucionales.

48.-La eficacia directa de las normas constitucionales

1. Permite a los ciudadanos manifestarse con independencia de que exista una ley de desarrollo del derecho de manifestaciónRespuesta correcta Correcta. La Constitución de 1978 es fuente de derecho en sí misma, y como su art.53 dispone, los derechos y libertades del Capítulo II "vinculan a todos los poderes públicos" pudiendo cualquier ciudadano recabar la tutela de tales derechos ante los tribunales, sin necesidad de una interpositio legislatoris previa.
2. Sólo la poseen las normas orgánico-procedimentalesRespuesta incorrecta Incorrecto. La distinción entre normas orgánico-procedimentales y normas de contenido (o dogmáticas) es puramente académica, sin que tenga relevancia jurídica alguna.
3. Sólo es tutelable por el Tribunal ConstitucionalRespuesta incorrecta Incorrecto. Todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y, en ese sentido, deben aplicarla. Así pues, los tribunales ordinarios controlan directamente la constitucionalidad de las normas infralegales.
4. Sólo las poseen la llamada parte dogmática de la CE de 1978Respuesta incorrecta Incorrecto. La distinción entre normas orgánico-procedimentales y normas de contenido (o dogmáticas) es puramente académica, sin que tenga relevancia jurídica alguna.

49.-La constitución de un partido político por los ciudadanos

1. puede ser limitada sólo por las causas previstas en el art. 22 CE en relación con las asociacionesRespuesta incorrecta Incorrecta. Aunque encuadrada en el derecho de asociación, la constitución de partidos políticos posee unos perfiles propios debido a la función que desempeñan. Por imperativo constitucional, además de respetar lo previsto en el art.22, deben ajustar su estructura interna y su funcionamiento al principio democrático (art. 6).
2. puede ser anulada únicamente por el Tribunal Constitucional que lo puede disolverRespuesta incorrecta Incorrecto. A diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos, en España son los tribunales ordinarios los competentes para declarar la disolución o la suspensión de un partido político, al margen de las correspondientes garantías ante la jurisdicción constitucional.
3. está sometida, entre otros límites, a una estructura interna y funcionamiento democráticosRespuesta correcta Correcta. El art.6 de la CE impone dicha obligación a los partidos políticos.
4. supone la creación de un nuevo órgano del Estado, dadas las funciones públicas de los partidosRespuesta incorrecta Incorrecta. A pesar de desempeñar funciones políticas esenciales para la democracia, los partidos políticos son asociaciones privadas y no órganos del Estado. Dentro de las Cortes Generales, las funciones las realizan los Grupos Parlamentarios, y no directamente los partidos políticos.

50.-El juez que resuelva el recurso del partido

1. No está vinculado por los valores superiores del ordenamiento del art. 1.1 CE mientras no posean un concreto desarrollo legalRespuesta incorrecta Incorrecta. El juez, como todo poder público, está vinculado por toda la CE, incluyendo el art.1.1, que deberá interpretar de la forma constitucionalmente correcta, a partir del desarrollo de dichos valores por la propia Constitución a lo largo de su articulado.
2. Debe interpretar las normas legales a la luz de los valores superiores del ordenamiento del art. 1.1 CERespuesta correcta Correcto. El juez está vinculado por la CE, incluyendo el art.1.1, debiendo interpretar la legislación de conformidad con la Constitución
3. Debe tener en cuenta los valores superiores del ordenamiento del art. 1.1 CE únicamente como directrices políticasRespuesta incorrecta Incorrecta. La Constitución no es un texto político sino una verdadera norma jurídica a la que están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos (art.9.1 CE).
4. Puede deducir concretos derechos fundamentales de los valores superiores del ordenamiento  reconocidos en el art. 1.1 CE, aunque no estén expresamente previstos en el texto constitucionalRespuesta incorrecta Incorrecta. Una interpretación constitucionalmente correcta de la CE no permite "deducir" derechos que no estén recogidos por la propia Constitución. El art.1.1 CE señala aquellos valores que son superiores dentro del ordenamiento, pero no superiores al propio ordenamiento (por tanto, no pueden usarse para deducir derechos que no hayan sido establecidos por la propia CE).

51.-La iniciativa legislativa popular propuesta

1. Afecta a una materia excluida de la iniciativa popularRespuesta correcta Correcto. La transferencia de competencias, prevista en el art.150.2 de la CE, debe ser aprobada por Ley Orgánica, y por tanto, es una de las materias excluídas de la iniciativa popular según el art.87.3 de la CE.
2. Es un mecanismo de participación indirecta en los asuntos públicosRespuesta incorrecta Incorrecto. La iniciativa popular es uno de los instrumentos de democracia directa previstos por nuestra Constitución.
3. Es el único mecanismo previsto en la CE de 1978 de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicosRespuesta incorrecta Incorrecto. La Ce prevé otros mecanismos de participación directa, como son el referendum o el Tribunal del Jurado, entre otros.
4. Obliga a las Cortes Generales a aprobar el texto legal propuestoRespuesta incorrecta Incorrecto. La iniciativa popular es, como su nombre indica, un instrumento que permite iniciar el proceso legislativo, pero no obliga a las Cortes a aprobar, transformando en ley, el contenido de la iniciativa.

52.-La posibilidad de controlar jurisdiccionalmente la Resolución de la Mesa del Congreso

1. Es una característica de un Estado democráticoRespuesta incorrecta Incorrecto. El control jurisdiccional de los actos del poder público es una exigencia vinculada al Estado de Derecho.
2. Conculca la división de poderes, pues permite al poder judicial entrometerse en la actividad del ParlamentoRespuesta incorrecta Incorrecto. El objetivo principal de la teoría de la división de poderes es evitar que las diversas funciones estatales sean ejercidas por un sólo órgano. Asimismo, la existencia de la CE como norma suprema implica que todos los poderes públicos, incluido el Parlamento, estén sujetos en su actividad a normas jurídicas.
3. Es una característica de un Estado socialRespuesta incorrecta Incorrecto. Como se indica en la respuesta a), es una exigencia derivada del Estado de Derecho, en tanto que del Estado social implica fundamentalmente la obligación de los poderes públicos de lograr que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
4. Es una característica del Estado de derecho que establece la CE de 1978Respuesta correcta Correcto. La Ce proclama en su art.9.1 la sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, garantizando el principio de legalidad y la prohibición de arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

53.-La autonomía que tiene garantizada constitucionalmente el País Vasco

1. Permite a la Comunidad Autónoma tomar decisiones políticas a través de normas con rango de leyRespuesta correcta Correcto. La autonomía reconocida por la CE a las Comunidades Autónomas es una autonomía de naturaleza política, que implica la capacidad de aprobar normas con rango de ley (STC 25/1981, FJ 3).
2. Es la expresión de la soberanía del Pueblo vascoRespuesta incorrecta Incorrecto. El art.1.2 de la CE establece, exclusivamente, la soberanía nacional que reside en el pueblo español, en tanto que el reconocimiento de la autonomía se garantiza en el marco de la "indisoluble unidad de la Nación española" (art.2)
3. equivale a la autonomía administrativa de sus municipios y provinciasRespuesta incorrecta Incorrecto. La autonomía de las Comunidades Autónomas es de naturaleza política y, por tanto, "cualitativamente superior a la administrativa", implicando la posibilidad de aprobar normas con rango de ley (STC 25/1981, FJ 3).
4. se desarrolla a través de una Constitución llamada Estatuto de AutonomíaRespuesta incorrecta Incorrecto. Los Estatutos de Autonomía son normas infraconstitucionales; en concreto, tienen la forma de leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales (art.81.1 CE).

54.-La CE garantiza al País Vasco

1. que sólo se podrá reformar su Estatuto de autonomía de conformidad con los procedimientos en él previstosRespuesta correcta Correcto. La CE dispone, en particular para las Comunidades Autónomas que se hayan constituido al amparo de la vía del 151 de la CE, que una vez promulgados sus Estatutos de Autonomía, éstos sólo podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos (art.152.3 CE).
2. que su Estatuto de Autonomía sólo podrá reformarse con la aprobación en referéndum de todos los españolesRespuesta incorrecta Incorrecto. El art.152.3 de la CE se refiere exclusivamente al referendum celebrado con participación de los electores inscritos en los censos correspondientes a los territorios que se hayan constituido en Comunidad Autónoma.
3. que el control de sus normas sólo podrá llevarlo a cabo el Tribunal ConstitucionalRespuesta incorrecta Incorrecto. Aunque sólo el TC puede declarar la inconstitucionalidad de las normas legales post-constitucionales, los tribunales ordinarios también controlan la constitucionalidad de las leyes al aplicarlas, pudiendo elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Por lo demás, las normas infraconstitucionales pueden ser controladas por los tribunales ordinarios en todo caso.
4. su independencia si la aprueban en referéndum los ciudadanos vascosRespuesta incorrecta Incorrecto. La CE no prevé el derecho de autodeterminación de ninguna parte del territorio. Antes bien, consagra la "indisoluble unidad" de la Nación española. La independencia del País Vasco exigiría una previa reforma de la CE que incluye un referéndum del cuerpo electoral nacional.

55.-Conforme al principio de legalidad garantizado en la CE de 1978

1. la Mesa del Congreso ha de respetar la Constitución y la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa popular a la hora de inadmitir a trámite la iniciativa legislativa propuestaRespuesta correcta Correcto. La CE y la LO 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, excluyen de la misma las materias reservadas a ley orgánica, por lo que la Mesa del Congreso debe inadmitir aquellas iniciativas que no respeten los requisitos señalados por dichas normas.
2. la Mesa del Congreso puede inadmitir a trámite la iniciativa legislativa sin motivación alguna, dado que el Congreso es el órgano de la soberanía popular y todas sus resoluciones tiene fuerza de leyRespuesta incorrecta Incorrecto. La decisión de la Mesa de inadmitir la iniciativa debe ser motivada, pues a la Mesa le corresponde exclusivamente un control de los requisitos establecidos, y no un juicio político sobre la iniciativa. Asimismo, ni el Congreso es el órgano de la soberanía popular (el art. 66 de la CE sólo otorga, a las Cortes Generales, la condición de representantes del pueblo español), ni todos sus actos tienen valor de ley, sólo las que son aprobadas bajo tal forma siguiendo el procedimiento legislativo previsto a tal efecto.
3. la Mesa del Congreso puede resolver sobre la inadmisión de la iniciativa legislativa conforme a criterios políticosRespuesta incorrecta Incorrecto. A la Mesa le corresponde exclusivamente el control de los requisitos exigidos por el ordenamiento, y no un juicio político sobre la iniciativa que es competencia, en principio, del Pleno de la Cámara.
4. la Mesa del Congreso está obligada a admitir a trámite en todo caso la iniciativa legislativa, dado que ha sido propuesta por los ciudadanos en ejercicio de su soberaníaRespuesta incorrecta Incorrecto. La iniciativa popular debe ejercerse respetando los límites previstos por la CE. Asimismo, la Mesa es competente para controlar el respeto de tales límites (en este caso, formales y materiales) cuando se ejerza la iniciativa popular.

Entre las propuestas de un partido político se encuentra reformar la Constitución española de 1978 para que el Estado español deje de ser una monarquía parlamentaria y se convierta en una República parlamentaria. A pesar de que la policía prohíbe varias manifestaciones de los afiliados de dicho partido con el argumento de la ausencia de desarrollo legislativo del derecho de manifestación, el partido gana las elecciones a las Cortes Generales. Durante la legislatura, las Cortes Generales aprueban la reforma pretendida y la someten inmediatamente después a un referéndum que se considera ratificado porque una mayoría de Comunidades Autónomas se pronuncian a favor, aunque la mayoría de los electores del censo electoral nacional votan en contra. Un colectivo de ciudadanos favorables al mantenimiento de la monarquía impugna ante los tribunales ordinarios la proclamación de los resultados del referéndum por vulneración del procedimiento constitucional y legalmente previsto. Con todo, la reforma no llega a entrar en vigor porque el Monarca se niega a sancionarla y promulgarla.

56.-La conversión del Estado español en una República

1. Es inconstitucional, puesto que la monarquía garantiza la indisoluble unidad de la nación españolaRespuesta incorrecta Falso. La unidad de la nación es independiente de la forma de estado elegida monárquica o republicana.
2. Solo es posible si el pueblo español ejerce el poder constituyente originario al margen de los procedimientos de reforma constitucional del Título X CERespuesta incorrecta Falso. Cualquier contenido constitucional es susceptible de revisión a través de los procedimientos establecidos para ser ejercidos por el poder constituyente constituido de reforma constitucional.
3. implica la traslación de la soberanía del Monarca al Pueblo españolRespuesta incorrecta Falso. Según el Art.1.2 CE la sobreranía nacional ya reside en el pueblo español.
4. no afecta a la atribución de la soberanía sino únicamente a la forma de provisión de la Jefatura del EstadoRespuesta correcta Correcto. La soberanía nacional continuaría residiendo en el pueblo español y tan sólo se trata de decidir a quién le corresponde la jefatura del Estado, si al Rey de forma hereditaria o, en este caso, a un Presidente de la República por elección.

57.-La modificación del art. 1.3 CE para transformar la monarquía parlamentaria en una República parlamentaria

1. es posible siempre que se modifique la CE de 1978 por el procedimiento agravado del artículo 168Respuesta correcta Correcto. El procedimiento del Art.168 CE ha de seguirse para reformar cualquier artículo del título prelimimar como el Art.1.3 CE.
2. requiere que se apruebe la reforma constitucional por mayoría de 3/5 en el Congreso y en el SenadoRespuesta incorrecta Falso. La reforma requiere ser aprobada por mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado y ser ratificada en referendum.
3. podría haber sido impulsada por los ciudadanos mediante la iniciativa legislativa popularRespuesta incorrecta Falso. El art. 166 CE descarta que se pueda ejercer iniciativa popular en la reforma constitucional.
4. exige la ratificación en referéndum por el pueblo español, mediante su aprobación por el cuerpo electoral de la mayoría de las CC.AARespuesta incorrecta Falso. En el reférendum previsto por el Art.168, el que ha de pronunciarse es el cuerpo electoral nacional.

58.-El derecho de manifestación de los afiliados del partido

1. Tiene eficacia directaRespuesta correcta Correcto. Todos los derechos fundamentales tienen eficacia directa derivada de su reconocimiento en la norma jurídica suprema.
2. sólo es tutelable ante los tribunales ordinariosRespuesta incorrecta Falso. Los derechos fundamentales gozan de la tutela de los tribunales ordinarios y también del Tribunal Constitucional si están reconocidos en los Arts. 14 a 30 CE y el derecho de manifestación aparece en el Art.21 CE.
3. Carece de eficacia directa al no tratarse de una norma orgánico-procedimentalRespuesta incorrecta Falso. El contenido o la naturaleza de la norma constitucional no condiciona su eficacia.
4. Sólo puede ejercerse previo desarrollo legislativoRespuesta incorrecta Falso. Los derechos fundamentales pueden ejercerse tan pronto son reconocidos por la Constitución.

59.-Conforme a la CE de 1978 y a la Ley de Partidos, el partido político

1. Es una manifestación cualificada del ejercicio en el ámbito político del derecho de asociación del art. 22 CE, protegida por la garantía institucional del art. 6 CERespuesta correcta Correcto. Ello se debe a que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento para la participación política.
2. Ha de tener una estructura interna democrática, pero no un funcionamiento democráticoRespuesta incorrecta Falso. El Art.6 CE exige que los partidos tengan una estructura y un funcionamiento democrático.
3. Se disuelve si deja de ejercer las funciones públicas  que le atribuye el art. 6 CERespuesta incorrecta Falso. Tan sólo puede ser disuelto por las causas legalmente establecidas.
4. sólo puede ser disuelto por sentencia el Tribunal ConstitucionalRespuesta incorrecta Falso. La competencia de disolución corresponde a los Tribunales ordinarios, según el Art.22 CE.

60.-El valor superior de la libertad (art. 1.1 CE)

1. Convierte en inconstitucional la actual configuración  constitucional de la monarquía parlamentariaRespuesta incorrecta
2. Obliga a interpretar los límites al ejercicio del derecho de manifestación constitucionalmente previstos en el art. 21 CE de la forma más favorable a la libertad del individuoRespuesta correcta
3. Carece por sí sólo de eficacia jurídica y necesita de desarrollo en otros preceptos constitucionalesRespuesta incorrecta
4. permite deducir nuevos derechos fundamentales, aunque no coincidan con los expresamente previstos en el texto constitucionalRespuesta incorrecta

61.-El referéndum de reforma constitucional

1. Tiene por objeto una decisión política y no una norma jurídicaRespuesta incorrecta Falso. Su objeto es una norma jurídica, la Constitución.
2. Es un mecanismo de participación indirecta en los asuntos públicosRespuesta incorrecta Falso. Es un mecanismo de participación directa en los asuntos públicos.
3. No era necesario celebrarlo si no lo solicitaban 1/10 de los Diputados o de los SenadoresRespuesta incorrecta Falso. El referéndum del Art.167 es potestativo y vinculante, deben solicitarlo 1/10 de diputados o senadores; el referéndum del Art. 168 es obligatorio en su convocatoria y vinculante en su resultado.
4. Es un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicosRespuesta correcta Verdadero. Los ciudadanos participan directamente en la función de reforma constitucional.

62.-La posibilidad de control jurisdiccional del procedimiento de referéndum

1. Es una garantía de la soberanía compartida entre el Monarca y el Pueblo españolRespuesta incorrecta Falso. En España la soberanía corresponde sólo al Pueblo español.
2. Conculca la soberanía popular, pues permite al Poder Judicial entrometerse en la actividad del Pueblo soberanoRespuesta incorrecta Falso. En el referéndum de reforma no participa el pueblo soberano, sino un cuerpo electoral que cumple una función constituyente-constituída.
3. Es una consecuencia de que España sea un Estado socialRespuesta incorrecta Falso. Nada tiene que ver con el principio del Estado social.
4. Es una consecuencia de la vigencia en nuestro ordenamiento del principio de legalidadRespuesta correcta Verdadero. Se vincularía con esa exigencia del Estado de derecho.

63.-El principio autonómico garantizado en el art. 2 y en el Título VIII CE,

1. Permite a las CC.AA. participar en el ejercicio de la función legislativaRespuesta correcta Verdadero. La autonomía política confiere a los territorios potestad legislativa.
2. Permite a las provincias participar en el ejercicio de la función constituyente a través del referéndum de reforma constitucionalRespuesta incorrecta Falso. Es el cuerpo electoral nacional el que interviene en el reférendum constitucional.
3. Permite a las CC.AA participar en el ejercicio de la función constituyente a través del referéndum de reforma constitucional.Respuesta incorrecta Falso. Es el cuerpo electoral nacional el que interviene en el reférendum constitucional.
4. Convierte a los pueblos y nacionalidades de España en cotitulares de la soberanía.Respuesta incorrecta Falso. El titular de soberanía es el pueblo español.

64.-El Monarca

1. No puede negarse a sancionar y promulgar la reforma constitucional, pues carece de poderes de decisión política o de control de constitucionalidadRespuesta correcta Verdadero. La sanción y promulgación real son actos debidos.
2. Puede negarse a sancionar y promulgar la reforma constitucional en ejercicio de sus poderes de arbitrio y moderación del funcionamiento regular (legal) de las institucionesRespuesta incorrecta Falso. La sanción y promulgación real son actos debidos.
3. ejerce materialmente, con la sanción y la promulgación, el poder constituyente del que es cotitular como soberanoRespuesta incorrecta Falso. El único titular de la soberanía es el Pueblo español.
4. puede negarse a sancionar y promulgar la reforma constitucional pues España es una monarquía constitucionalRespuesta incorrecta Falso. España es una monarquía parlamentaria y la sanción y promulgación son actos debidos.

65.-Conforme a la CE, la prohibición policial de la manifestación

1. Solo cabe en los casos constitucional y legalmente previstos, cuando la policía haya sido habilitada para elloRespuesta correcta Verdadero. Así lo exige el principio de legalidad.
2. Está regida por el principio de vinculación negativa de la Administración a la leyRespuesta incorrecta Falso. La administración está vinculada postivamente a la ley.
3. Es posible siempre que un reglamento haya previsto la limitación del ejercicio del derecho de manifestaciónRespuesta incorrecta Falso. Hay reserva de ley cuando se trata de limitar un derecho fundamental.
4. no es controlable jurisdiccionalmenteRespuesta incorrecta Falso. Según el Art.106 CE los tribunales controlarán la legalidad de la actuación administrativa.