Test sobre Fuentes y Jurisdicción II

En marzo de 2004 las Cortes aprueban una nueva Ley de Extranjería, en la que se regula el régimen de visados (indicando que sólo existirán tres tipos) y se dispone que un reglamento señalará todos los derechos y libertades que podrán corresponderles a los extranjeros en el territorio nacional. En mayo, el Gobierno aprueba el Reglamento de extranjería, en el que, además de introducir nuevos tipos de visado no previstos en la Ley, se estipula que los extranjeros podrán acceder a la función pública en igualdad de condiciones con los españoles. No se les podrá exigir para las pruebas de acceso el conocimiento de una lengua oficial autonómica.   El Parlamento Vasco impugna ante el Tribunal Constitucional tanto la Ley como el Reglamento, por considerar que invade sus competencias, ya que una Ley vasca exige el conocimiento del euskera a todos los que ingresen en puestos de funcionario que hayan de relacionarse directamente con los administrados. 

 
 1.- ¿Es correcta la remisión que efectúa la Ley de Extranjería a favor del Reglamento?

a. Sí. Sólo si existe tal remisión o habilitación expresa podría dictarse un Reglamento ejecutivo. Respuesta incorrecta El fundamento de la potestad reglamentaria no deriva de la ley, sino directamente de la CE (art. 97). En consecuencia, el Gobierno no hubiera necesitado habilitación expresa para dictar un reglamento desarrollando la ley
b. No, puesto que se trata de una deslegalización en una materia que es objeto de reserva de ley, ya que el art. 13 CE dispone que una ley regulará los derechos y libertades de los extranjeros en España.Respuesta correcta No cabe la deslegalización en materia de reserva de ley, que existe efectivamente respecto de los derechos y libertades de los extranjeros (art. 13.3 CE).
c. No sería necesaria. El Reglamento de Extranjería podría regular libremente los derechos y libertades de los extranjeros, ya que en nuestro ordenamiento son posibles los reglamentos independientes. Respuesta incorrecta No sería necesaria porque el fundamento de la potestad reglamentaria deriva de la CE, no de la ley. Sin embargo, en materias sometidas a reserva de ley no cabe un reglamento independiente, sino sólo reglamentos ejecutivos, plenamente sometidos a la ley.
d. No. La Ley nunca puede remitirse a un reglamento para que complemente su contenido. Respuesta incorrecta La ley puede realizar perfectamente remisiones al reglamento para que complete sus prescripciones en cuestiones de detalle.

2.- La regulación de nuevos tipos de visado que realiza el Reglamento,

a. Es nula, por atentar contra el principio de jerarquía normativa. Respuesta correcta El reglamento contraviene la ley que sólo consagra tres tipos de visados. Al introducir otros adicionales infringe el principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE).
b. Es válida, ya que los reglamentos pueden ser independientes y, por tanto, introducir nuevas regulaciones no previstas en la ley. Respuesta incorrecta En el caso de materias sometidas a reserva de ley, sólo caben reglamentos plenamente sometidos a la ley, sin que puedan innovar el ordenamiento.
c. Es nula porque la ley no ha habilitado expresamente al Reglamento a desarrollar esa materia, condición indispensable para que pudiera dictarse un reglamento de desarrollo. Respuesta incorrecta El fundamento de la potestad reglamentaria en el ordenamiento español no deriva de la ley, sino de la propia CE (art. 97 CE). En consecuencia, la ausencia de una remisión por parte de la ley no puede ser la causa de la prohibición de la existencia de un reglamento de desarrollo.
d. Es nula, porque la regulación de la ley de los visados produce una congelación de rango, en virtud de la cual esa materia queda en el futuro reservada a la ley.Respuesta incorrecta El hecho de que la ley regule los visados no significa que en el futuro toda esa materia sólo pueda ser regulada por una ley. El reglamento puede ocuparse de la materia sobre visados, desarrollándola, siempre que no contradiga lo dispuesto en la ley.

 
 3.- ¿Qué relación jurídica existe entre la Ley Vasca y el Reglamento del Gobierno central?

a. El Reglamento es superior jerárquicamente, ya que es una norma del Estado central. Respuesta incorrecta La relación que existe entre el derecho del Estado y el derecho de las Comunidades Autónomas no se rige por el criterio de jerarquía, sino por el de competencia.
b. La Ley Vasca es superior jerárquicamente, en virtud del principio de legalidad.Respuesta incorrecta La relación que existe entre el derecho del Estado y el derecho de las Comunidades Autónomas no se rige por el criterio de jerarquía, sino por el de competencia.
c. La Ley estatal será nula si versa sobre una competencia que han asumido y ejercido todas las Comunidades Autónomas, o sólo aplicable supletoriamente si no es así. Respuesta correcta Si las Comunidades Autónomas han asumido y ejercido una competencia, el Estado carece de título competencial sobre el que aprobar una ley ejerciéndola.
d. La Ley Vasca es inaplicable, aplicándose preferentemente el Reglamento. Respuesta incorrecta La relación que existe entre el derecho del Estado y el derecho de las Comunidades Autónomas se rige por un criterio de validez (en concreto, la competencia), no por el de aplicabilidad.

4.- ¿Cómo podrían impugnar los órganos del País Vasco el Reglamento estatal?

a. Exclusivamente presentando un recurso contencioso-administrativo. Respuesta incorrecta El art. 61,1 LOTC permite a las Comunidades Autónomas plantear conflictos de competencia ante el TC frente a "disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado"
b. Mediante un recurso de inconstitucionalidad.Respuesta incorrecta El recurso de inconstitucionalidad no puede interponerse frente a reglamentos aprobados por el Gobierno del Estado (art. 31 LOTC).
c. A través de un conflicto positivo de competencias. Respuesta correcta El art. 61,1 LOTC permite a las Comunidades Autónomas interponer un conflicto positivo de competencias frente a "disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado".
d. A través de un conflicto negativo de competencias.Respuesta incorrecta Los conflictos negativos de competencia pueden interponerse frente a la omisión del ejercicio de competencias (art, 68 LOTC). En este caso, lo que se impugna es un acto normativo no una omisión, por lo que el conflicto negativo no sería el mecanismo procesal adecuado.

5.- Si se impugnase el Reglamento ante el Tribunal Constitucional

a. Éste procedería a la suspensión automática del mismo. Respuesta incorrecta Salvo que el conflicto hubiese sido instado por el Gobierno de la Nación, al amparo del art. 161,2 CE, su mera interposición no suspende la vigencia de la norma impugnada (art. 64,2 LOTC).
b. Sólo procedería a la suspensión del Reglamento si se lo solicitase el Gobierno Vasco y lo estimase conveniente. Respuesta correcta Salvo que el conflicto hubiese sido instado por el Gobierno de la Nación, al amparo del art. 161,2 CE, la suspensión de la norma impugnada sólo se produce si el Tribunal lo autoriza previa petición del recurrente (art. 64,3 LOTC).
c. Sólo podría suspender el Reglamento por un plazo de un mes.Respuesta incorrecta Acordada la suspensión de la norma impugnada, el TC en el plazo de 5 meses después de iniciado el conflicto, se pronunciará sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión decretada (art.65, 2 LOTC).
d. Sólo suspendería el Reglamento si la regulación de la materia por la normativa vasca es suficiente, ya que de lo contrario se produciría un vacío legal. Respuesta incorrecta La suspensión de la norma impugnada se condiciona a la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación, aspecto que ha de ser libremente valorado por el TC (art. 64,3 LOTC).

En octubre de 1978 el ciudadano D.A.L. solicita la inscripción en el Registro de Partidos del "Partido Anarquista Español". El Ministerio del Interior niega la inscripción ajustándose al entonces vigente Decreto de 1974 de Asociaciones Políticas cuyo art. 5 señala que "quedan prohibidos los partidos contrarios a los Principios del Movimiento".  Dos años más tarde se presenta en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Asociaciones Políticas, que obtiene mayoría absoluta en la Cámara Baja, pero que es vetada por el Senado. A pesar de ello, el Congreso seis meses después levanta el veto por mayoría simple y la Ley resulta aprobada. Una disposición adicional indica que todos sus artículos tienen carácter orgánico.   Transcurrido un año, la Ley Orgánica de Asociaciones Políticas resulta doblemente modificada:        Por una Ley ordinaria, que modifica el sistema de financiación de partidos.          Por un Tratado Internacional celebrado por el Gobierno (art. 94.2 CE), que altera los requisitos formales para la inscripción de los partidos en el Registro.   

 6.- ¿Cómo afecta la entrada en vigor de la Constitución al Decreto de Asociaciones Políticas?

a. Lo deroga, porque la Constitución exige que los partidos políticos sean regulados por Ley, y no por Decreto.Respuesta incorrecta La CE sólo deroga las disposiciones preconstitucionales que, además, sean contrarias a su contenido. Esto no se produce por el hecho de que una norma preconstitucional hubiese sido aprobada al margen de los procedimientos dispuestos por la CE para ello.
b. Lo deroga totalmente, independientemente de su contenido, por cuanto se trata de una norma preconstitucional. Respuesta incorrecta La CE sólo deroga las disposiciones preconstitucionales que, además, sean contrarias a su contenido. Por eso, la mera existencia de una norma preconstitucional no es causa de su derogación.
c. Deroga aquellas partes, como el art. 5, que se opongan materialmente a lo dispuesto en la Constitución La CE sólo deroga las disposiciones preconstitucionales que, además, sean contrarias a su contenido. Respuesta correcta Y el art. 5 del Decreto de 1974, de Asociaciones políticas, lo es, en la medida en que contradice el art. 6 CE, que no permite la ilegalización de los partidos por los fines que persigan.
d. Lo anula ex tunc, quedando sin valor todos los efectos jurídicos que hubiese producido desde la aprobación misma del Decreto en 1974.Respuesta incorrecta La CE lo que hace es derogar la norma preconstitucional en el momento en el que aquella ha entrado en vigor (ex nunc). Por eso todos los efectos jurídicos que ha desplegado el Decreto desde su entrada en vigor son válidos hasta la aprobación de la CE de 1978.

 7.- Una vez aprobada la Constitución, y antes de que la Ley Orgánica regulase el derecho de asociación

a. El derecho carecía de eficacia jurídica, puesto que para ser efectivo necesitaba desarrollo normativo.Respuesta incorrecta La CE, en cuanto norma suprema, tiene eficacia jurídica directa (art. 9,1 y 53,1 CE), independientemente de que haya sido o no objeto de desarrollo legislativo.
b. Sería posible que, interinamente, el derecho fuese regulado por el Gobierno a través de un reglamento. Respuesta incorrecta El Gobierno no podría regular
c. No se podría acudir al Tribunal Constitucional por violación del derecho de asociación. Respuesta incorrecta La CE, en cuanto norma suprema, tiene eficacia jurídica directa (art. 9,1 y 53,1 CE), independientemente de que haya sido o no objeto de desarrollo legislativo. Por ello sí sería posible alegar la vulneración del derecho fundamental ante el TC.
d. El derecho tendría eficacia directa, aun faltándole el desarrollo legislativo. Respuesta correcta La CE, en cuanto norma suprema, tiene eficacia jurídica directa (art. 9,1 y 53,1 CE), independientemente de que haya sido o no objeto de desarrollo legislativo.

 
 8.- La tramitación de la Ley Orgánica:

a. Fue correcta , pero el proyecto de ley podría haberse presentado también en el Senado.Respuesta incorrecta Los proyectos de ley se presentan ante la Mesa del Congreso de los Diputados (art. 88 CE).
b. Fue incorrecta , ya que la Ley Orgánica tendría que haberse aprobado también por mayoría absoluta en el Senado. Respuesta incorrecta El art. 81,1 CE requiere que la mayoría absoluta para la aprobación de las leyes orgánicas se obtenga en el Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c. Fue incorrecta , ya que el veto del Senado sólo puede superarse en el Congreso a través de mayoría absoluta.Respuesta correcta A pesar de que, con carácter general, el veto interpuesto por el Senado puede dejarse sin efecto por el Congreso por mayoría simple una vez transcurridos dos meses (art. 90,2 CE), el art. 132 RCD excepciona tal regla para el caso de la tramitación de las leyes orgánicas. En este caso, el levantamiento del veto del Senado exigirá, en cualquier caso, la mayoría absoluta del Congreso.
d. Fue correcta , debiendo procederse a su promulgación, sanción y publicación oficial Falso. Respuesta incorrecta A pesar de que, con carácter general, el veto interpuesto por el Senado puede dejarse sin efecto por el Congreso por mayoría simple una vez transcurridos dos meses (art. 90,2 CE), el art. 132 RCD excepciona tal regla para el caso de la tramitación de las leyes orgánicas. En este caso, el levantamiento del veto del Senado exigirá, en cualquier caso, la mayoría absoluta del Congreso.

 9.- Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Ley ordinaria que modifica la Ley Orgánica en materia de financiación de partidos políticos,

a. Sería en principio nula, por afectar a materia orgánica, salvo que el TC declarase la inconstitucionalidad de la disposición adicional de la ley. Respuesta correcta Respuesta incorrecta Según la teoría material de ley orgánica seguida por el TC, la ley ordinaria posterior no puede derogar válidamente aquellos preceptos contenidos en una ley orgánica, salvo que ésta le hubiese privado el carácter orgánico a ciertos preceptos en una disposición adicional. Si esto no se hubiere contemplado la ley ordinaria posterior sería inconstitucional.
b. Sería automáticamente nula, al margen de cualquier declaración del Tribunal Constitucional, puesto que toda regulación del derecho de asociación exige de Ley Orgánica.Respuesta incorrecta Según el art. 81,1 CE sólo el desarrollo del derecho de asociación requiere una ley orgánica. La regulación del ejercicio de aquel derecho puede ser realizada perfectamente por una ley ordinaria.
c. Sería válida, puesto que el TC mantiene una concepción procedimental de la ley orgánica, que  considera que sólo tiene carácter orgánico lo que materialmente es orgánico, al margen del deslinde que pueda hacer el legislador orgánico en la disposición adicional de la ley.Respuesta incorrecta La teoría manejada por el TC no es la procedimental sino la material. Conforme a esta, a ley ordinaria posterior no puede derogar válidamente aquellos preceptos contenidos en una ley orgánica, salvo que ésta le hubiese privado el carácter orgánico a ciertos preceptos en una disposición adicional. Si esto no se hubiere contemplado la ley ordinaria posterior sería inconstitucional.
d. Sería nula, toda vez que, regulada por Ley orgánica esa materia, ésta adquiere rigidez en el rango, debido a la posición de superioridad jerárquica de la ley orgánica sobre la ley ordinaria.Respuesta incorrecta La ley orgánica, de acuerdo con la teoría material manejada por el TC, no se relaciona con la ley orgánica con arreglo a un criterio de jerarquía, sino de competencia.

 
 10.- El tratado internacional en virtud del cual se modifica la Ley Orgánica de asociaciones políticas,

a. Tendría que haberse celebrado a través del art. 93 CE, ya que sólo los tratados celebrados por esta vía pueden modificar leyes orgánicas.Respuesta incorrecta No sólo los tratados celebrados por el procedimiento del art. 93 CE pueden derogar o modificar leyes anteriores. También esta posibilidad se le atribuye a los tratados internacionales del art. 94,1 CE. Dejando esto a un lado, el tratado al que se refiere el caso, por razón de la materia, no se corresponde con los del art. 93 CE, cuya función es la cesión a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
b. Se aplicaría preferentemente sobre la Ley orgánica, aun cuando hubiese sido celebrado por la vía del art. 94.2 CE  (comunicación a las Cortes de la celebración del tratado).Respuesta incorrecta La relación entre la ley orgánica anterior y el tratado posterior no se rige por el criterio de aplicabilidad, sino por el de validez (art. 94,1 e CE).
c. Tendría que haberse celebrado por el procedimiento establecido en el art. 94.1 CE (autorización de las Cortes). Respuesta correcta Los tratados internacionales que afecten a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Titulo I (art. 94,1 c CE) o los que supongan modificación o derogación de alguna ley (art. 94,1 e CE), como sucede el caso, han de ser tramitados por el procedimiento del art. 94,1 CE, con autorización de las Cortes Generales.
d. Sería inconstitucional, porque la regulación del Registro exige ley orgánica, no pudiendo nunca los tratados internacionales regular materias reservadas a dicha forma jurídica. Respuesta incorrecta Las leyes orgánicas en la CE no son una forma jurídica diferente a las leyes ordinarias, sino que son sólo una subespecie de la forma única "ley". De conformidad con ello, en la medida en que, como dispone el art. 94,1 e CE, los tratados pueden modificar o derogar leyes, los tratados internacionales pueden regular materias propias de ley orgánica.

Debido a la alta siniestralidad laboral, el Gobierno decide dictar un Decreto Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En él se establecen tanto las medidas que debe adoptar el empresario para evitar accidentes laborales como un régimen sancionador para el caso de incumplimiento empresarial que, en los casos más graves, puede llevar aparejada la pena de privación de libertad.  El Decreto-Ley es convalidado por el Congreso de los Diputados y, posteriormente, convertido en Ley de Prevención de Riesgos Laborales.   Unos años más tarde, las Cortes aprueban una Ley de Bases por la que delegan en el Gobierno la facultad de dictar en el plazo de un año un Decreto Legislativo sobre sanciones en materia de riesgos laborales. El Decreto legislativo se publica dentro del año. En su contenido reitera la pena privativa de libertad para el empresario por faltas graves y, además, establece nuevas medidas de prevención de riesgos. 

11.- ¿Puede regular el Decreto Ley medidas de prevención de riesgos laborales?

a. No, porque afecta a la libertad de empresa (art. 38 CE) y los Decretos-Leyes no pueden en ningún caso afectar a derechos y libertades. Respuesta incorrecta La prohibición de afectación del decreto-ley a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I (art. 86,2 CE) lo que prohíbe es una regulación que afecte al contenido esencial del derecho, lo que no sucede en el caso (STC 182/1997).
b. Sí, siempre que exista una extraordinaria y urgente necesidad. Respuesta correcta No concurriendo aquí el límite material de la afectación de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I; (art. 86,2 CE), el decreto-ley para ser válido sólo le restaría por cumplir el límite formal del presupuesto habilitante; (art. 86,1 CE).
c. No, esta regulación sólo podría realizarse a través de Ley Orgánica. Lo que está reservado a la ley orgánica es el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas; (arts. 14 a 29 CE).Respuesta incorrecta En el caso, el ámbito material de afectación del decreto-ley se encuentra al margen de dicho catálogo de derechos.
d. Sí, pero la regulación sólo surtirá efecto desde la convalidación por parte del Congreso de los Diputados.Respuesta incorrecta Los decretos-leyes son válidos desde el momento mismo de su aprobación por parte del Gobierno una vez promulgados, surtiendo desde ese instante plenos efectos jurídicos (art. 86,1 CE). La convalización lo único que hace es prorrogar la vigencia temporal del decreto-ley más allá de los primeros 30 días (art. 86,2 CE).

 
 12.- ¿Pueden el Decreto Ley y la Ley posterior de Prevención de Riesgos Laborales establecer sanciones privativas de libertad?

a. Ni el Decreto Ley ni la Ley pueden regular esta materia, por ser objeto de Ley Orgánica. La conversión en Ley del Decreto Ley no subsana, por tanto, este error material. Respuesta correcta Ambas normas son inválidas porque la previsión de cuáles sean las sanciones privativas de libertad afecta al contenido nuclear de diferentes derechos fundamentales (p. ej.\: art. 17 CE). Por ello, la previsión de las sanciones es materia propia de ley orgánica (art. 81,1 CE).
b. El Decreto Ley es nulo, pero la Ley es válida, ya que puede regular dicha materia. Respuesta incorrecta El TC declararía la inconstitucionalidad del primero, pero no de la segunda. Ambas normas son inválidas porque la previsión de cuáles sean las sanciones privativas de libertad afecta al contenido nuclear de diferentes derechos fundamentales (p. ej.\: art. 17 CE). Por ello, la previsión de las sanciones es materia propia de ley orgánica (art. 81,1 CE).
c. El Decreto Ley puede regular dichas sanciones, pero sólo si es convalidado por el Congreso de los Diputados.Respuesta incorrecta Ambas normas son inválidas porque la previsión de cuáles sean las sanciones privativas de libertad afecta al contenido nuclear de diferentes derechos fundamentales (p. ej.\: art. 17 CE). Por ello, la previsión de las sanciones es materia propia de ley orgánica (art. 81,1 CE).
d. El Decreto Ley no puede regular esa materia, pero sí la Ley, de modo que, aprobada ésta, se subsanaría retroactivamente el error material del Decreto Ley. Respuesta incorrecta Ambas normas son inválidas porque la previsión de cuáles sean las sanciones privativas de libertad afecta al contenido nuclear de diferentes derechos fundamentales (p. ej.\: art. 17 CE). Por ello, la previsión de las sanciones es materia propia de ley orgánica (art. 81,1 CE).

13.- ¿Qué requisitos de los siguientes deberá cumplimentar la Ley de Bases?

a. Tener carácter de Ley Orgánica. Respuesta incorrecta La ley de bases no puede revestir tal carácter en la medida en que se encuentra prohibida la delegación de materias propias de ley orgánica (art. 82,1 CE).
b. Establecer los criterios y principios a los que debe ajustarse el ejercicio de la delegación legislativa. Respuesta correcta El art. 82,4 CE determina que las leyes de bases delimitarán con precisión  los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
c. Posibilitar al Gobierno la modificación de la propia Ley de Bases cuando existan motivos razonables para ello. Respuesta incorrecta El art. 83, a CE prohíbe a la ley de bases-- sin previsión de excepción alguna-- autorizar al Gobierno a modificar la propia ley de bases.
d. Establecer un sistema de control sobre el Decreto Legislativo que, en todo caso, debe suponer una convalidación de éste por el Congreso de los Diputados. Respuesta incorrecta El trámite de la convalización se encuentra previsto constitucionalmente para el caso de los decretos-leyes (art. 86,2 CE). Los decretos-legislativos no son susceptibles de convalización, aunque sí pueden establecerse en la ley de bases fórmulas de control parlamentario (art. 82,6 CE).

 
 14.- Señale la proposición correcta

a. Las Cortes podrían dentro del plazo concedido para dictar el Decreto legislativo derogar la Ley de Bases siempre que se trate de una derogación expresa. Respuesta correcta Como se desprende del art. 84 CE. Las Cortes Generales pueden proceder a la derogación expresa de la ley de delegación, mientras esta se encuentre en vigor, sin que el Gobierno pueda oponerse a ello.
b. Estando en vigor la Ley de Bases, el Gobierno no podría oponerse a la tramitación de una proposición de ley contraria a dicha delegación legislativa.Respuesta incorrecta El art. 84 CE faculta al Gobierno a oponerse a la tramitación de proposiciones de ley o de enmiendas que implícitamente contravengan una delegación legislativa en vigor.
c. Mientras no concluya el plazo de un año concedido para hacer uso de la delegación legislativa el Gobierno podría aprobar cuantos Decretos legislativos estimase pertinentes siempre que no excediesen los límites materiales de la delegación.Respuesta incorrecta Las delegaciones legislativas sólo amparan la aprobación de un sólo decreto-legislativo. Así se desprende del art. 82,2 CE, al disponer que la delegación se agote por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente
d. Si no están en juego derechos fundamentales, el Gobierno podría subdelegar la aprobación del Decreto-Legislativo en una Comisión Delegada del Gobierno, siempre que lo solicite a las Cortes y éstas lo autoricen de manera expresa.Respuesta incorrecta El art. 82,3 CE precisa que no se permite la delegación legislativa no puede subdelegarse a autoridades distintas del propio Gobierno.

 15.- ¿Ha incurrido en alguna infracción el Gobierno al regular en el Decreto Legislativo nuevas medidas de prevención de riesgos?

a. Sí, incurre en ultra vires, al excederse de los términos de la delegación. Respuesta correcta Según el TC, los jueces y tribunales podrán controlar este exceso material. El decreto-legislativo incurre en ultra vires al excederse de los términos de la delegación legislativa. El control del ultra vires ha de realizarse-- según se desprende del art. 82,6 CE, en interpretación avalada por el TC-- por parte de los tribunales ordinarios.
b. Sí, pero según la doctrina del TC el exceso en la regulación sólo puede ser controlada por el Tribunal Constitucional, a través de un recurso de inconstitucionalidad. Respuesta incorrecta El TC permite que el ultra vires pueda ser controlado por parte de los jueces ordinarios.
c. Sí, ya que la Ley de Bases sólo autoriza a refundir textos legales que regulan una determinada materia, no a innovar el ordenamiento jurídico en esa materiaRespuesta incorrecta Las leyes de bases autorizan al Gobierno a aprobar textos articulados que innoven el ordenamiento (art. 82,2 CE).
d. No, puesto que debe permitirse al Decreto Legislativo que regule otras materias, a fin de garantizar el principio de economía legislativa. Respuesta incorrecta El Gobierno, al aprobar un decreto-legislativo ejerce una potestad legislativa originaria de las Cortes Generales cedida al mismo. Por ello, el art. 82 CE exige que el decreto-legislativo deba ajustarse a los términos de la delegación realizada por las Cortes.

Según el art. 149.1.11 es competencia exclusiva del Estado la regulación de las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. En el art. 148 CE no se menciona esta materia. En 1983 Las Cortes aprueban como ley ordinaria la ley general de Seguros que dispone que la ejecución de la inspección sobre las compañías de seguros corresponde al Estado. A los dos meses de aprobada esta ley el Presidente de la Generalidad de Cataluña presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, al figurar en el Estatuto catalán la competencia ejecutiva en materia de seguros.    En 1999 todas las Comunidades Autónomas (CCAA) que accedieron a su autonomía por la vía del art. 143 CE alcanzan el mismo techo competencial que las CCAA de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. En la reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía se incluye como competencia ejecutiva la inspección de seguros en el ámbito autonómico propio. En 2002 el Gobierno dicta un decreto que regula la categoría profesional de los inspectores de seguros y los procedimientos de su actuación. Algunas CCAA plantean un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto por invasión competencial, pese a que el Decreto establece en una disposición final que sólo se aplicará con carácter supletorio.    En 2004 merced a los acuerdos políticos entre el Gobierno y las CCAA se pacta una reforma de los Estatutos que incluyen entres las nuevas competencias de las CCAA la legislación básica sobre banca, Cajas de Ahorros y seguros y con la garantía de que si se producen disfunciones o desequilibrios interterritoriales las Cortes podrán aprobar una ley de armonización. 

 16.- La ley estatal de seguros de 1983

a. Era inconstitucional, pues el Estado carecía de competencia para regular la materia de seguros.Respuesta incorrecta El art. 149, 1,11 CE dispone que las bases de la ordenación de los seguros sea precisamente una competencia exclusiva del Estado.
b. No podía ser objeto de recurso de inconstitucionalidad al haberse agotado el plazo para poder interponer el recurso. Respuesta incorrecta El plazo genérico para la interposición del recurso de inconstitucionalidad es 3 meses y excepcionalmente de 9 meses (art. 33,1 y 2 LOTC).
c. No podía ser impugnada por el Presidente de la Generalidad, ya que no estaba legitimado para ello Respuesta correcta El Presidente de una Comunidad Autónoma no tiene competencia para interponer recurso de inconstitucionalidad (art. 32,2 LOTC).
d. Sólo podía ser impugnada por el Presidente del Gobierno español, cincuenta diputados, cincuenta senadores o el Defensor del Pueblo.Respuesta incorrecta Además de los sujetos mencionados, están también legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 32,2 LOTC).

 
 17.- La ley estatal de seguros de 1983

a. Tenía que aprobarse como una Ley de Bases que autorizase la aprobación de Decretos Legislativos por las Comunidades Autónomas. Respuesta incorrecta La competencia del Estado para la fijación de lo básico en el ámbito autonómico no cumple la misma función que las leyes de bases en materia de delegación legislativa (art. 82 CE). La determinación de lo básico por parte del Estado en el principio autonómico no implica formalmente ninguna cesión de competencias ni de funciones.
b. Forma parte del bloque de la constitucionalidad, ya que concreta jurídicamente lo que en abstracto ya menciona la Constitución como básico en materia de seguros. Respuesta correcta La ley estatal de seguros comparte, efectivamente, la función del bloque de la constitucionalidad\: cerrar la indefinición jurídica--no política, propia del bloque constitucional-- del concepto legislación básica en el art. 149.1.11º.
c. Es inconstitucional porque la legislación básica debe aprobarse por ley orgánicaRespuesta incorrecta La legislación básica no tiene porque estar contenida en una ley orgánica, sino que perfectamente puede aprobarse mediante una ley ordinaria, tal y como se desprende de la jurisprudencia del TC.
d. Es constitucional porque el Estado puede regular cualquier materia, aunque no siempre con carácter exclusivo. Respuesta incorrecta El Estado no puede regular cualquier materia, sino sólo aquellas materias o competencias sobre materias que la CE o el bloque constitucional le atribuye (arts. 147,1 y 149,1 CE).

 
 18.- Las CCAA del art. 143

a. podían desde un principio tener competencia ejecutiva en materia de inspección de seguros, ya que no se trataba de una competencia exclusiva del Estado. Las CCAA constituidas por el procedimiento del art. 143 CE. Respuesta incorrecta No pueden asumir, en un principio, más competencias que las expresamente enumeradas en el art. 148. Como la competencia ejecutiva en materia de seguros no se encuentra en el art. 148 CE, las CCAA del 143 CE no podrían haber asumido tal competencia en el momento de su constitución.
b. Podían desde un principio tener competencia sobre la materia, ya que no entra dentro de lo básico la mera inspección de los seguros.Respuesta incorrecta Las CCAA constituidas por el procedimiento del art. 143 CE. No pueden asumir, en un principio, más competencias que las expresamente enumeradas en el art. 148. Como la competencia ejecutiva en materia de seguros no se encuentra en el art. 148 CE, las CCAA del 143 CE no podrían haber asumido tal competencia en el momento de su constitución.
c. no podían en su inicio tener dicha competencia, pero sí una vez transcurridos cinco años desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía y siempre que se asumiese la competencia a través de una ley de de delegación del art. 150.2 CE. Respuesta incorrecta Tras 5 años las CCAA del art. 143 podrían haber asumido la competencia ejecutiva en materia de inspección de seguros. Sin embargo, la asunción de dicha competencia ha de realizarse a través de la reforma de su Estatuto de Autonomía (art. 148,2 CE). La ley estatal del art. 150,2 CE no cede a las CCAA la titularidad de competencias, sino que sólo cede facultades de ejecución sobre materias de titularidad estatal.
d. Podían en 1999 tener dicha competencia, ya que la aprobación de los respectivos Estatutos se hizo entre los años 1981 y 1983 Respuesta correcta En el año 1999 las CCAA del art. 143 CE ya podrían asumir la competencia ejecutiva en materia de inspección de seguros, ya que el art. 148,2 faculta a dichas CCAA a aumentar su volumen competencial hasta el límite infranqueable del art. 149 CE después de 5 años y reformando sus estatutos.

 19.- El Decreto del Gobierno regulando la categoría profesional de los inspectores de seguros y los procedimientos de su actuación

a. Es constitucional, ya que la legislación básica tiene un sentido material y puede ser regulada tanto por ley como por Decreto. Respuesta incorrecta Lo importante es que regule una materia básica. Como ha dejado claro el TC, en materia de legislación básica rige el principio de preferencia de ley.
b. Es inconstitucional aunque pretenda aplicarse como derecho supletorio, pues la competencia en cuestión ya fue asumida por todas las CCAA. Respuesta correcta Para poder dictar derecho supletorio es necesario gozar también de un título competencial, inexistente allí donde todas las CCAA hayan asumido la competencia en cuestión.
c. Puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad, pues es evidente la invasión competencial que causa a las CCAA.Respuesta incorrecta El recurso de inconstitucionalidad sólo puede interponerse contra las Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley (art. 31 LOTC). El decreto del Gobierno de la Nación no asume tal carácter.
d. Es constitucional,  siempre que se aplique como derecho preferente.Respuesta incorrecta El Estado carece de un título competencial propio para dictar el Decreto, ya que todas las CCAA han asumido la competencia en cuestión. La preferencia en su aplicabilidad evidentemente no puede otorgarle validez alguna a la norma estatal.

 
 20.- Las reformas estatutarias realizadas en 2004 son

a. inconstitucionales, ya que su aprobación exigiría una previa reforma de la Constitución. Respuesta correcta Los Estatutos son inconstitucionales al alterar el sistema competencial diseñado por la CE en materia de seguros. Su válida aprobación habría de requerir la previa reforma constitucional.
b. inconstitucionales, porque establecen una uniformidad competencial en materia de seguros.Respuesta incorrecta La configuración estatutaria de una uniformidad competencial en materia de seguros no convierte en sí misma a los Estatutos en inconstitucionales, ya que el legislador tiene, dentro del marco constitucional, un amplio margen para configurar el mapa competencial de las CCAA.
c. constitucionales, ya que se aprobaron por consenso, con el respaldo del Gobierno de la nación y de las CCAA implicadas.Respuesta incorrecta El consenso político que apoya a los Estatutos no les dota de ningún valor jurídico en lo que se refiere a la eventual práctica del juicio de constitucionalidad.
d. constitucionales, ya que el Estado tiene garantizada su competencia exclusiva en materia de seguros a través de la posibilidad de dictar una ley de armonización Respuesta incorrecta La facultad para aprobar una ley de armonización no es garantía de la asunción de la titularidad exclusiva de una materia ya que, como dispone el art. 150,3 CE, el Estado tiene facultades armonizadoras incluso en el caso de materias atribuidas a la competencia de las CCAA.

Las Cortes Generales aprueban en el año 2000 una Ley de Asociaciones, cuyas principales novedades son dos: por una parte, la regulación del sistema de contabilidad que han de llevar las asociaciones (aspecto que antes se regulaba mediante un Reglamento); por otra, la obligación de que todas las asociaciones tengan un funcionamiento democrático.  Dos Comunidades Autónomas y las dos terceras partes de los municipios asturianos pretenden impugnar la Ley ante el TC, alegando su interés en el asunto, debido a la gran cantidad de asociaciones sitas en su territorio. El TC desestima el recurso de inconstitucionalidad.   Años más tarde, tras haberse ilegalizado una asociación por su funcionamiento no democrático, el promotor de dicha asociación insta al juez que conoce del asunto a que plantee la cuestión de inconstitucionalidad. El juez accede a hacerlo, aunque en el escrito señala al TC que no duda de la constitucionalidad de la norma, planteando la cuestión sólo para que el Tribunal Constitucional ratifique mediante una sentencia "erga omnes" la validez de la Ley. 

21.- Una vez que la Ley regula el sistema de contabilidad, ¿qué sucede con el Reglamento que hasta entonces se ocupaba de esa materia?

a. El Reglamento sigue siendo válido, aunque resulta inaplicable. El reglamento queda derogado en aquellas de sus partes que son contradichas por la ley posterior. Respuesta incorrecta En el resto, el reglamento sigue siendo válido, pudiendo ser modificado por otros reglamentos posteriores siempre que no contradigan la citada ley, jerárquicamente superior.
b. Donde exista contradicción de contenidos, el Reglamento queda derogado. Respuesta correcta Ello no impedirá que otros Reglamentos posteriores se ocupen de esta materia, siempre que se respete el contenido de la Ley. Que una materia se encuentre regulada por una ley no significa que la misma quede por entero sustraída al reglamento en el futuro. El reglamento puede proceder a la regulación de la misma siempre y cuando no contradiga la ley.
c. El Reglamento anterior es nulo.Respuesta incorrecta No podrá regularse esta materia en lo sucesivo mediante reglamentos, ya que se ha producido una "congelación de rango" de la materia a favor de la Ley. La relación existente entre una ley y un reglamento estatal es de jerarquía.
d. El Reglamento sigue siendo válido, puesto que la relación entre éste y la Ley es de distribución de materias.Respuesta incorrecta En la CE, la relación existente entre una ley y un reglamento que se contradicen es siempre de validez, no de aplicabilidad.

22.- ¿Pueden las Comunidades Autónomas impugnar la Ley?

a. No, ya que no se trata de un problema competencial, único supuesto en el que las Comunidades Autónomas están legitimadas para plantear el recurso de inconstitucionalidad. Respuesta incorrecta El TC ha admitido que las CCAA puedan recurrir una ley estatal no sólo cuando existe un problema estrictamente competencial, afectando a su propio ámbito de autonomía, sino cuando se produce cualquier contradicción con la CE. A juicio del TC, las CCAA también tienen interés en la depuración del ordenamiento jurídico.
b. Sí, ya que puede haber un interés (no estrictamente competencial) de las Comunidades Autónomas en el asunto. Respuesta correcta El TC ha admitido que las CCAA puedan recurrir una ley estatal no sólo cuando existe un problema estrictamente competencial, afectando a su propio ámbito de autonomía, sino cuando se produce cualquier contradicción con la CE. A juicio del TC, las CCAA también tienen interés en la depuración del ordenamiento jurídico.
c. No, ya que las Comunidades Autónomas sólo están legitimadas para impugnar a través del recurso de inconstitucionalidad las leyes de otras Comunidades Autónomas.Respuesta incorrecta Las CCAA han de impugnar a través del recurso de inconstitucionalidad leyes del Estado (arts. 32,2 LOTC).
d. Sí, pudiendo optar por hacerlo a través del recurso de inconstitucionalidad o del conflicto positivo de competencias.Respuesta incorrecta El conflicto positivo de competencias no puede interponerse frente a una ley (art. 61 y 67 LOTC).

 
 23.- ¿Están legitimados los entes locales para impugnar la ley estatal?

a. Sí, pudiendo plantear un recurso de inconstitucionalidad, siempre que lo suscriban al menos la mitad de los municipios afectados por la ley. Respuesta incorrecta Los municipios no poseen legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad (art. 32,1 LOTC).
b. No, ya que los entes locales sólo pueden impugnar las leyes autonómicas.Respuesta incorrecta Los entes locales, a tenor de lo dispuesto en el art. 75 bis LOTC, pueden interponer un conflicto en defensa de la autonomía local tanto frente a leyes autonómicas como estatales, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
c. Podrían plantear un conflicto en defensa de la autonomía local si entienden que se afecta el régimen de autonomía local. Respuesta correcta Los entes locales, a tenor de lo dispuesto en el art. 75 bis LOTC, pueden interponer un conflicto en defensa de la autonomía local tanto frente a leyes autonómicas como estatales, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
d. Podrían plantear un conflicto en defensa de la autonomía local, pero deberían esperar a que existiese un acto administrativo de ejecución de la ley.Respuesta incorrecta Los entes locales, a tenor de lo dispuesto en el art. 75 bis LOTC, pueden interponer un conflicto en defensa de la autonomía local directamente frente a leyes del Estado o de las CCAA, sin necesidad de que existan actos de ejecución de la misma.

 
 24.- ¿Puede plantearse la cuestión de inconstitucionalidad en este caso?

a. No, puesto que el TC ya ha dictado una sentencia desestimatoria. Lo que el art. Respuesta incorrecta 38,2 LOTC prohíbe es un nuevo planteamiento de otro recurso de inconstitucionalidad fundado en la infracción de idéntico precepto constitucional. En consecuencia, podría interponerse perfectamente una cuestión de constitucionalidad en este caso.
b. Sí. Sólo se negaría esta posibilidad si el TC hubiese dictado una sentencia desestimatoria en la resolución de otra cuestión de inconstitucionalidad.Respuesta incorrecta El art. 38,2 LOTC lo único que limita es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o de un conflicto en defensa de la autonomía local --basado en la infracción del mismo precepto constitucional--, habiéndose pronunciado ya una sentencia desestimatoria en un recurso o en un conflicto. Nada se dispone acerca de la preexistencia de una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que podría interponerse aun cuando se hubiesen planteado otras con anterioridad que hubiesen sido desestimadas por el TC.
c. Sí, ya que se lo ha solicitado al juez una de las partes del proceso, requisito indispensable para que pueda plantearse la cuestión de inconstitucionalidad.Respuesta incorrecta La cuestión de inconstitucionalidad puede plantarse no sólo a instancia de parte, sino también de oficio por parte del juez o tribunal. Por ello, la solicitud de interposición de la cuestión por una de las partes no es un presupuesto para plantearla (art. 35,1 LOTC).
d. Sí, porque el TC podría dictar con posterioridad una nueva sentencia, ahora estimatoria. Respuesta correcta El art. 38,2 LOTC lo único que limita es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o de un conflicto en defensa de la autonomía local --basado en la infracción del mismo precepto constitucional--, habiéndose pronunciado ya una sentencia desestimatoria en un recurso o en un conflicto. Nada se dispone acerca de la preexistencia de una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que podría interponerse aun cuando se hubiesen planteado otras con anterioridad que hubiesen sido desestimadas por el TC.

 25.- ¿Admitiría a trámite el Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad?

a. NO, porque el juez no justifica una duda razonable sobre la constitucionalidad de la ley. Respuesta correcta El art. 35,2 LOTC exige del juez o tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad que concrete la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. En el presente caso, el juez no plantea una duda acerca de la constitucionalidad de la ley.
b. NO, porque las cuestiones de inconstitucionalidad no tienen el trámite procesal de admisión a trámite.Respuesta incorrecta El art. 37,1 LOTC. Somete las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por un juez y tribunal a un trámite de admisión.
c. NO, porque el TC ya se había pronunciado sobre esta misma materia al resolver el recurso de inconstitucionalidad. Respuesta incorrecta Lo que el art. 38,2 LOTC prohíbe es un nuevo planteamiento de otro recurso de inconstitucionalidad fundado en la infracción de idéntico precepto constitucional. En consecuencia, podría interponerse perfectamente una cuestión de constitucionalidad en este caso.
d. SI, pues el juez a quo plantea la cuestión de inconstitucionalidad cumpliendo los requisitos del llamado juicio de relevancia.Respuesta incorrecta A tenor del art. 35,2 LOTC, el juicio de relevancia exige del juez o tribunal que plantee la cuestión de inconstitucionalidad que concrete la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. En este caso, el juez no cuestiona la constitucionalidad de la ley.

El Tribunal Constitucional resolvió en su Decisión 1/2004 el requerimiento previo interpuesto contra el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, afirmando que no contradice a la Constitución española. Tras la consulta popular del 20 de febrero, el Gobierno inicia el procedimiento de ratificación del Tratado. Una vez ratificado, se observa que el Tratado no sólo es contrario a varias leyes españolas vigentes, sino también a algunos preceptos constitucionales que el Tribunal Constitucional en su Declaración 1/2004 no tuvo en consideración.

 26.- El requerimiento previo fue instado por

a. Las Cortes Generales Según el art. 78,1 LOTC, el recurso previo de inconstitucionalidad de los tratados sólo puede ser interpuesto por el Gobierno o por cualquiera de las Cámaras. Respuesta incorrecta Las Cortes Generales como órgano complejo no tienen legitimación en aquél.
b. Los órganos ejecutivos autonómicos Respuesta incorrecta Según el art. 78,1 LOTC, el recurso previo de inconstitucionalidad de los tratados sólo puede ser interpuesto por el Gobierno de la Nación o por cualquiera de las Cámaras.
c. El gobierno estatal Respuesta correcta Según el art. 78,1 LOTC, el recurso previo de inconstitucionalidad de los tratados sólo puede ser interpuesto por el Gobierno de la Nación o por cualquiera de las Cámaras.La respuesta es correcta .
d. El propio Tribunal Constitucional, de oficio Respuesta incorrecta Según el art. 78,1 LOTC, el recurso previo de inconstitucionalidad de los tratados sólo puede ser interpuesto por el Gobierno de la Nación o por cualquiera de las Cámaras. En consecuencia, el TC no puede plantearlo de oficio.

 
 27.- El requerimiento al Tribunal Constitucional y su posterior respuesta

a. Es preceptivo, pero no vinculante Respuesta incorrecta A tenor de lo dispuesto en el art. 95 CE y en el art. 78 LOTC, el requerimiento es sólo potestativo-- pudiendo el Gobierno o las Cámaras decidir o no sobre su planteamiento-- y vinculante en su resolución por parte del TC.
b. Es preceptivo y vinculante Respuesta incorrecta A tenor de lo dispuesto en el art. 95 CE y en el art. 78 LOTC, el requerimiento es sólo potestativo-- pudiendo el Gobierno o las Cámaras decidir o no sobre su planteamiento-- y vinculante en su resolución por parte del TC.
c. Es potestativo y no vinculanteRespuesta incorrecta A tenor de lo dispuesto en el art. 95 CE y en el art. 78 LOTC, el requerimiento es sólo potestativo-- pudiendo el Gobierno o las Cámaras decidir o no sobre su planteamiento-- y vinculante en su resolución por parte del TC.
d. Es potestativo y vinculante Respuesta correcta A tenor de lo dispuesto en el art. 95 CE y en el art. 78 LOTC, el requerimiento es sólo potestativo-- pudiendo el Gobierno o las Cámaras decidir o no sobre su planteamiento-- y vinculante en su resolución por parte del TC.

 
 28.- Señale la respuesta correcta

a. La celebración del referéndum, con independencia de su resultado, es un trámite indispensable para que pueda ratificarse un Tratado de este tipo Respuesta incorrecta El Gobierno, si así lo decide, puede convocar un referéndum sobre la ratificación del tratado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 92 CE, que dispone que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Sin embargo, la celebración de este referéndum es sólo potestativa y no se erige en condición para la válida ratificación de los tratados.
b. El Gobierno necesita para ratificar este Tratado autorización previa de las Cortes por ley orgánica, según prevé el Art.93 CE Respuesta correcta El tratado se corresponde con la clase de los previstos en el art. 93 CE, en la medida en que su función es la atribución a una organización o institución internacional--aquí, la Unión Europea-- el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Pues los tratados del art. 93 CE requiere la autorización de las Cortes Generales mediante la aprobación de una ley orgánica.
c. La ratificación de este Tratado exige necesariamente que sea previamente autorizada por los ciudadanos en referéndum Respuesta incorrecta La CE no exige para la válida ratificación de los tratados internacionales la celebración de un referéndum.
d. El Gobierno necesita ratificar este Tratado previa autorización de las Cortes, según prevé el Art.94.1 CE Respuesta incorrecta El tratado se corresponde con la clase de los previstos en el art. 93 CE, en la medida en que su función es la atribución a una organización o institución internacional--aquí, la Unión Europea-- el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Esa no es la función de los tratados que se contemplan en el art. 94,1 CE.

29.- Las leyes españolas a las que alude el supuesto, una vez ratificado el Tratado

a. Quedan derogadas por él Quedan derogadas por el tratado, ya que en su celebración han tenido que intervenir las Cortes Generales, al ser un tratado de los del art. 93 CE.Respuesta correcta Como se deduce de lo dispuesto en el art. 94,1 e CE, los tratados derogar las leyes preexistencias cuando las Cortes intervengan en su autorización. En caso contrario no se produce la derogación de la ley anterior, si no que el tratado posterior que contradiga la ley es nulo.
b. Son nulas No son nulas, sino que más bien quedan derogadas por el tratado posterior.Respuesta incorrecta Como se deduce de lo dispuesto en el art. 94,1 e CE, los tratados derogan las leyes preexistencias cuando las Cortes intervengan en su autorización.
c. Son inaplicables, pero no son expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico Respuesta incorrecta A tenor de lo dispuesto en el art. 94,1 e CE, la relación entre una ley anterior y un tratado posterior se articula en términos de validez, no de eficacia.
d. Pasarán a tener una aplicabilidad supletoria, en el caso de que la normativa comunitaria tenga algún tipo de laguna Respuesta incorrecta A tenor de lo dispuesto en el art. 94,1 e CE, la relación entre una ley anterior y un tratado posterior se articula en términos de validez, no de eficacia.

 30.- La presunta contradicción del Tratado ratificado con la Constitución española

a. Ya no puede ser controlada, pues la Declaración 1/2004 afirmó con efectos de cosa juzgada la constitucionalidad del Tratado La Declaración 1/2004 se pronunció sobre la eventual constitucionalidad de una norma no válida aún en el seno del ordenamiento jurídico español. Respuesta incorrecta El efecto de cosa juzgada se atribuye en la LOTC a las sentencias recaídas en los procedimientos de inconstitucionalidad, articulados en torno a normas válidas --recurso y cuestión de inconstitucionalidad-- (art. 38).
b. Puede ser controlada tanto a través del recurso como de la cuestión de inconstitucionalidad Respuesta correcta Los tratados válidamente celebrados pueden ser objeto de impugnación ante el TC (art. 27, 2 c LOTC), tanto a través de un recurso de inconstitucionalidad (art. 31 LOTC) como de una cuestión de inconstitucionalidad (art. 35 LOTC).
c. Sólo puede ser controlada a través de la cuestión de inconstitucionalidad, pues su naturaleza concreta es compatible con la existencia de un previo requerimiento de naturaleza abstracta Respuesta incorrecta Los tratados válidamente celebrados pueden ser objeto de impugnación ante el TC (art. 27, 2 c LOTC), tanto a través de un recurso de inconstitucionalidad (art. 31 LOTC) como de una cuestión de inconstitucionalidad (art. 35 LOTC).
d. No puede ser controlada en ningún caso por el Tribunal Constitucional, pues sólo el Tribunal de Justicia de la Unión es competente para enjuiciar a las normas comunitarias de cualquier rango Respuesta incorrecta Los tratados válidamente celebrados pueden ser objeto de impugnación ante el TC (art. 27, 2 c LOTC).