Test Fuentes y Jurisdicción IV

Test sobre Fuentes y Jurisdicción IV

El Gobierno asturiano considera que una ley gallega y el reglamento que la desarrolla invaden competencias de su Comunidad. Así lo entiende también el Defensor del Pueblo y el Presidente del Gobierno estatal. Todos ellos acuden al Tribunal Constitucional (TC) e interponen contra la ley gallega recurso de inconstitucionalidad, solicitando la parte asturiana la suspensión de la ley. El TC inadmite el recurso del Gobierno asturiano, admite los demás y, concluida su tramitación, declara en 1990 que la ley es constitucional. El Gobierno asturiano interpone además ante el TC conflicto de competencias contra el reglamento gallego, obteniendo en este caso en 1993 sentencia estimatoria y la suspensión del reglamento en lo que duró la tramitación del conflicto. En 1996 un juez plantea contra la ley gallega una cuestión de inconstitucionalidad a solicitud del Ministerio Fiscal y lo hace tras dictar sentencia en la que expone las razones por las que a su entender la ley es contraria a la constitución.

1.-El Tribunal Constitucional

Debió inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo, porque éste sólo puede impugnar la ley si incurre en vicios materiales, pero no competenciales Respuesta incorrectaEl parámetro de constitucionalidad a emplear por el TC es el mismo independientemente de quién sea el sujeto que interponga el recurso de inconstitucionalidad (arts. 27, 28 y 32 LOTC).
Debió inadmitir el recurso del Presidente del Gobierno, porque el legitimado es el órgano en pleno Respuesta incorrectaLa competencia para interponer recurso de inconstitucional le corresponde al Presidente del Gobierno de la Nación, no al Gobierno en pleno (art. 32,1 a LOTC).
Inadmitió el recurso del Gobierno asturiano, porque el legitimado es su Presidente Respuesta incorrectaLas Comunidades Autónomas tienen legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad mediante sus órganos colegiados ejecutivos en pleno, no a través de sus Presidentes (art. 32,2 LOTC).
Inadmitió el recurso del Gobierno asturiano, porque a través del recurso de inconstitucionalidad éste no puede impugnar normas autonómicas Respuesta correctaLas Comunidades Autónomas sólo tienen legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad frente a leyes del Estado (art. 32,2 LOTC). Por ello inadmitió el recurso.

2.- Para lograr la suspensión de la ley gallega mientras se tramita el recurso

Todos los recurrentes tienen que solicitarla al Tribunal Constitucional Respuesta incorrectaEl único sujeto habilitado para producir la suspensión de la ley gallega recurrida es el Presidente del Gobierno de la Nación, ex art. 161,2 CE (art. 30 LOTC).
El Gobierno estatal tiene que invocar el Art.161.2 CE Respuesta correcta Con carácter general, la admisión de un recurso de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley. La excepción a este principio general es el caso de que el Gobierno, por medio de su Presidente, se ampare en lo dispuesto por el artículo 161.2 CE. (Art. 30 LOTC).
El Tribunal Constitucional, a instancia del Gobierno estatal, tiene que concluir que la aplicación de la ley generaría perjuicios de difícil o imposible reparación Respuesta incorrectaLa declaración de la suspensión de la ley gallega por parte del TC no necesita ampararse en la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación. Si en el momento de la interposición de un recurso de inconstitucional no genera de por sí la automática suspensión de la ley impugnada. Ello sólo sucede si el Gobierno, por medio de su Presidente, se ampara en lo dispuesto por el artículo 161.2 CE (art. 30 LOTC).
Basta la mera interposición del recurso de inconstitucionalidad en su contra Respuesta incorrectaLa mera interposición de un recurso de inconstitucional no genera de por sí la automática suspensión de la ley impugnada. Ello sólo sucede si el Gobierno, por medio de su Presidente, se ampara en lo dispuesto por el artículo 161.2 CE (art. 30 LOTC).

3.-En el conflicto de competencias, el Gobierno asturiano

Acudió directamente al Constitucional, sin tener que realizar un requerimiento previo al Gobierno gallego, pues esto sólo es obligatorio en caso de que impugne una norma estatal Respuesta incorrectaCuando los órganos colegiados ejecutivos de una comunidad autónoma interponen un conflicto positivo de competencias frente a una disposición, resolución o acto, ya sea del Estado o de otras comunidades autónomas, necesitan realizar en todo caso antes de acudir al TC un requerimiento previo, para que se derogue o anule la disposición o acto controvertido (art. 63,1 LOTC).
Logró la suspensión del reglamento gallego de modo automático invocando el Art.161.2 CE Respuesta incorrectaEl art. 161,2 CE, que permite, con su mera alegación, suspender automáticamente la resolución o acto impugnado, sólo puede ser invocada por el Gobierno de la Nación al formalizar el conflicto. El gobierno asturiano sólo puede solicitar del TC la suspensión de la resolución gallega, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación. El TC puede acordar o denegar libremente la suspensión solicitada (art. 64,3 LOTC).
Tuvo necesariamente que intentar resolver la controversia a través del requerimiento previo antes de llegar al Tribunal Constitucional Respuesta correcta Cuando los órganos colegiados ejecutivos de una comunidad autónoma interponen un conflicto positivo de competencias frente a una disposición, resolución o acto, ya sea del Estado o de otras comunidades autónomas, necesitan realizar antes de acudir al TC un requerimiento previo, para que se derogue o anule la disposición o acto controvertido (art. 63,1 LOTC).
Logró la suspensión del reglamento con su mera solicitud al Tribunal Constitucional Respuesta incorrecta El gobierno asturiano puede solicitar del Tribunal la suspensión de la resolución gallega, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación. Sin embargo, la suspensión no es automática. El TC puede acordar o denegar libremente la suspensión solicitada (art. 64,3 LOTC).

4.- ¿Cuál de estas razones, entre otras, alegará el juez para justificar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad?

que la norma es aplicable al caso que está resolviendo Respuesta correcta El art. 163 CE exige del juez o tribunal para poder plantear una cuestión ante el TC, que se trate de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
que, aunque el fallo de la sentencia que está dictando no depende de si la ley gallega es válida o no, es función del juez contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico y para él esa ley es claramente inconstitucionalRespuesta incorrectaEl art. 163 CE exige del juez o tribunal para poder plantear una cuestión ante el TC, que se trate de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo. En consecuencia, aunque puedan existir sospechas de inconstitucionalidad de la ley gallega, si de su validez no depende el contenido del fallo, el juez no podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
que la ley gallega debería tener en realidad rango reglamentario. Respuesta incorrectaSólo pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad normas con rango de ley (art. 163 CE).
que está obligado a ese planteamiento al haberlo solicitado el Ministerio Fiscal. Respuesta incorrecta Aunque las partes en el proceso o el Ministerio Fiscal pueden solicitar al juez el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, aquél decidirá libremente si la plantea o no (arts. 35,1 y 2 LOTC).

5.-El juez ordinario NO puede plantear la cuestión porque

Ya ha habido una sentencia con valor de cosa juzgada y efectos generales que declaró constitucional la ley que ahora es objeto de cuestión Respuesta incorrectaNada se dice en el caso acerca de la posible existencia de una sentencia estimatoria anterior recaída en un procedimiento de inconstitucionalidad que declarase nula la ley gallega. Sin embargo, acaso existiera el impedimento del juez para poder plantear una cuestión no reside en el hecho de que el asunto no pueda ser decidido nuevamente, sino simplemente en que la cuestión de inconstitucionalidad carecería de objeto. Es decir, no habría norma válida alguna de recurrir.
Ya ha trascurrido el plazo de 3 meses para recurrir la ley Respuesta incorrectaLa interposición de una cuestión de inconstitucionalidad--contrariamente a lo que sucede con el recurso-- no se encuentra sometida a plazo alguno (art. 163 CE y art. 35 LOTC).
Lo hace después de dictar sentenciaRespuesta correcta El momento procesal en el que el juez o tribunal ha de interponer la cuestión de inconstitucionalidad es una vez concluso el procedimiento y antes del plazo para dictar sentencia (art. 35,2 LOTC). Por eso la cuestión del caso está mal planteada que se plantea después de dictar la sentencia.
El momento procesal oportuno para plantearla es el instante en el que se da cuenta mediante un juicio de relevancia de que la ley es inconstitucional Respuesta incorrectaEl art. 38,2 LOTC determina que las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán el planteamiento ulterior de la misma cuestión a través de la misma vía, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. En consecuencia, no existe en el caso impedimento alguno para poder interponer, tras la sentencia desestimatoria dictada por el TC sobre la ley gallega pronunciada en el año 1990, una cuestión de inconstitucionalidad frente a la misma. E incluso apoyada en la infracción de idéntico precepto constitucional.

Dada la situación de precariedad en el empleo femenino, el Gobierno de la Nación decide dictar un Decreto-Ley por el que se prevén una serie de medidas de fomento de la contratación de mujeres, que es convalidado por el Congreso de los Diputados a los dos meses de su promulgación. Una vez convalidado, dado que se agota el plazo de transposición de una Directiva de la Unión Europea, las Cortes convierten en Ley dicho Decreto-Ley. En el trámite de aprobación por el Senado, éste enmienda su contenido por mayoría simple, añadiendo la derogación con carácter retroactivo de una ley preconstitucional que prohibía a las mujeres realizar trabajos en minas subterráneas, y el texto es ratificado en el Congreso por mayoría simple.

6.-La ley de conversión

No puede variar el contenido del Decreto-Ley aprobado Respuesta incorrectaEl trámite de conversión del decreto-ley en ley, al sustanciarse por el procedimiento legislativo (art. 86,3 CE), puede implicar modificaciones para éste a través de las correspondientes enmiendas.
Debería haber sido aprobada sólo por el Congreso, pues a él y al Gobierno corresponde la dirección política del Estado Respuesta incorrectaLa ley de conversión del decreto-legislativo, en cuanto asume la forma de ley, corresponde su aprobación conjuntamente al Congreso y al Senado (arts. 66,1 y 86,3 CE).
Es inconstitucional por haber sido iniciado el procedimiento fuera de plazoRespuesta correcta El art. 86,2 CE otorga al Congreso de los Diputados un plazo de 30 días para proceder a convalidar el decreto-ley aprobado por el Gobierno. En el caso, el Congreso procede a la convalización dos meses después de la promulgación del decreto-ley. En consecuencia, la convalidación se ha realizado fuera del plazo constitucionalmente previsto para ello, habiendo quedado ya derogado el decreto-ley.
No puede contener ningún tipo de disposición retroactiva Respuesta incorrectaNada dispone la CE acerca de que los decretos-leyes no puedan ser retroactivos. Tal prohibición, más allá de la que con carácter general se deriva del art. 9,3 CE para cualquier norma, se establece expresamente por el art. 83 b CE respecto de los decretos-legislativos.

7.-La Directiva de la Unión Europea

Sólo es obligatoria en España tras la autorización de las Cortes Generales Respuesta incorrectaLa necesidad de autorización de las Cortes Generales como condición de validez de las normas se prescribe para el caso de los tratados internacionales (arts. 93 y 94,1 CE). Aplicado ello al ámbito de la Unión Europea, lo que requirió la autorización de las Cortes Generales fue la celebración del tratado constitutivo que cedió a aquélla el ejercicio de competencias derivadas de la CE (derecho originario), no de los actos normativos dictados a su amparo (derecho derivado).
Solo es obligatoria desde su publicación en el BOERespuesta incorrecta El requisito de la publicidad de las normas contemplado genéricamente en el art. 9,3 CE como condición de su validez y obligatoriedad se cumple, en el caso de las normas comunitarias, con su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Solo es obligatoria una vez publicada tanto en el BOE como en el DOCE Respuesta incorrectaEl requisito de la publicidad de las normas contemplado genéricamente en el art. 9,3 CE como condición de su validez y obligatoriedad se cumple, en el caso de las normas comunitarias, con su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Es obligatoria en España desde su publicación en el DOCE Respuesta correcta Las directivas comunitarias son obligatorias para España desde el momento en el que se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

8.-Las normas constitucionales sobre igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo

Poseen eficacia directa y habrían derogado, conforme a la Disposición derogatoria, la ley preconstitucionalRespuesta correcta La cláusula derogatoria de la CE declara per se y automáticamente derogadas las normas preconstitucionales que sean contrarias a su contenido.
Requieren la válida aprobación de la Ley de conversión para tener efecto derogatorio sobre la ley preconstitucional Respuesta incorrectaLa cláusula derogatoria de la CE declara automáticamente derogadas las normas preconstitucionales que sean contrarias a su contenido. En cuanto norma con eficacia directa lo realiza por sí misma sin necesidad de que una ley lo determine.
Poseen únicamente eficacia interpretativa de las leyes que las desarrollen como la ley de conversión Respuesta incorrectaLa cláusula derogatoria de la CE tiene carácter autoaplicativo. Exige de cualquier juez que estime derogadas todas las normas preconstitucionales contrarias a su contenido. En consecuencia, no puede afirmarse que la eficacia de la cláusula derogatoria quede reducida a un mero carácter interpretativo.
No permiten derogar las leyes preconstitucionales que se opongan materialmente a ella Respuesta incorrectaLa cláusula derogatoria de la CE declara per se y automáticamente derogadas las normas preconstitucionales que sean contrarias a su contenido.

9.-El Decreto-Ley

Ha sido convalidado fuera de plazo Respuesta correcta El art. 86,2 CE exige que el decreto-ley se convalide por el Congreso dentro de un plazo de 30 días. En el caso han transcurrido dos meses desde su promulgación, fuera por tanto de aquel plazo.
Carece de presupuesto habilitante, pues no se ha declarado ninguno de los Estados de crisis del art. 116 CE Respuesta incorrectaEl presupuesto habilitante del decreto-ley\: la extraordinaria y urgente necesidad (art. 86,1 CE) no se identifica con los Estados de alarma, de excepción y sitio (art. 116 CE).
Debería haber sido convalidado por las Cortes Generales Respuesta incorrectaLa convalidación de los decretos-leyes debe de realizarse exclusivamente por el Congreso de los Diputados (art. 86,2 CE).
Es una norma con rango reglamentario Respuesta incorrectaEl decreto-ley es una norma con rango de ley, tal y como se deja claro en el art. 86,1 CE.

10.- En la elaboración de la Ley de conversión

El Senado sólo podía enmendar el texto por mayoría absolutaRespuesta incorrecta La interposición de enmiendas a un texto legislativo por parte del Senado ha de realizarse por mayoría simple (art. 90,2 CE).
Ni el Congreso ni el Senado podían modificar el texto pues éste trae causa de un proyecto de ley con vigencia anticipada como Decreto ley Respuesta incorrectaEl trámite de conversión del decreto-ley en ley, al llevarse a cabo mediante el procedimiento legislativo, puede ser enmendado (art. 86,3 CE). Lo que no admite enmiendas es el trámite de convalización realizado por el Congreso (art. 86,2 CE).
El Congreso sólo podía aprobar el texto enmendado por el Senado por mayoría absolutaRespuesta incorrecta La aceptación o el rechazo de las enmiendas presentadas por el Senado a un texto legislativo ha de realizarse por el Congreso mediante mayoría simple (art. 90,2 CE).
El Senado podía introducir enmiendas por mayoría simpleRespuesta correcta La interposición de enmiendas a un texto legislativo por parte del Senado ha de realizarse por mayoría simple (art. 90,2 CE).

Con la finalidad de adoptar medidas de lucha contra el terrorismo internacional, la Unión Europea emana una Decisión marco sobre la orden de detención europea (Euroorden). Un grupo parlamentario de tan solo 14 diputados presenta en el Congreso una proposición de ley orgánica que desarrolla y regula el ejercicio de la libertad personal, incluidas las condiciones en las que debe llevarse a cabo toda detención. Posteriormente ese mismo grupo parlamentario presenta una proposición de ley de bases que delega al Gobierno por un plazo de seis meses la concreción por nuestras autoridades de la mencionada orden europea de detención. Una vez aprobada la Ley y dentro del plazo de seis meses el Gobierno dicta dos Decretos-Legislativos, de los cuales el segundo refunde los textos legales sobre la materia. Ante el primer Decreto-Legislativo, las Cortes aprueban una nueva Ley cuyo objeto es derogarlo.

11.- La proposición de ley orgánica

Debió ser rechazada por la Mesa del Congreso pues debe ser propuesta por al menos 15 diputados Respuesta incorrectaEl art. 126,1 RCD permite presentar proposiciones de ley a un grupo parlamentario o a 1 diputado con la firma de otros 14. En este caso, al llevarse a cabo la iniciativa por un grupo parlamentario, ha de considerarse ajustada al Reglamento.
Debió ser rechazada por la Mesa del Congreso, pues los Grupos Parlamentarios solo pueden presentar proyectos de Ley Respuesta incorrectaEl art. 126,1 RCD permite presentar proposiciones de ley a un grupo parlamentario o a 1 diputado con la firma de otros 14. En este caso, al llevarse a cabo la iniciativa por un grupo parlamentario, ha de considerarse ajustada al Reglamento. En consecuencia, la Mesa no debiera rechazar la iniciativa legislativa.
No requiere toma en consideración para ser tramitada Respuesta incorrectaLas proposiciones de ley, contrariamente a lo que sucede en el caso de los proyectos de ley, han de someterse al trámite de la toma en consideración ante el pleno de la cámara (art. 126,5 RCD).
Requiere toma en consideración para ser tramitadaRespuesta correcta Las proposiciones de ley, contrariamente a lo que sucede en el caso de los proyectos de ley, han de someterse al trámite de la toma en consideración ante el pleno de la cámara (art. 126,5 RCD).

12.- El Gobierno

Puede ejercer esa potestad legislativa delegada solo en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad Respuesta incorrectaLa aprobación de legislación delegada por el Gobierno a través de decretos legislativos no se encuentra condicionada al presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Tal presupuesto es tan sólo una condición de validez de los decretos-leyes (art. 86,1 CE).
No puede ejercer la potestad legislativa delegada puesto que se trata de una materia sometida a reserva de ley Respuesta incorrectaLa legislación delegada aprobada por el Gobierno a través de decretos legislativos sólo tiene vedada la regulación de materias propias de ley orgánica. En consecuencia, las materias sometidas a reserva de ley ordinaria pueden ser objeto de regulación por parte de un decreto-legislativo (art. 82,1 CE).
solo puede hacer uso una vez de la potestad legislativa delegada dentro del plazo marcado Respuesta correcta La delegación legislativa realizada por las Cortes Generales se agota con el uso (único) que se haga de ella. Por lo tanto, una delegación legislativa sólo puede amparar un decreto-legislativo, siempre y cuando éste se apruebe dentro el plazo fijado por las Cortes para su ejercicio (art. 82,3 CE).
Puede dictar tantos Decretos-legislativos como estime pertinente dentro del plazo marcado Respuesta incorrectaLa delegación legislativa realizada por las Cortes Generales se agota con el uso (único) que se haga de ella (art. 82,3 CE). Por lo tanto, una delegación legislativa sólo puede amparar un decreto-legislativo.

13.- El segundo Decreto-Legislativo

Es inconstitucional por carecer de habilitación legal para dictarlo Respuesta correcta La delegación legislativa se agota por el uso que se haga de ella (art. 82,3 CE). Una delegación sólo ampara un decreto legislativo. Por tanto, sólo el primer decreto-legislativo encontró un apoyo normativo en una delegación legislativa. El segundo no, hubiera necesitado otra delegación.
Es constitucional mientras no incurra en ultra vires Respuesta incorrectaEl ultra vires no es el único supuesto que puede convertir a un decreto-legislativo en inconstitucional. Existen otros límites al decreto-legislativo, como el término o el plazo entre otros, aplicables particularmente al presente caso (art. 82,3 CE).
Habría requerido una segunda ley de bases Respuesta incorrectaLa aprobación de un texto refundido, naturaleza que posee el segundo decreto-legislativo dictado por el Gobierno, no requiere una ley de bases, sino una merea ley ordinaria (art.82, 4 y 5 CE).
no podría modificar el primer decreto-legislativo, aunque fuese válido Respuesta incorrectaLos decretos-legislativos, en cuanto normas dotadas de rango de ley, derogan todas las normas anteriores dotadas de idéntico rango (art. 82,1 CE). En consecuencia, el segundo decreto-legislativo, de ser válido, podría producir la derogación del primero en cuanto se opusiese a al mismo.

14.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

La proposición de ley orgánica debe regular por sí misma el desarrollo del derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE)Respuesta correcta De conformidad con la jurisprudencia del TC en materia de reservas de ley, el legislador debe proceder a regular por sí mismo y a agotar toda la materia reservada a la ley. Por lo tanto, la proposición presentada ha de regular in toto el desarrollo del derecho a la libertad personal, sometido a reserva de ley orgánica en el art. 81,1 CE.
La proposición de ley orgánica no puede contener disposiciones propias de ley ordinaria Respuesta incorrectaDe acuerdo con la doctrina material de ley orgánica seguida por el TC, la ley orgánica puede regular materias conexas a las recogidas en el art. 81,1 CE, pudiendo encontrarse o no sometidas a reserva de ley ordinaria.
Las materias conexas incluidas en la proposición de ley orgánica tendrán el mismo carácter que las reservadas a la ley orgánica, sin necesidad de una disposición adicional que diferencie unas de otrasRespuesta incorrecta De acuerdo con la doctrina material de ley orgánica seguida por el TC, la ley orgánica puede regular materias conexas a las recogidas en el art. 81,1 CE. Sin embargo, el legislador debe de recoger en una disposición adicional cuáles de sus disposiciones regulan las citadas materias conexas a fin de privarles de su fuerza pasiva frente a las leyes ordinarias, permitiendo a estas su lícita derogación.
Cualquier materia incluida en la proposición de ley orgánica tendrá dicho carácter Respuesta incorrectaEl TC sólo permite a la ley orgánica regular las materias previstas en el art. 81,1 CE y a lo sumo las materias conexas a ellas. La regulación del resto de materias convertiría a la ley orgánica en inconstitucional.

15.- La Ley que deroga el Decreto Legislativo

No puede derogarlo sin derogar la ley de delegación Respuesta incorrectaEl decreto-legislativo aprobado posee autonomía normativa respecto de la ley de delegación legislativa que lo autorizó, que se agota--quedando ya derogada-- en el momento en el que aquél se dicta (art. 82,3 CE). En consecuencia, la ley posterior no habría de derogar la ley de autorización, por la sencilla razón de que ya que habría quedado derogada. La ley posterior podría derogar directamente el decreto-legislativo.
Nunca llegará a aprobarse si el Gobierno se opone a su tramitación Respuesta incorrectaAl Gobierno no le cabría oponerse a la tramitación de la ley que pretendiera derogar directamente la delegación legislativa en vigor, en la medida en que la revocación sería expresa. El Gobierno sólo podría oponerse cuando lo que se tratara de realizar fuese una revocación tácita, es decir, cuando una proposición de ley pretendiera regular por sí misma materias que previamente hubieran sido objeto de una delegación legislativa (art. 84 CE).
Solo podría derogarlo expresamente, nunca tácitamente Respuesta incorrectaLas Cortes Generales pueden revocar la delegación legislativa preexistente tanto de manera expresa como tácita (art. 84 CE).
Se aprobará a pesar de la oposición del Gobierno, ya que no existe una delegación legislativa en vigorRespuesta correcta En realidad, el caso no plantea un verdadero caso de revocación de la delegación legislativa, ni expresa ni tácita. Y ello porque la delegación legislativa ya habría quedado agotada con la aprobación del primer decreto-legislativo. No habría nada que revocar.

Un juez comunica a las partes del proceso que está conociendo su intención de plantear, a instancia del abogado defensor, cuestión de inconstitucionalidad contra una ley que regula una materia colateral al asunto que tiene que resolver y de cuya validez duda. Sin escuchar lo que las partes tienen que alegar al respecto, el juez, cuando aún deben realizarse varias pruebas periciales y testificales, suspende el juicio y eleva al Tribunal Constitucional auto de planteamiento de la cuestión. En él solicita la suspensión de la norma, al entender que su aplicación puede causar daños de imposible reparación. El Constitucional dicta sentencia desestimatoria.

16.- Señale la respuesta correcta

El abogado no puede pedir al juez que plantee la cuestión de inconstitucionalidad Respuesta incorrectaEl abogado, como defensor de una de las partes en el proceso, sí puede solicitar al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, a tenor de lo prevenido en el art. 35,1 LOTC.
El juez hubiera podido negarse a la petición del abogado Respuesta correcta Aunque las partes pueden solicitar al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, éste puede decidir libremente si la interpone o no ante el TC. El auto en el que resuelva el planteamiento o no de la cuestión de inconstitucionalidad no será objeto de recurso alguno, a tenor de lo dispuesto en el art. 35,2 LOTC.
No es necesario que el juez comunique a las partes su intención de plantear la cuestión Respuesta incorrectaEl momento procesal oportuno para poder interponer la cuestión de inconstitucionalidad es una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (art. 35,2 LOTC). Por ello, el juez no puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC en cualquier momento en el que se le suscite la posible contrariedad de una norma con rango de ley con la CE.
Sólo el Ministerio fiscal puede instar al juez a plantear la cuestión Respuesta incorrectaAdemás del Ministerio Fiscal, cualquiera de las partes en el proceso puede instar al juez a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC (art. 35,1 y 2 LOTC).

17.- Señale la respuesta correcta

Las partes podrán realizar las alegaciones que el juez no ha querido escuchar, directamente ante el Tribunal Constitucional Respuesta incorrectaEl juez, antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta (art. 35,2 LOTC). Ese es el momento procesal, y no ante el TC, cuando las partes han de formularse la alegaciones pertinentes.
El juez nunca puede suspender el juicio en el que surge la duda sobre la validez de la ley, pues está obligado a aplicarla en todo caso Respuesta incorrectaLa interposición de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del juez implicará, en todo caso, la suspensión provisional de las actuaciones hasta que el TC se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC resuelva definitivamente sobre la cuestión (art. 35,3 LOTC).
El juez puede suspender el juicio para plantear la cuestión en el momento en que lo hizo, esto es, tan pronto le surgió la duda sobre la validez de la ley Respuesta incorrectaEn la medida en que el momento procesal oportuno para interponer la cuestión ante el TC es una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (art. 35,2 LOTC), la suspensión exigida por el art. 35,3 LOTC ha de producirse necesariamente en aquél momento procesal. Por lo tanto, la suspensión no se produce en cualquier momento en el que el juez dude de la constitucionalidad de la norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
El juez puede suspender el juicio para plantear la cuestión una vez abierto el plazo para dictar sentenciaRespuesta correcta La interposición de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del juez implicará, en todo caso, la suspensión provisional de las actuaciones hasta que el TC se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC resuelva definitivamente sobre la cuestión (art. 35,3 LOTC).

18.- Para que la norma del supuesto pudiera ser objeto de cuestión de inconstitucionalidad

Debería tener otro rango Respuesta incorrectaNo. Las normas frente a las cuales cabe interponer una cuestión de inconstitucionalidad han de poseer necesariamente rango de ley (art. 35,1 LOTC).
El juez debería estar plenamente convencido de su inconstitucionalidad y no tan sólo dudar de la misma Respuesta incorrectaPara interponer una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC no le es exigible al juez que esté totalmente convencido de la contrariedad con la CE de una norma con rango de ley, sino que basta con que tenga sospechas de su inconstitucionalidad (art. 35,1 y 2 LOTC).
Debería ser la norma aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo Respuesta correcta Efectivamente, así lo prevé el art. 35,1 LOTC, al afirmar que el objeto de una cuestión de inconstitucionalidad ha de ser una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
Se debería haber esperado a que transcurrieran 3 meses desde su publicación para poder impugnarla Respuesta incorrectaLa interposición de una cuestión de inconstitucionalidad no ha de interponerse en un determinado plazo, contrariamente a lo que sí sucede en el caso del recurso de inconstitucionalidad, que ha de ser planteado dentro de los 3 meses posteriores a la publicación oficial de la ley. Excepcionalmente cabe su interposición 9 meses después, aunque condicionada a la verificación de los requisitos dispuestos en el art. 33,2 LOTC, destinados a evitar la interposición del recurso intentando facilitar una solución negociada al conflicto.

19.- Señale la respuesta correcta

La norma objeto de la cuestión no es susceptible de suspensiónRespuesta correcta Así lo prevé expresamente el art. 30 LOTC, al afirmar que la admisión de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada. Lo único que es objeto de suspensión es el procedimiento judicial hasta que se resuelva la cuestión por parte del TC (art. 35,3 LOTC).
El juez debería haber invocado el Art.161.2 CE para lograr la suspensión de la norma Respuesta incorrectaEl art. 161,2, que permite la suspensión automática de las normas con rango de ley impugnadas ante el TC con su mera invocación, sólo puede ser aducido por el Presidente del Gobierno en el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad (art. 30 LOTC). Por tanto, el juez no puede hacer uso de tal facultad.
El Tribunal Constitucional debe conceder la suspensión que el juez le ha solicitado Respuesta incorrectaLa admisión de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada (art. 30 LOTC).
No es necesario que el juez pida la suspensión de la norma, pues se logra automáticamente con el planteamiento de la cuestión Respuesta incorrectaLa admisión de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del TC no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada. Lo único que será objeto de suspensión es el procedimiento judicial hasta que se resuelva la cuestión por parte del TC (art. 35,3 LOTC). Y ello no se produce a solicitud del juez, sino ex lege, es decir, en virtud de la ley.

20.- La sentencia del Tribunal Constitucional

Tiene efectos inter partes, al poner fin a un control de constitucionalidad de naturaleza concreta Respuesta incorrectaLa sentencia emitida por el TC resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad, en tanto recae en un procedimiento de inconstitucionalidad tendrá el valor de cosa juzgada, vinculará a todos los poderes públicos y producirá efectos generales desde la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" (art. 38,1 LOTC). En consecuencia, la sentencia no tiene efectos inter partes, sino erga omnes.
Impide el planteamiento de una posterior cuestión sobre esa norma si el asunto es sustancialmente igualRespuesta correcta En la medida en que la sentencia recaída en un procedimiento de inconstitucionalidad goza de efectos erga omnes (art. 38,2 LOTC), no puede plantearse otra cuestión de inconstitucionalidad sustancialmente idéntica a otra ya resuelta, tanto en lo que se refiere a su objeto como al caso que dio lugar a la misma.
Se comunica antes a las partes que al juez ordinario, para que sepan a qué atenerseRespuesta incorrecta Una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad por el TC, éste lo comunicará primero e inmediatamente al juez que la planteó a fin de que pueda resolver el caso de conformidad con lo fallado por el TC (art. 38,3 LOTC).
Impide que el Tribunal Constitucional pueda en todo caso volver a conocer una cuestión de inconstitucionalidad contra la misma norma Respuesta incorrectaLa desestimación de una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta contra una norma con rango de ley no impedirá que a través de otra cuestión de inconstitucionalidad pueda volver a recurrirse la misma ley. Lo que se exige es que el caso que da lugar al planteamiento de la posterior cuestión de inconstitucionalidad no sea sustancialmente idéntico al que con anterioridad dio lugar a la interposición de la primera (art. 38,2 LOTC).

El Estado, fundándose en su competencia sobre las bases del régimen energético (Art.149.1.25 CE), dicta en 2003 un reglamento que regula aspectos de la energía eléctrica vinculados con el interés general, así como cuestiones de detalle más próximas a intereses autonómicos. Salvo una Comunidad, todas las demás tienen estatutariamente asumida la competencia de desarrollo del régimen energético y ya habían hecho uso de la misma, aprobando a principios de los años 80 leyes en esa materia. Como el Congreso considera por mayoría simple que esta diversidad puede poner en riesgo el interés de todos, las Cortes aprueban por mayoría absoluta una ley orgánica de armonización que uniformice la normativa eléctrica.

21.- El reglamento estatal

Es nulo, por ofrecer una regulación que va más allá de lo básicoRespuesta incorrecta El reglamento, como fuente estatal, no goza de materias reservadas al mismo. Siempre que no vulnere el principio de jerarquía normativa ni las reservas de ley reconocidas en la CE, puede regular cualquier materia. Por lo tanto, el hecho de que el reglamento aborde más cuestiones que lo estrictamente básico de la materia contemplada en el art. 149,1,25º no lo convierte automáticamente en inconstitucional.
Es fruto del ejercicio de una competencia estatal concurrente Respuesta incorrectaNo hay concurrencia en lo que se refiere a la fijación de las bases del régimen energético (art. 149,1,25º CE). La competencia para la determinación de lo básico es una competencia exclusiva del Estado.
Es nulo, porque al contener bases siempre ha de tener rango legal Respuesta incorrectaSi bien es cierto que, de acuerdo con la jurisprudencia del TC, en la fijación de las bases rige el principio de preferencia de ley, excepcionalmente el reglamento puede proceder a su determinación si se dan en el caso razones técnicas o coyunturales que lo justifiquen. Por ello, el reglamento dictado en 2003 no ha de ser necesariamente inconstitucional.
Es válido, si hay razones técnicas o coyunturales que justifican la regulación de las bases bajo forma reglamentariaRespuesta correcta Si bien es cierto que, de acuerdo con la jurisprudencia del TC, en la fijación de las bases rige el principio de preferencia de ley, excepcionalmente el reglamento puede proceder a su determinación si se dan en el caso razones técnicas o coyunturales que lo justifiquen.

22.- La regulación no vinculada al interés general contenida en el reglamento estatal

Es de aplicación directa en todas las Comunidades Autónomas Respuesta incorrectaEl reglamento estatal de 2003 no puede ser en todo caso de aplicación directa a todas las Comunidades Autónomas. Desde luego no a aquellas que han asumido estatutariamente la competencia de desarrollo de la normativa básica del régimen energético. La titularidad autonómica de esta competencia convierte a la norma aprobada por la Comunidad Autónoma en la norma de aplicabilidad preferente.
Es de aplicación supletoria en todas las Comunidades Autónomas Respuesta incorrectaEl reglamento estatal de 2003 no es de aplicación supletoria a todas las Comunidades Autónomas. Sí lo es respecto de aquellas Comunidades Autónomas que han asumido estatutariamente la titularidad de la competencia sobre la regulación de lo básico sobre el régimen energético. En este caso, la ley autonómica que procediese a regular el desarrollo de las bases estatales sería de aplicabilidad preferente al reglamento estatal de 2003. Éste sí tendría, sin embargo, aplicabilidad directa sobre la Comunidad Autónoma que no ha asumido la titularidad de la competencia de desarrollo aludida.
Es de aplicación supletoria en las Comunidades que han asumido estatutariamente la competencia de desarrollo y de aplicación directa en la que no la ha asumido Respuesta correcta El reglamento estatal de 2003 sería de aplicación supletoria en aquellas Comunidades Autónomas que han asumido estatutariamente la titularidad de la competencia sobre la regulación de lo básico sobre el régimen energético. En este caso, la ley autonómica que procediese a regular el desarrollo de las bases estatales sería de aplicabilidad preferente al reglamento estatal de 2003. Éste sí tendría, sin embargo, aplicabilidad directa sobre la Comunidad Autónoma que no ha asumido la titularidad de la competencia de desarrollo aludida.
No puede aplicarse en ninguna Comunidad Autónoma, pues es nula Respuesta incorrectaEl reglamento estatal no ha de considerarse como nulo ya que ejerce una competencia de desarrollo --de las bases del régimen energético, de competencia exclusiva estatal (art. 149,1,25º CE)-- que, al no haber sido asumido por todas las Comunidades Autónomas le corresponde lícitamente al Estado, en virtud de lo dispuesto en el art. 149, 3 CE.

23.- Las leyes autonómicas

Deberán adecuarse a la normativa básica aprobada en 2003 y no sólo a la que estaba vigente cuando ellas fueron dictadasRespuesta correcta Las leyes autonómicas deben respetar toda la normativa básica del Estado. Tanto las bases vigentes en el momento en el que se dictaron aquellas como de las determinadas posteriormente en el año 2003.
Son nulas, porque las normas de desarrollo sólo pueden tener rango reglamentarioRespuesta incorrecta Lo que estatutariamente ha sido atribuido a las Comunidades Autónomas es la competencia de desarrollo en materia de régimen energético. La Comunidad Autónoma puede decidir cuál es la fuente llamada a ejercer tal competencia.
Tan sólo deben respetar las bases estatales existentes en el momento en que se aprobaron Respuesta incorrectaLas leyes autonómicas deben respetar toda la normativa básica del Estado, ya sea de las bases vigentes en el momento en el que se dictaron aquellas, ya de las aprobadas por posterioridad.
Son nulas, porque no podían dictarse hasta que el Estado aprobara expresamente una regulación básica Respuesta incorrectaDe acuerdo con la jurisprudencia del TC, las Comunidades Autónomas pueden proceder al desarrollo de las bases del Estado aunque estas no hubieran sido dictadas de manera expresa. El TC ha determinado que lo básico puede deducirse de la normativa preexistente estatal aunque ella no hubiera sido aprobada expresamente con tal carácter.

24.- El Congreso

Puede decidir, como hizo, por mayoría simple la necesidad de aprobar una ley de armonización Respuesta incorrectaEl interés general, como presupuesto para dictar leyes de armonización, ha de ser apreciado por la mayoría absoluta del Congreso y del Senado (art. 150,3 CE).
Ha de apreciar por mayoría absoluta la necesidad de aprobar la Ley de armonización, lo mismo que el Senado Respuesta correcta El interés general, como presupuesto para dictar leyes de armonización, ha de ser apreciado por la mayoría absoluta del Congreso y del Senado (art. 150,3 CE).
puede autorizar en caso de extraordinaria y urgente necesidad al Gobierno para que dicte la ley de armonización Respuesta incorrectaEl requisito para aprobar una ley de armonización no es la extraordinaria y urgente necesidad, el que sí opera como presupuesto habilitante para dictar decretos-leyes. Las leyes de armonización han de dictarse en caso de que se dé un interés general. Ha de ser no sólo el Congreso, sino también el Senado, el que determine igualmente por mayoría absoluta qué deba de entenderse por interés general (art. 150,3 CE).
Puede autorizar la aprobación de una ley de armonización, pero por mayoría absoluta Respuesta incorrectaEl Congreso mediante la mayoría absoluta aprecia, en su caso, si existe un interés general merecedor de tutela mediante una ley de armonización, no la aprobación de ésta.

25.- La ley de armonización

Ha de ser aprobada, según el Art.150.3 CE, por mayoría absoluta en ambas Cámaras Respuesta incorrectaLas leyes de armonización no han de aprobarse mediante mayoría absoluta. Lo que sí requiere esta mayoría es la apreciación de la necesaria existencia de un interés general (art. 150,3 CE).
Ha de ser aprobada conforme al procedimiento de ley orgánica, según dispone el Art. 150.3 CE y recuerda la autorización del Congreso Respuesta incorrectaLas leyes de armonización no tienen que ser aprobadas por el procedimiento de las leyes orgánicas, aunque la apreciación del necesario interés general indispensable para aprobar la normativa de armonización deba de realizarse por mayoría absoluta del Congreso y del Senado (art. 150,3 CE).
Puede ser aprobada, según el Art. 150.3 CE, conforme al procedimiento ordinario Respuesta correcta Las aprobación de las leyes de armonización no exige que se someta al procedimiento de elaboración de las leyes orgánicas, aunque se requiera una mayoría absoluta en lo que se refiere a la apreciación de la indispensable existencia de un interés general. Las leyes de armonización pueden ser aprobadas por el procedimiento de elaboración de una ley ordinaria (art. 150,3 CE).
Será nula, pues pretende incidir en un ámbito de competencia autonómica Respuesta incorrectaEl Estado puede dictar leyes destinadas a armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas (art. 150,3 CE). Por lo tanto, no cabe aducir contra la constitucionalidad de la ley de armonización que incide en el ámbito de las competencias autonómicas.

Un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz, presenta en septiembre de 1990 una proposición de ley orgánica de regulación de la televisión, en la que no se hace referencia a qué preceptos tienen carácter orgánico y cuáles no. La Mesa del Congreso la admite a trámite, la envía a la Comisión correspondiente, la pública y abre un periodo de enmiendas, que sólo pueden versar sobre el articulado de la proposición. La Comisión elabora un dictamen con las enmiendas presentadas y lo envía al Pleno del Congreso. Éste, tras debatir las enmiendas no aprobadas en la Comisión, aprueba la proposición de ley en una votación de totalidad por mayoría absoluta. Más tarde, el Senado, aprueba por mayoría absoluta la proposición remitida por el Congreso, y la ley orgánica se publica en el BOE en diciembre de 1990. En 2001, el Principado de Asturias aprueba una ley de la televisión autonómica y establece que el Director del ente televisivo será nombrado por la Junta General del Principado y no por el Consejo de Gobierno, como establece con carácter general la Ley estatal de 1990. Entiende el Principado que la regulación de dicho nombramiento no tiene carácter orgánico y entra dentro de las competencias del Principado. En 2002 el Gobierno, previa autorización de las Cortes, firma un tratado internacional que establece que el Gobierno podrá controlar previamente el contenido de la información que vayan a difundir los medios de comunicación audiovisuales cuando considere de manera motivada que se puede poner en peligro la seguridad del Estado. 50 diputados interponen un recurso de inconstitucionalidad por considerar que el tratado vulnera el art. 20.2 CE, que garantiza la libertad de información y prohíbe la censura previa. En el Diario Oficial de las Unión Europea se publica un Reglamento de la Comisión sobre publicidad en televisión que prohíbe a partir del 1 de enero de 2003 los anuncios de tabaco. Las televisiones continúan en España emitiendo dicha publicidad con posterioridad a dicha fecha

26.- Señale la respuesta correcta

El grupo parlamentario no podía presentar la proposición de ley, al no estar formado por quince diputadosRespuesta incorrecta El art. 126,1 RCD permite alternativamente la presentación de proposiciones de ley a un grupo parlamentario y a 1 diputado con la firma de otros 14. En el presente caso la proposición se presenta por un grupo parlamentario. Es irrelevante que no sume el número de 15, ya que este número se requiere en el caso de que las proposiciones no vayan avaladas por el grupo parlamentario como unidad.
La proposición de ley tenía que haberse presentado como Ley Orgánica, al afectar al derecho fundamental a contraer matrimonio del art.. 32 CE Respuesta incorrectaSon leyes orgánicas, entre otras, las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Esta cláusula abarca tan sólo los derechos comprendidos en el Título I, capítulo II, sección 1ª, esto es, los comprendidos entre los arts. 14 a 29 CE. Por tanto, el derecho a contraer matrimonio, en tanto recogido en el art. 32 CE, no ha de ser desarrollado mediante una ley orgánica. Por eso la proposición de ley presentada no tuvo que presentarse con el carácter de orgánica.
La Mesa del Congreso debió enviar la proposición de ley al Pleno para su debate de totalidad Respuesta correcta Admitida la proposición de ley por la Mesa del Congreso, lo que debió realizar ésta de acuerdo con el procedimiento legislativo diseñado por el RCD fue someterla al debate de totalidad, antes de enviarla a la Comisión de Justicia (art. 126, 3, 4 y 5).
La Mesa hizo bien en enviar el texto a la Comisión de Justicia, ya que se trataba de una proposición y no de un proyecto de leyRespuesta incorrecta Admitida la proposición de ley por la Mesa del Congreso, lo que debió realizar ésta de acuerdo con el procedimiento legislativo diseñado por el RCD fue someterla al debate de totalidad, antes de enviarla a la Comisión de Justicia (art. 126, 3, 4 y 5). Sólo los proyectos de ley están exentos del trámite del debate de totalidad para la toma en consideración por el pleno de la Cámara.

27.- La función de la Ponencia tenía que haber sido

Abrir el periodo de enmiendasRespuesta incorrecta La apertura del plazo para la interposición de enmiendas a la iniciativa legislativa le corresponde a la Mesa de la Cámara (art. 126, 5 RCD).
Elaborar un Informe sobre las enmiendas presentadas para ordenar el debate del texto Respuesta correcta Finalizado el debate de totalidad en el Pleno del Congreso, la Comisión de Justicia debió haber nombrado en su seno uno o varios ponentes para que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado, redactase un informe en el plazo de quince días (art. 113 RCD).
Realizar el Dictamen de la proposición de ley, para incluir en ella las enmiendas que considere más pertinentes Respuesta incorrectaFinalizado el debate de totalidad en el Pleno del Congreso, la Comisión de Justicia debió haber nombrado en su seno uno o varios ponentes para que, a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado, redactase un informe--no un dictamen-- en el plazo de quince días (art. 113 RCD).
Aprobar en lectura única el texto resultante de añadir a la proposición las enmiendas aprobadasRespuesta incorrecta La facultad para aprobar en trámite de lectura única proyectos y proposiciones de ley corresponde a la Comisión, no a su Ponencia (art. 150, 1 y 2 RCD).

28.- Si el Pleno Congreso lo hubiese decidido

la Comisión podría aprobar en lectura única la proposición de ley Respuesta correcta Cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se trámite directamente y en lectura única (art. 150,1 RCD). De conformidad con ello, la Comisión de Justicia podría haber aprobado en lectura única la proposición de ley si así lo hubiera autorizado el Congreso.
No podría aprobar la proposición de ley en lectura única, porque esa proposición debería tener carácter de ley orgánicaRespuesta incorrecta Son leyes orgánicas, entre otras, las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Esta cláusula abarca tan sólo los derechos comprendidos en el Título I, capítulo II, sección 1ª, esto es, los comprendidos entre los arts. 14 a 29 CE. Por tanto, el derecho a contraer matrimonio, en tanto recogido en el art. 32 CE, no ha de ser desarrollado mediante una ley orgánica. Por eso la proposición de ley presentada no tuvo que presentarse con el carácter de orgánica. En consecuencia sí podía haber sido tramitada por el procedimiento de lectura única.
Podría aprobar la ley sin intervención del Senado, siempre que lo hiciese por mayoría absoluta y el Gobierno no se opusieseRespuesta incorrecta Las normas que revisten la forma de ley han de ser aprobadas por el Congreso y por el Senado, en la medida en que la función legislativa se atribuye a éstos órganos conjuntamente, no por separado (art. 66,1 CE).
Podría, tras la aprobación definitiva de la ley, convocar un referéndum para su ratificación Respuesta incorrectaEn la CE no se contempla la posibilidad de convocar un referéndum para la ratificación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales.

29.- El Senado

Sólo podía vetar artículos concretos del texto de la ley aprobado por el Congreso, pero no el texto en su totalidad Respuesta incorrectaDe conformidad con lo previsto en el art. 90,2 CE, el Senado sólo podría vetar, en su caso, la totalidad de la proposición de ley aprobada por el Congreso.
Sólo podía interponer el veto a la totalidad de la ley y por mayoría absolutaRespuesta correcta De conformidad con lo previsto en el art. 90,2 CE, el Senado sólo podría vetar, en su caso, la totalidad de la proposición de ley aprobada por el Congreso. Ello habría de hacerse obligatoriamente mediante mayoría absoluta.
Sólo podía interponer el veto a la totalidad de la ley y por mayoría simple, ya que no se trataba de una ley orgánicaRespuesta incorrecta En el caso de que el Senado decida interponer el veto a la proposición de ley procedente del Congreso, ha de hacerlo mediante mayoría absoluta, y ello independientemente de si el texto remitido por el Congreso posee o no carácter orgánico (art. 90,2 CE).
Podía impedir con un segundo veto, y con carácter definitivo el levantamiento del primer veto efectuado por el Congreso. Siempre que lo hiciese por mayoría de dos tercios Respuesta incorrectaEl veto interpuesto, en su caso, por el Senado, puede ser levantado por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta o por mayoría simple transcurridos dos meses. El texto posteriormente será remitido al Rey para su sanción, sin que el Senado pueda interponer un segundo veto a la decisión adoptada por el Congreso (art. 90,2 CE).

30.- Actuó constitucionalmente

La Mesa del Congreso cuando aceptó la proposición de ley presentada por un grupo parlamentario de cinco diputadosRespuesta correcta El art. 126,1 RCD permite alternativamente la presentación de proposiciones de ley a un grupo parlamentario y a 1 diputado con la firma de otros 14. En el presente caso la proposición se presenta por un grupo parlamentario. Es irrelevante que no sume el número de 15, ya que este número se requiere en el caso de que las proposiciones no vayan avaladas por el grupo parlamentario como unidad. Por eso la Mesa actuó constitucionalmente al admitir a trámite la proposición de ley.
El Pleno del Congreso cuando aprobó en un debate de totalidad y por mayoría simple el Dictamen elaborado por la Ponencia Respuesta incorrectaEl Pleno del Congreso de los Diputados sobre lo que debió pronunciarse fue sobre el dictamen aprobado por la Comisión, no por la ponencia (art. 116 y ss. RCD).
El Rey cuando se negó a sancionar una ley que considera contraria al espíritu laico de nuestra carta magna Respuesta incorrectaTanto la sanción como la promulgación de la ley son para el Rey actos debidos, sin que pueda negarse a su realización (art. 91 CE).
El Gobierno, cuando, ante la negativa del Rey a sancionar la Ley y pasado el plazo de quince días previsto para este trámite, ordenó la publicación de la ley en el BOERespuesta incorrecta Las leyes han de ser obligatoriamente sancionadas por el Rey dentro del plazo de 15 días (art. 91 CE). Tales requisitos son constitutivos de la validez de la ley, no siendo suficiente la publicación oficial ordenada por el Gobierno.