Test sobre Fuentes y Jurisdicción I

Un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz, presenta en septiembre de 1990 una proposición de ley orgánica de regulación de la televisión, en la que no se hace referencia a qué preceptos tienen carácter orgánico y cuáles no. La Mesa del Congreso la admite a trámite, la envía a la Comisión correspondiente, la pública y abre un periodo de enmiendas, que sólo pueden versar sobre el articulado de la proposición. La Comisión elabora un dictamen con las enmiendas presentadas y lo envía al Pleno del Congreso.

Éste, tras debatir las enmiendas no aprobadas en la Comisión, aprueba la proposición de ley en una votación de totalidad por mayoría absoluta. Más tarde, el Senado, aprueba por mayoría absoluta la proposición remitida por el Congreso, y la ley orgánica se publica en el BOE en diciembre de 1990 En 2001, el Principado de Asturias aprueba una ley de la televisión autonómica y establece que el Director del ente televisivo será nombrado por la Junta General del Principado y no por el Consejo de Gobierno, como establece con carácter general la Ley estatal de 1990.

Entiende el Principado que la regulación de dicho nombramiento no tiene carácter orgánico y entra dentro de las competencias del Principado. En 2002 el Gobierno, previa autorización de las Cortes, firma un tratado internacional que establece que el Gobierno podrá controlar previamente el contenido de la información que vayan a difundir los medios de comunicación audiovisuales cuando considere de manera motivada que se puede poner en peligro la seguridad del Estado. 50 diputados interponen un recurso de inconstitucionalidad por considerar que el tratado vulnera el art. 20.2 CE, que garantiza la libertad de información y prohíbe la censura previa. En el Diario Oficial de las Unión Europea se publica un Reglamento de la Comisión sobre publicidad en televisión que prohíbe a partir del 1 de enero de 2003 los anuncios de tabaco. Las televisiones continúan en España emitiendo dicha publicidad con posterioridad a dicha fecha

1.-Señale la proposición correcta  

a. Un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz no puede presentar una proposición de ley. Debe hacerlo un diputado con la firma      de otros catorceRespuesta incorrecta Conforme al artículo 126 del Reglamento del Congreso, las proposiciones de Ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz.
b. Las proposiciones de leyes orgánicas sólo las pueden presentar grupos parlamentarios, no una suma de diputadosRespuesta incorrecta Conforme al artículo 126 del Reglamento del Congreso, las proposiciones de Ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o un Grupo Parlamentario con la sola firma, con independencia de si son proposiciones de ley ordinaria u orgánica
c. La Mesa del Congreso debió enviar la proposición al Pleno de la Cámara para un debate de totalidad sobre su toma en consideración, en lugar de enviarla a la ComisiónRespuesta correcta Conforme al Art. 126 del Reglamento del Congreso, la Mesa debe, tras oír el criterio del Gobierno -o en caso de transcurrir 20 días de silencio- sin su criterio remitir la proposición al pleno para su toma en consideración en debate de totalidad.
d. La Mesa del Congreso debió abrir un periodo de enmiendas tanto a la totalidad de la proposición como a su articuladoRespuesta incorrecta No se puede enmendar algo que no se ha acordado que se va a tramitar, y ese paso previo es precisamente en lo que consiste la toma en consideración por parte del Pleno de la proposición de ley, un paso que no tienen que soportar los proyectos de ley (remitidos por el gobierno).

2.-Señale la proposición correcta  

a. La Comisión hizo mal al elaborar directamente un dictamen sobre las enmiendas, ya que primero debió emitir un informe la Ponencia de la Comisión.Respuesta correcta Conforme a lo dispuesto en el art. 113 del Reglamento del Congreso, la Comisión nombrará en su seno uno o varios ponentes para que, elabore un informe a la vista del texto y de las enmiendas presentadas al articulado
b. En el caso de las leyes orgánicas, las Comisiones parlamentarias del Congreso y del Senado pueden actuar con competencia legislativa plena si así lo deciden previamente los plenos de ambas Cámaras  Respuesta incorrecta El art. 75.1 CE establece que las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. Sin embargo, el art. 75.2 CE afirma que se excluyen de dicha posibilidad, entre otras materias, las leyes orgánicas.
c. La votación de totalidad por mayoría absoluta del Congreso sólo se exige para levantar el veto, caso de ser interpuesto por el Senado, pero no para aprobar el Congreso la proposición de ley antes de su envío al Senado  Respuesta incorrecta El art. 131 del Reglamento del Congreso exige que, antes de la remisión del proyecto o de la proposición de ley orgánica al Senado, su Pleno debe de proceder a su aprobación por mayoría absoluta
d. En la tramitación de la ley orgánica en el Senado, las decisiones del Pleno nunca han de aprobarse por mayoría absoluta; basta siempre con la mayoría simple   Respuesta incorrecta Conforme al art. 90.2 CE si el Senado veta un proyecto o proposición de ley -lo que es una decisión del Senado- deberá hacerlo por mayoría absoluta, luego no basta siempre con la mayoría simple
 

3.-Señale la proposición correcta  

a. La ley del Principado sobre televisión  es contraria a la Constitución, porque infringe la ley orgánica de 1990, ya que ésta no contiene una disposición adicional que diga que no es materia orgánica el modo de nombramiento del Director del ente televisivo de las Comunidades Autónomas. Respuesta correcta La ausencia de esa disposición adicional significa que todos los preceptos de la ley tienen carácter orgánico. A tenor de la doctrina seguida por el TC sobre las leyes orgánicas, la privación del carácter orgánico a las materias reguladas en el texto de la ley se condiciona a su expresa previsión en una disposición adicional.
b. La ley del Principado es contraria a la Constitución, porque infringe el principio de jerarquía al contradecir lo dispuesto en una norma superior como es la ley orgánica de 1990Respuesta incorrecta Conforme a la doctrina seguida por el TC sobre las leyes orgánicas, relación existente entre la ley ordinaria y la ley orgánica no es de jerarquía sino de distribución de materias
c. La ley  del Principado es constitucional, ya que la ley orgánica de 1990 se excedió en su ámbito al regular una materia conexa... Si una materia no reservada a la ley orgánica aparece regulada en éste, hay que entender que carece de este carácter y vale como simple ley ordinaria. Por tanto, la ley del Principado lo que hace justamente es derogar preceptos de la  Ley orgánica de 1990 en esa concreta materia no orgánica Respuesta incorrecta A tenor de la doctrina seguida por el TC sobre las leyes orgánicas, la regulación de materias conexas a las dispuestas en el art. 81.1 CE también adquiere carácter orgánico, salvo que el legislador les prive de tal carácter en una disposición adicional.
 d. La ley del Principado es constitucional, ya que según el TC la relación entre ley orgánica y ley ordinaria es de estricta distribución de materias. Si la ley orgánica sobrepasa su acotado ámbito, es nula y no puede ni debe regular materias conexas, aunque así lo haga constar en una disposición adicional para señalar que tales materias no tienen carácter orgánico Respuesta incorrecta A tenor de la doctrina seguida por el TC sobre las leyes orgánicas, el legislador puede regular válidamente materias conexas a las dispuestas en el art. 81.1 CE en una ley orgánica. Lo que sucede es que el TC exige al legislador que, mediante una disposición adicional, reconozca que esas materias conexas no poseen carácter orgánico.

4.-Señale la proposición correcta  

a. Para la firma de ese tratado de 2002 no era necesaria la previa autorización de las Cortes, pues bastaba con que el Gobierno  hubiese informado a ambas CámarasRespuesta incorrecta El tratado afecta a los "derechos y deberes fundamentales del Título I", lo que, de conformidad con lo previsto en el art. 94.1 CE, hubiera requerido la previa autorización de las Cortes Generales. No basta, por lo tanto, la simple información a las Cámaras.
b. El citado tratado es inconstitucional y, antes de su firma, el Gobierno debió iniciar y conseguir  a través del art. 168 CE la reforma de la Constitución para suprimir su art. 20.2 . Respuesta correcta El tratado internacional contraviene el art. 20.2 CE, que prohíbe que, entre otros, el derecho a la información (art. 20.1 CE), pueda encontrarse sometido a censura previa. Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 95 CE, su válida celebración hubiera requerido la previa reforma del texto constitucional
c. El tratado tiene fuerza activa sobre la Constitución y deroga el art. 20.2 CE  Respuesta incorrecta El tratado no tiene fuerza activa sobre la CE porque los tratados internacionales, como se deduce de los arts. 9.1 y 95 CE, ocupan una posición jerárquica inferior a la CE. Por ello el tratado internacional no puede derogar el art. 20.2 CE
d. El tratado no es superior a la Constitución, pero tiene preferencia en su aplicación sobre el art. 20.2 CE, por lo que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra él carece de fundamentoRespuesta incorrecta Tal y como se deduce de los arts. 9.1 y 95 CE, la relación entre los tratados internacionales y la CE se rige por criterios de validez--en concreto la jerarquía-- no de aplicabilidad. Por ello, el tratado no puede ser de aplicación preferente a la CE.

5.-Al continuar emitiendo publicidad sobre tabaco después de enero, las televisiones de España actuaron..

a. correcta mente, ya que el Reglamento europeo es jerárquicamente inferior a la ley orgánica de televisión de 1990 y en ella no se prohíbe la publicidad de tabacoRespuesta incorrecta La relación entre la Ley Orgánica de Televisión y el Reglamento europeo no se rige, de conformidad con lo prevenido en la CE, por un criterio de validez, muy en concreto, de jerarquía, sino de aplicabilidad (art. 93 CE).
b. correcta mente, ya que el Reglamento europeo sólo obliga a los españoles a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y esa publicación aún  no se había producido. Respuesta incorrecta Tan sólo tuvo lugar en el Diario de la Unión Europea El Reglamento europeo surte plenos efectos jurídicos para todos los poderes públicos y ciudadanos de la Unión Europea desde su misma publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
c. Incorrecta mente, ya que el Reglamento europeo es superior a la ley orgánicaRespuesta incorrecta La relación entre la Ley Orgánica de Televisión y el Reglamento europeo no se rige, de conformidad con lo prevenido en la CE, por un criterio de validez, muy en concreto, de jerarquía, sino de aplicabilidad (art. 93 CE).
d. Incorrecta mente, ya que el Reglamento tiene eficacia inmediata y primacía sobre el derecho internoRespuesta correcta El Reglamento Europeo es una norma autoaplicativa y no requiere de un desarrollo por parte de las autoridades de los Estados nacionales. Además, tal y como se desprende del art. 93, y siguiendo la jurisprudencia del TJCEE, el derecho comunitario derivado posee primacía sobre el derecho interno de los Estados.

 
En agosto de 2000, las Cortes Generales aprueban una Ley de Bases por la que delegan en el Gobierno la facultad de dictar un Decreto Legislativo que regule la Organización de la Administración Central del Estado. En la Ley de Bases se confiere al Gobierno un plazo de 6 meses para dictar el Decreto Legislativo, indicándole que el mismo debe regular únicamente:       

El estatuto y funciones de los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. El régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración     

En octubre de 2000, el Gobierno dicta el Decreto Legislativo 4/2000, sobre Organización de la Administración Central del Estado, entre cuyos artículos se encuentra:

El régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración Las funciones y estatuto de los Delegados del Gobierno  Los requisitos que han de tener los funcionarios públicos, en desarrollo del art. 23 de la Constitución (derecho fundamental de acceso a cargos públicos) Las Cortes entienden que el Decreto legislativo no se ajusta a los términos de la delegación y deciden revocar expresamente ésta. Con posterioridad al Decreto legislativo 4/2000, el Gobierno, dicta el Decreto-Ley 1/2001, sobre Delegados del Gobierno, al considerar que es urgente y necesaria su regulación. El Decreto Ley establece que los Delegados del Gobierno formarán parte del Gobierno, y podrán asistir a las sesiones del Consejo de Ministros, siempre que en ellas se trate de cuestiones que afecten a las Comunidades Autónomas respectivas. El Decreto Ley es convalidado por el Congreso 15 días después de su publicación en el BOE, iniciándose los trámites para su conversión en ley (ley 5/2001)

6.-Según el artículo 98.2 CE; La ley regulará el estatuto de incompatibilidades de los miembros del Gobierno. ¿Puede, por tanto, el Decreto Legislativo regular esta materia? 

a. Sí, porque el Gobierno cuenta con la delegación legislativa efectuada a través de la Ley de BasesRespuesta correcta Como se afirma en los arts. 82,1 y 2 CE., las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la facultad para dictar decretos legislativos que contengan textos articulados a través de una ley de bases.
b. No, porque el art. 98.2 CE establece una reserva de ley ordinaria y en ella no cabe regulación por Decreto legislativo. Respuesta incorrecta Lo que el art. 82.1 CE veda al decreto-legislativo es la regulación de  materias propias de ley orgánica. Por ello, las materias sometidas a reserva de ley (no orgánica) pueden ser susceptibles de regulación por el decreto-legislativo.
c. El Decreto legislativo Sólo podría realizar una refundición de textos, pero no elaborar, como en este caso, un texto articuladoRespuesta incorrecta El art. 82.2 reconoce al Gobierno la facultad de elaborar, no sólo textos refundidos, sino también textos articulados previa autorización por parte de las Cortes mediante una ley de bases.
d. Sí, porque la ley de delegación puede habilitar al Decreto Legislativo a regular cualquier tipo de materia que pudieran regular las CortesRespuesta incorrecta La ley de delegación no puede habilitar al Gobierno a regular mediante decretos-legislativos materias propias de ley orgánica (art. 82.1 CE).

a. Sí, porque no contradice los términos de la Ley deleganteRespuesta incorrecta El decreto-legislativo contraviene la ley delegante, ya que aquél procede a regular los requisitos que han de tener los funcionarios públicos, materia que no aparece contemplada en la ley de bases dictada por las Cortes.
b. Sólo si el Congreso de los Diputados realiza posteriormente una convalidación del Decreto LegislativoRespuesta incorrecta Los decretos-legislativos no son susceptibles de convalidación. La CE (art. 86.2) prevé el trámite de convalidación por parte del Congreso de los Diputados sólo respecto de los decretos-leyes aprobados por el Gobierno.
c. Sí, porque se trata de un ultra vires, que no es, en sí mismo, inconstitucional. Lo que sucede es, simplemente, que tiene rango reglamentarioRespuesta incorrecta El art. 82.1 CE atribuye a la forma "decreto-legislativo" un rango de ley. Por ello, todo el articulado contenido en un "decreto-legislativo" posee tal carácter, no siendo posible hablar dentro del mismo de disposiciones de rango reglamentario. El decreto-legislativo ultra vires, como norma con rango de ley, es inconstitucional al excederse del ámbito permitido por la ley de delegación e indirectamente por la CE (art. 82.2 y 3).
d. No, porque regula materia reservada a la ley orgánica y, además, se excede de la materia que la ley de bases ha delegadoRespuesta correcta Los requisitos de acceso a la función pública afectan al desarrollo del derecho fundamental del art. 23 CE, por lo que su regulación es una materia reservada a la ley orgánica (art. 81.1 CE), excluida al decreto-legislativo (art. 82,1 CE). Además, al regular dicha materia, el decreto-legislativo se ha excedido las materias sobre las que versaba la delegación por parte de las Cortes. Por ambos motivos es inconstitucional.

8.-Qué medida podrían adoptar las Cortes contra el Decreto Legislativo 4/2000?

a. Aprobar una Ley derogando el Decreto legislativoRespuesta correcta Efectivamente, las Cortes Generales pueden proceder a derogar el decreto-legislativo 4/2000, mediante la aprobación de una ley posterior, conforme a las condiciones de validez dispuestas por la CE entre las fuentes dotadas de un rango de ley
b. La que adoptó en ese caso concreto, es decir, revocar expresamente la delegación legislativaRespuesta incorrecta La revocación de la delegación legislativa sólo puede realizarse mientras que la delegación se encuentre en vigor (art. 84 CE), es decir, mientras el Gobierno no haya aprobado el decreto-legislativo, agotándola.
c. Revocar tácitamente la delegación legislativaRespuesta incorrecta La revocación de la delegación legislativa sólo puede realizarse mientras que la delegación se encuentre en vigor (art. 84 CE), es decir, mientras el Gobierno no haya aprobado el decreto-legislativo, agotándola.
d. Ampliar a término y a plazo la delegación previamente otorgadaRespuesta incorrecta En tanto la delegación ha sido agotada con la aprobación del decreto-legislativo, no cabe una ampliación ni del plazo ni del término de la delegación.

9.-El Decreto Ley aprobado por el Gobierno es inconstitucional, porque..

a. Le falta el presupuesto habilitanteRespuesta incorrecta El presupuesto habilitante de la  extraordinaria y urgente necesidad  al que la CE condiciona la aprobación de un decreto-ley (art. 86.1 CE) no se identifica con los estados excepcionales (de alarma, excepción y sitio) contemplados en el art. 116 CE.
b. Regula la composición del Gobierno, afectando, por tanto, a una institución básica del EstadoRespuesta correcta El decreto-ley sí posee el presupuesto habilitante de la  extraordinaria y urgente necesidad  previsto en el art. 86.1 CE; un presupuesto que, dentro de ciertos márgenes--de acuerdo con la doctrina vertida por el TC--, puede apreciar el Gobierno.
c. El Gobierno sólo puede dictar Decretos Leyes en caso de estado de crisis  El trámite de la convalidación del decreto-ley no ha de someterse al procedimiento legislativo de urgencia. Respuesta incorrecta El Congreso tiene un plazo de 30 días para proceder a la convalidación del decreto-ley (art. 86.2 CE). El procedimiento legislativo de urgencia ha de emplearse, según el art. 86.3 CE, en el procedimiento de conversión del decreto-ley en ley.
d. No fue previamente convalidado por el Congreso por el procedimiento de urgencia como proyecto de leyRespuesta incorrecta De acuerdo con la jurisprudencia del TC., el Gobierno tiene un amplio margen para apreciar y justificar-- de acuerdo con los principios de su acción de gobierno,-- la existencia de un presupuesto habilitante. Sin embargo, el TC puede llevar a cabo un control formal y externo sobre la adecuación del presupuesto habilitante esgrimido por el Gobierno al art. 86.1 CE.

 10.-Señale la proposición correcta  

a. Desde que se produjo la convalidación del Decreto-Ley por el Congreso, se corrigieron sus posibles defectosRespuesta incorrecta El trámite de convalidación del decreto-ley no corrige los posibles vicios materiales o formales (art. 86.1 CE) en los que pudiera incurrir. Y ello porque la convalización no convierte al decreto-ley en una forma distinta.
b. La conversión del Decreto-Ley en ley sana los vicios que aquel pudiera tenerRespuesta correcta El trámite de conversión del decreto-ley en ley corrige los posibles vicios materiales o formales (art. 86.1 CE) en los que aquél pudiera incurrir. Y ello porque los límites del art. 86.1 CE se predican del decreto-ley no de la ley resultante del procedimiento de conversión (art. 86.3 CE).
c. El Decreto Ley convalidado no puede ya convertirse en Ley, puesto que la convalidación y la conversión en Ley son dos procedimientos alternativosRespuesta incorrecta El decreto-ley una vez convalidado sí puede convertirse en ley, ya que el art. 86.3 CE dispone que dentro del plazo de 30 días, pueda incoarse el procedimiento de conversión del decreto-ley convalidado (que opera como proyecto de ley) en ley formal. No son procedimientos alternativos, sino sucesivos.
d. El Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de un Decreto-Ley, pero nunca hubiera podido controlar si realmente había extraordinaria y urgente necesidad, ya que esa es una cuestión estrictamente política, que compete valorarla al GobiernoRespuesta incorrecta El TC puede controlar la constitucionalidad del presupuesto habilitante. Conforme a la jurisprudencia del TC, si bien es cierto que la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad le compete al Gobierno, el TC puede realizar un control externo sobre la existencia de los aspectos elementales de dicho presupuesto habilitante.

En el año 2000 las Cortes Generales aprueban una Ley de Régimen Minero, de conformidad con el art. 149.1.25 CE, que confiere al Estado competencia exclusiva en la determinación de las bases del régimen minero y energético. En la ley se regulan tanto aspectos básicos de la minería, como cuestiones de mero desarrollo. Días más tarde, el Gobierno dicta un Reglamento de Régimen Minero complementando dicha ley. Un año más tarde, todas las Comunidades Autónomas han asumido competencia de desarrollo legislativo del régimen minero. Sin embargo, el Estado pretende que la Ley de Régimen Minero se siga aplicando en su totalidad en las Comunidades Autónomas, con valor de derecho supletorio. Entendiendo que existe una colisión competencial, la Comunidad Autónomas de Asturias, tras haber requerido al Estado para que derogue la ley y no recibir respuesta en el plazo de dos meses, presenta ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias, a través de su Consejo de Gobierno

11.-De acuerdo con la actual doctrina del Tribunal Constitucional la normativa dictada por el Estado en materia de régimen minero 

a. No puede considerarse como legislación básica, porque para ello sería necesario que la denominación de "básica" figurase expresamente en la ley y en el reglamentoRespuesta incorrecta A tenor de la jurisprudencia del TC, no es básico lo que expresamente se reconozca como tal, sino de lo que, por su contenido, revele tal carácter.
b. Sería básica la regulación que establezca una regulación necesaria y uniforme para el Estado (concepto material) y que se contenga en una norma legal (concepto formal)Respuesta correcta Según la jurisprudencia del TC, la normativa básica ha de encontrarse en una ley formal --principio de preferencia de ley-- y, además, adquiere la consideración de básico la regulación que sea necesaria y uniforme para todo el Estado.
c. Toda la regulación contenida en la ley, cualquiera que sea su contenido es básica. Respuesta incorrecta Son las Cortes quienes, a través de la ley, deciden qué es o no es básico El legislador democrático, si bien tiene un amplio margen para determinar lo que es básico, no puede atribuir tal consideración a cualquier materia. Lo contrario significaría desconocer el límite que dispone el art. 149 CE.
d. Sería básica tanto la regulación contenida en la ley como la contenida en el reglamento, cualquiera que fuese su contenidoRespuesta incorrecta Según la jurisprudencia del TC, la normativa básica ha de encontrarse en una ley formal --principio de preferencia de ley-- y, además, adquiere la consideración de básico la regulación que sea necesaria y uniforme para todo el Estado. Por lo tanto, ni el reglamento es una norma idónea para poder establecer lo básico ni podría considerar--como tampoco la ley-- básica cualquier materia.

12.-La asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas de desarrollo legislativo de la legislación básica de Régimen Minero

a. Sólo puede tener lugar a través de la reforma de sus Estatutos de AutonomíaRespuesta incorrecta La atribución de competencias a las Comunidades Autónomas, puede realizarse-- además de mediante el Estatuto-- a través de las leyes del art. 150 1 y 2 CE.
b. Fue inconstitucional, porque el desarrollo legislativo ya estaba hecho por el Reglamento de Régimen Minero que complementaba la leyRespuesta incorrecta El reglamento que aprueba el desarrollo del régimen minero no es una norma a la que la CE le haya atribuido una función atributiva de competencias. Esa función-- que sólo pueden desempeñar el Estatuto de Autonomía y las leyes del art. 150 CE-- no puede verse condicionada por el citado reglamento.
c. Pudo haberse hecho a través de la reforma de sus Estatutos de Autonomía o mediante una Ley MarcoRespuesta correcta En efecto, la reforma del Estatuto de Autonomía preexistente y la aprobación de una ley marco (art. 150.1 CE)--para la cesión de competencias legislativas--, en tanto la CE les ha dotado de una función atributiva de competencias, serían los mecanismos adecuados para la asunción competencial pretendida.
d. Sólo pudo producirse a través de una ley del 150 CE, ya fuese una ley marco,  una ley de transferencia, o una ley de armonizaciónRespuesta incorrecta Además de las leyes del art. 150 CE, también la reforma del Estatuto de Autonomía sería una vía adecuada para asunción de competencias.

 
 13.-Según la actual interpretación que lleva a cabo el Tribunal Constitucional, ¿se podría aplicar supletoriamente la normativa estatal en materia de régimen minero? 

a. Se seguiría aplicando en primer grado la normativa materialmente "básica" que contenga, pero la normativa de desarrollo quedaría derogada, implantándose, en su lugar, la propia normativa autonómicaRespuesta incorrecta Lo básico contenido en la normativa estatal, en tanto constituye según el art. 149.1.25º competencia del Estado, seguiría siendo aplicable. Sin embargo, la normativa de desarrollo prevista en la ley estatal quedaría derogada. A partir de ese momento, la normativa de desarrollo válida sería la aprobada por las Comunidades Autónomas.
b. Sí. Debería aplicarse la totalidad de la ley, y cualquier disposición autonómica que la contraviniese sería nula, ya que el Derecho Estatal es jerárquicamente superior al emanado de las Comunidades AutónomasRespuesta incorrecta El derecho aprobado por el Estado y por las Comunidades Autónomas no se relaciona con arreglo al principio de jerarquía, sino de acuerdo con el de competencia.
c. No, porque vulneraría los Estatutos de Autonomía, que son jerárquicamente superiores a las leyes estatalesRespuesta incorrecta Los Estatutos de Autonomía no son jerárquicamente superiores a las leyes estatales. Son una ley (orgánica) más, de igual rango que las restantes leyes; aunque es cierto que los Estatutos de Autonomía se diferencian de las otras leyes del Estado por el desempeño de una particular función (art. 147 CE). En definitiva, la diferencia no está en el rango, sino en la función.
d. Sí, se aplicaría toda la ley estatal como supletoria en las Comunidades AutónomasRespuesta incorrecta En aplicación de la jurisprudencia del TC sobre el valor del derecho supletorio, la normativa de desarrollo prevista en la ley estatal quedaría derogada, siendo aplicable la normativa de desarrollo aprobada por las Comunidades Autónomas.

 
 14.-Es correcta la actuación del Consejo de Gobierno al presentar el conflicto positivo, 

a. Sí, pero no era necesario el requerimiento previoRespuesta incorrecta Tal y como se dispone en el art. 63 LOTC, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas deben de realizar, en todo caso, un requerimiento previo al Estado antes de interponer el conflicto positivo de competencias.
b. No, porque el órgano legitimado para plantear el conflicto es el Parlamento autonómicoRespuesta incorrecta Los legitimados para interponer conflicto positivo de competencias son el Gobierno de la Nación y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas (art. 60 LOTC).
c. No, porque de acuerdo con la actual doctrina constitucional, el conflicto no puede plantearse directamente contra leyesRespuesta correcta La interpretación ofrecida por el TC a los arts. 62 y 63 LOTC ("disposición, resolución o acto"), no abarca las "disposiciones" de rango legal, sino tan sólo de naturaleza reglamentaria.
d. Sí, pero previamente a plantearlo tendría que solicitar un dictamen consultivo del Consejo de EstadoRespuesta incorrecta El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno de la Nación (art. 107 CE), no de los gobiernos autonómicos. Por ello, el gobierno autonómico no puede verse compelido a solicitar un dictamen consultivo del citado órgano para interponer el conflicto.

15.-Si en la Ley de Montes existiese, en su regulación básica, algún aspecto que vulnerase la autonomía local de los municipios ¿qué podrían hacer estos? 

a. Presentar un recurso de inconstitucionalidadRespuesta incorrecta Los municipios no son sujetos legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad (art. 32 LOTC).
b. Sí poseen la legitimación activa suficiente, presentar un conflicto en defensa de la autonomía localRespuesta correcta Los municipios son sujetos legitimados en el conflicto en defensa de la autonomía local (art. 75 ter LOTC). Sin embargo, para poder presentar dicho conflicto, la LOTC exige algunos requisitos a los municipios.
c. Presentar un conflicto en defensa de la autonomía local. En su resolución, el Tribunal Constitucional dictaría una única sentencia en la que declararía la lesión y, conjuntamente, anularía la leyRespuesta incorrecta Como exige el art. 75 quiques 6 LOTC, la inconstitucionalidad de la ley que haya dado lugar al conflicto requerirá nueva sentencia cuando el Pleno se plantee la cuestión, después de haber estimado la vulneración de la autonomía local.
d. No podría hacer nada, ya que, como en el conflicto positivo de competencias, no cabe ningún tipo de conflicto territorial contra normas con rango de leyRespuesta incorrecta El art. 75 bis LOTC, dispone que podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

El Decreto 23/1960, regulador de la venta de inmuebles, establecía que las mujeres casadas debían contar con el consentimiento de sus maridos para poder celebrar este tipo de contratos. En el caso de los hombres, su compraventa se tendría por válida sin necesidad de proceder a inscripción registral alguna, bastando que constase en un documento privado. Tras la aprobación de la Constitución, el Parlamento de Andalucía propone al Gobierno que derogue dicha norma. El Gobierno presenta entonces un proyecto de Ley Orgánica reguladora de la venta de inmuebles, que resulta aprobada por mayoría absoluta en ambas cámaras. La Ley establece que toda compraventa de inmuebles ha de constar en el Registro de la Propiedad. Posteriormente se reforma el Tratado de la Unión Europea. Uno de sus artículos pasa a establecer que las transacciones sobre inmuebles podrán hacerse constar en Registros Públicos o bien suplirse la inscripción registral por la tenencia de un acta notarial, a elección de los contratantes.

 
 16.- ¿Cómo afecta al Decreto 23/1960 la entrada en vigor de la Constitución española? 

a. El Decreto resulta nulo, debiendo considerarse como inexistentes todos los efectos jurídicos que hubiera producido desde su aprobación en 1960Respuesta incorrecta , no de nulidad. Por lo tanto, el Decreto 23/1960 desempeñó plenos efectos jurídicos desde su aprobación gasta la entrada en vigor de la CE.
b. El Decreto queda derogado, puesto que la regulación del derecho de propiedad ha de hacerse necesariamente por Ley, no por DecretoRespuesta incorrecta La CE declara derogadas las normas preconstitucionales no por motivos formales, sino materiales. Por lo tanto, el mero hecho de que una norma no haya sido aprobada de conformidad con los procedimientos previstos en la CE no la convierte en derogada.
c. El Decreto subsiste en el ordenamiento jurídico hasta que se apruebe la Ley Orgánica que lo sustituya, a fin de evitar un vacío normativoRespuesta incorrecta El decreto queda automáticamente derogado mediante la disposición derogatoria de la CE.
d. El Decreto queda derogado por ser contrario al principio de igualdad que proclama el art. 14 de la Constitución  Respuesta correcta El decreto ha de considerarse derogado por la CE a su entrada en vigor, ya que contradice materialmente su contenido, en particular, el derecho a la igualdad del art. 14.

 
 17.-La regulación que realiza la Ley Orgánica de venta de inmuebles, 

a. Sólo puede hacerse por Ley Orgánica, ya que se trata de una ley que afecta al principio de igualdadRespuesta incorrecta Los derechos fundamentales en la CE se encuentran sometidos a dos tipos de reservas, una orgánica--para su desarrollo (art. 81.1 CE)--, y otra ordinaria--para la regulación de su ejercicio (art. 53.1 CE--. En consecuencia, no toda norma que "afecte" a un derecho fundamental requiere una ley orgánica.
b. Sólo podría realizarse por Ley Orgánica, ya que regula el derecho de propiedad, comprendido en el art. 33 de la Constitución españolaRespuesta incorrecta La reserva de ley orgánica, según la doctrina seguida por el TC, sólo afecta al desarrollo de los "derechos fundamentales y libertades públicas" del Título I, Capítulo II, Sección 1ª, que se corresponde sólo los derechos de los arts. 15 a 29 CE. Por lo tanto, el derecho de propiedad no se encuentra sujeto a reserva de ley orgánica, pudiendo ser regulado mediante ley ordinaria.
c. Es una norma necesaria, ya que, en su ausencia la Constitución carece de todo tipo de eficacia directa en materia de propiedadRespuesta incorrecta La Constitución Española, tal y como se deduce de los arts. 9.1 y 53.1 CE, entre otros, tiene eficacia directa. Por ello la CE no necesita disposición normativa alguna para poder aplicarse.
d. Realmente no deroga el Decreto, ya que éste había quedado directamente derogado por la ConstituciónRespuesta correcta En realidad, quien produjo la derogación del decreto no fue la ley orgánica, sino la CE misma en el momento de su entrada en vigor.

 
 18.-La aprobación de la Ley Orgánica 

a. No fue correcta , porque la mayoría absoluta sólo se exige para el CongresoRespuesta incorrecta Aunque para la aprobación de leyes orgánicas se exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (art. 81.1 CE y art. 131.2 RC), la existencia de dicha mayoría también en el Senado no convertiría a la ley orgánica en inconstitucional.
b. No fue correcta , ya que las Comunidades Autónomas no pueden solicitar al Gobierno que ejerza la iniciativa legislativa, ya que supondría una invasión competenciaRespuesta incorrecta A tenor de lo dispuesto genéricamente en el art. 87.2 CE, las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, que abarca tanto las orgánicas como las ordinarias. Las materias propias de ley orgánica sólo constituyen un límite para la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE).
c. Fue correcta , aunque hubiese bastado para su aprobación con la mayoría absoluta del CongresoRespuesta correcta Para la aprobación de las leyes orgánicas basta la existencia de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (art. 81.1 CE y art. 131.2 RC).
d. Fue correcta , porque el Gobierno es el único que puede ejercer la iniciativa legislativa en materia de ley orgánicaRespuesta incorrecta Las materias propias de ley orgánica sólo constituyen un límite para la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE).

19.-Si se apreciase que el Tratado de la Unión Europea contiene alguna estipulación inconstitucional 

a. No podría ser declarado inconstitucional, puesto que es una norma supra constitucional Respuesta incorrecta Los tratados internacionales ocupan una posición inferior a la CE, como se desprende de sus arts. 95 y 96; pudiendo, en consecuencia, ser declarados inconstitucionales, tal y como se dispone en el art. 27.2 c LOTC
b. El Tratado no podría derogar a la Constitución, porque ésta es la norma jurídica suprema del ordenamiento españolRespuesta correcta Así se desprende de los arts. 9.1, 95 y 96 CE.
c. Según el Tribunal Constitucional español la Constitución no quedaría derogada, pero se aplicaría preferentemente el TratadoRespuesta incorrecta La CE, en cuanto norma suprema, posee eficacia directa, por lo cual, el tratado--como tampoco ninguna otra norma-- puede desplazarla en su aplicabilidad preferente.
d. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la Constitución resultaría derogadaRespuesta incorrecta La CE, como norma suprema, no puede quedar derogada por ninguna norma.

20.-La contradicción existente entre el Tratado Internacional y la Ley Orgánica 

a. Supone la derogación de la Ley OrgánicaRespuesta correcta En efecto, deroga la ley orgánica anterior ya que el TUE constituye un tratado del art. 93 CE, autorizado por las Cortes Generales.
b. No implica la derogación de la Ley Orgánica, ya que el Tratado de la Unión Europea se ratifica a través del procedimiento del art. 93, y no el del art. 94.1, previsto para la derogación de las leyesRespuesta incorrecta El art. 94.1 CE lo que hace es evidenciar cómo la intervención de las Cortes Generales, autorizando la celebración de tratados internacionales (lo que también sucede en el art. 93 CE) les atribuye la fuerza activa propia de las leyes.
c. Supone que el Tratado no deroga a la Ley Orgánica, sino que simplemente se aplica preferentementeRespuesta incorrecta La relación que la CE articula entre la ley anterior y el tratado internacional posterior es de validez, no de aplicabilidad (art. 94.1 CE).
d. Debe solucionarse dando una aplicación preferente a la Ley OrgánicaRespuesta incorrecta La relación que la CE articula entre la ley anterior y el tratado internacional posterior es de validez, no de aplicabilidad (art. 94.1 CE).

El Gobierno aprueba un Decreto Ley de Educación, a fin de derogar la actual Ley Orgánica del Derecho a la Educación, alegando que acude al Decreto Ley por la urgente necesidad de hallar una regulación adecuada con premura, ante la proximidad del inicio del curso académico          El Decreto Ley es convalidado por el Congreso de los Diputados 10 días después de su publicación en el BOE  Un mes más tarde, las Cortes deciden delegar en el Gobierno la aprobación de un Decreto Legislativo sobre Educación Primaria que sustituya parcialmente al Decreto Ley. En la Ley de Bases sólo se indica que el Gobierno podrá regular según su criterio la enseñanza primaria. El Gobierno dicta el Decreto Legislativo en el que, además de la enseñanza primaria, regula la educación secundaria, al considerar que ambas se encuentran muy vinculadas 

 
 21.- ¿Qué relación se produciría entre el Decreto Ley y la LODE? 

a. La LODE no quedaría derogada, ya que el Decreto Ley es nulo, por regular una materia reservada a la Ley OrgánicaRespuesta correcta El decreto-ley no puede regular válidamente materias sometidas a reserva de ley orgánica (art. 86.1 CE). Por ello, el decreto-ley no podría derogar la LODE.
b. La LODE resultaría derogada, ya que el Decreto Ley posee la misma fuerza activa y pasivaRespuesta incorrecta El decreto-ley no puede regular válidamente materias sometidas a reserva de ley orgánica (art. 86.1 CE). Por ello, el decreto-ley no podría derogar la LODE.
c. La LODE sólo quedaría derogada en el momento en que el Decreto Ley es convalidado por el CongresoRespuesta incorrecta El decreto-ley no puede regular válidamente materias sometidas a reserva de ley orgánica (art. 86.1 CE). Dicho vicio material no queda sanado por el hecho de que el Congreso de los Diputados convalide el decreto-ley. Por ello, ni siquiera convalidado podría derogar la LODE
d. El Decreto Ley no derogaría a la LODE, pero se aplicaría preferentemente mientras dura la situación que produce la extraordinaria y urgente necesidadRespuesta incorrecta La relación entre la ley y el decreto-ley en la CE se articula en términos de validez, no de aplicabilidad.

 
 22.- ¿Puede utilizar el Gobierno el argumento de la extraordinaria y urgente necesidad que emplea en este caso? 

a. No, puesto que el presupuesto habilitante de los Decretos Ley hace referencia a un estado de alarmaRespuesta incorrecta El presupuesto habilitante de la "extraordinaria y urgente necesidad" del decreto-ley no se identifica con los estados excepcionales de alarma, excepción y sitio previstos en el art. 116 CE.
b. No, puesto que el presupuesto habilitante de los Decretos Ley hace referencia a un estado de excepciónRespuesta incorrecta El presupuesto habilitante de la "extraordinaria y urgente necesidad" del decreto-ley no se identifica con los estados excepcionales de alarma, excepción y sitio previstos en el art. 116 CE.
c. Sí, puesto que el presupuesto habilitante se refiere a una necesidad política para cuya resolución no sea conveniente esperar a la tramitación lenta de la leyRespuesta correcta A tenor de la doctrina sentada por el TC, el Gobierno posee un margen de apreciación en lo que se refiere a qué deba de entenderse por "extraordinaria y urgente necesidad".
d. Sí, y el Tribunal Constitucional nunca podría controlar ese presupuesto habilitanteRespuesta incorrecta Aunque el Gobierno tiene un margen de apreciación para determinar cuándo existe una "extraordinaria y urgente necesidad", el TC--según su doctrina-- puede llevar a cabo un análisis externo de las razones aducidas por el Gobierno para fundamentar la existencia de aquel presupuesto habilitante.

 
 23.- ¿Qué efectos produce la convalidación del Decreto Ley? 

a. Hace que el Decreto Ley adquiera la fuerza activa y pasiva de leyRespuesta incorrecta El decreto-ley, en cuanto norma dotada de un rango de ley desde el momento de su aprobación misma (art. 86.1 CE), posee la fuerza activa y pasiva propias de la ley. En consecuencia, la convalidación del decreto-ley no se la confiere.
b. Hace que el Decreto Ley adquiera la fuerza pasiva de ley, pero de la fuerza activa ya dispone desde que ha sido expedido por el GobiernoRespuesta incorrecta El decreto-ley, en cuanto norma dotada de un rango de ley desde el momento de su aprobación misma (art. 86.1 CE), posee la fuerza activa y pasiva propias de la ley.
c. No subsana los errores y extralimitaciones en los que hubiese incurrido el Gobierno al redactar el Decreto LeyRespuesta correcta La convalidación del decreto-ley, a tenor de lo previsto en el art. 86.2 CE, lo transforma en un decreto-ley con una vigencia temporal indefinida. En la medida en que el decreto-ley sigue conservando su misma forma, siguen aquejándole los vicios formales y materiales que pudiera tener originariamente.
d. Convierte al Decreto Ley en una nueva forma jurídica\: la LeyRespuesta incorrecta La convalidación del decreto-ley, a tenor de lo previsto en el art. 86.2 CE, sólo lo transforma en un decreto-ley con una vigencia temporal indefinida. En consecuencia, después de la convalidación el decreto-ley sigue conservando su misma forma\: "decreto-ley".

 
 24.- ¿Es correcta la delegación legislativa que se ha realizado en este caso? 

a. No, porque la Ley de Bases no puede ser tan genérica, ni tampoco se puede realizar una delegación sobre materia propia de la Ley OrgánicaRespuesta correcta Como reconoce el art. 82.3 CE, la delegación legislativa deberá hacerse para materia concreta. Sin embargo, en este caso, la delegación resulta excesivamente indeterminada en su contenido. Además, la delegación tiene por objeto genéricamente el derecho a la educación (art. 27 CE), objeto en parte de una reserva de ley orgánica.
b. Sí, porque la delegación se ha efectuado a través de una Ley de Bases, al tratarse de la delegación para aprobar un Texto ArticuladoRespuesta incorrecta Que la delegación legislativa se lleve a cabo mediante ley de bases no es suficiente para justificar la constitucionalidad de la delegación; que en este caso es excesivamente amplia y, además, afecta a materias propias de ley orgánica.
c. No, porque la Ley de Bases tendría que haber sido orgánicaRespuesta incorrecta La ley de bases no puede ser orgánica porque las materias propias de ley orgánica no son susceptibles de delegación legislativa (art. 82,1 CE).
d. No, porque una vez aprobado el Decreto Legislativo, éste tendría que haber sido convalidado por las CortesRespuesta incorrecta Los decretos-legislativos no son objeto de convalización. Este trámite procedimental es reservado por la CE para los decretos-leyes (art. 86.2 CE).

 
 25.- ¿Es correcta la regulación que efectúa el Gobierno de la enseñanza secundaria? 

a. No, porque se refiere a materia de ley orgánica y excede los términos de la delegaciónRespuesta correcta La regulación del derecho a la educación (art. 27) no puede ser objeto de regulación por parte de un decreto-legislativo al caer en el ámbito de las materias propias de ley orgánica (art. 81.1 CE). Además, el decreto-legislativo se excede de la delegación, concedida sólo para la regulación de la enseñanza primaria.
b. Sí, porque el Decreto Legislativo puede modificar los términos de la Ley de Bases, al tener su mismo rangoRespuesta incorrecta Como dispone el art. 83 CE, la modificación de la ley de bases por parte del decreto-legislativo se encuentra prohibida.
c. Sí, porque el Gobierno justifica su regulación por su nexo con la materia objeto de la delegaciónRespuesta incorrecta La delegación legislativa, como dispone el art. 82.6 CE, ha de conferirse para la regulación de una materia concreta, sin que las materias conexas a ella queden amparadas en la delegación.
d. No, porque en materia de derechos fundamentales el Gobierno no puede elaborar textos articulados, sino sólo textos refundidosRespuesta incorrecta El art. 82.2 CE reconoce la posibilidad de que la delegación legislativa pueda realizarse tanto para la elaboración de textos articulados como de textos refundidos, sin delimitación material de su ámbito. La única materia excluida, en general, de la forma "decreto-legislativo", ya sea un texto articulado o un texto refundido, es la regulación de materias propias de ley orgánica (art. 82.1). Sólo el desarrollo de los derechos fundamentales está reservado a la misma (art. 81.1 CE).

El Parlamento de Asturias aprueba una reforma del Estatuto de Autonomía, en virtud de la cual establece que "El Tribunal Superior de Justicia de Asturias es un órgano de la Comunidad Autónoma". Las Cortes aprueban la mencionada reforma. Una vez aprobada la reforma, el Principado aprueba una Ley de la Jurisdicción Asturiana, en la que establece el sistema de provisión de plazas de juez en Asturias y establece competencias de los Alcaldes en relación con los jueces de paz Un opositor a judicaturas, excluido del proceso selectivo, recurre la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, instando al juez a que presente una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley asturiana y contra el mismo Estatuto de Autonomía

 
 26.- ¿Qué vías tendría el Estado Central para recurrir la modificación del Estatuto de Autonomía? 

a. 50 diputados podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad  Respuesta correcta De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32.1 c) LOTC, 50 diputados tienen legitimación para poder interponer un recurso de inconstitucional.
b. El Gobierno podría plantear un conflicto positivo de competencias, al considerar que se ha vulnerado su ámbito competencial, ya que el Poder Judicial es competencia exclusiva del EstadoRespuesta incorrecta Las normas con rango de ley no son objeto de impugnación por medio del conflicto positivo de competencias
c. No cabría ningún tipo de recurso, puesto que las Cortes han aprobado la reforma, por lo que el Estatuto de Autonomía adquiere un rango supra legalRespuesta incorrecta Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas (art. 81.1 CE) y, por lo tanto, son susceptibles de recurso a través de los mecanismos procesales dispuestos en la LOTC.
d. El Gobierno podría presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero sólo antes de que la modificación fuese aprobada por las Cortes GeneralesRespuesta incorrecta Entre los legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad no se encuentra el Gobierno. Quien puede interponerlo, según lo dispuesto en el art. 32.1 a LOTC es el Presidente del Gobierno.

 
 27.- ¿De qué instrumentos jurídicos dispondría un municipio asturiano si considerase que la Ley de la Jurisdicción Asturiana es inconstitucional? 

a. Podría presentar un recurso de inconstitucionalidadRespuesta incorrecta Los municipios no tienen legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad, según lo prevenido en el art. 32.1 LOTC.
b. Si afectase a su ámbito de autonomía y contase con el apoyo de un número suficiente de municipios también afectados, podría presentar un recurso en defensa de la autonomía localRespuesta correcta Según lo previsto en los arts. 75 bis y ter LOTC, un determinado número de municipios puede presentar un conflicto en defensa de la autonomía local contra normas de rango de ley del Estado o de la Comunidad Autónoma que vulneren su ámbito competencial.
c. De ninguno. No podría utilizar ni el recurso de inconstitucionalidad, porque no está legitimado, ni el conflicto en defensa de la autonomía local, porque no procede contra normas con rango de leyRespuesta incorrecta Efectivamente, los municipios no están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad (art. 32.1 LOTC). Sin embargo, si tienen legitimación para interponer un conflicto en defensa de su autonomía local frente a normas con rango de ley del Estado o de la Comunidad Autónoma (art. 75 bis y ter LOTC).
d. Podría utilizar el conflicto positivo de competenciasRespuesta incorrecta Los municipios no están legitimados para interponer un conflicto positivo de competencias (art. 62 LOTC).

 
 28.- ¿Puede presentarse una cuestión de inconstitucionalidad contra el Estatuto y la Ley de la Jurisdicción Asturiana? 

a. Sí puede presentarse frente al Estatuto, por ser una norma estatal, pero no contra la Ley asturiana, que sería sólo controlable por la jurisdicción contencioso-administrativaRespuesta incorrecta La cuestión de inconstitucionalidad puede interponerse contra normas con rango de ley, aplicables al caso y de cuya validez dependa el fallo, con independencia de que sean estatales o autonómicas (art. 35.1 LOTC).
b. Si, procede la cuestión de inconstitucionalidad contra ambas normasRespuesta correcta La cuestión de inconstitucionalidad puede interponerse contra normas con rango de ley, aplicables al caso y de cuya validez dependa el fallo, con independencia de que sean estatales o autonómicas (art. 35.1 LOTC).
c. Sí procede contra la Ley de la Jurisdicción Asturiana, pero no contra el Estatuto de Autonomía, ya que ésta no es una norma directamente aplicableRespuesta incorrecta La cuestión de inconstitucionalidad puede interponerse no sólo contra la ley asturiana, sino también contra el Estatuto de Autonomía (art. 35,1 LOTC), que sí es una norma directamente aplicable, que determina al juez qué normas ha de aplicar válidamente para la resolución del caso.
d. Sí, pero sólo en el caso de que el Tribunal Constitucional haya desestimado un recurso de inconstitucionalidad con el mismo objetoRespuesta incorrecta La preexistencia de una sentencia desestimatoria recaída en un recurso de inconstitucionalidad sólo impide plantear posteriormente una cuestión de inconstitucionalidad cuando ésta apoya en la infracción del mismo precepto constitucional, no cuando hay identidad con el objeto del recurso anterior (art. 38.2 LOTC).

 
 29.- ¿Debería plantear el juez la cuestión de inconstitucionalidad? 

a. No tiene obligación jurídica pero, si decide plantearla, ha de hacerlo una vez concluido el proceso y dentro del plazo para dictar su resoluciónRespuesta correcta No existe obligación jurídica de plantear una cuestión, sino que su interposición depende de la voluntad subjetiva del juez (art. 163 CE y art. 35.1 LOTC). Ahora bien, si opta por hacerlo, ha de interponerla en el momento procesal oportuno\: concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (art. 35.2 LOTC).
b. Sí, aunque no tenga dudas acerca de la constitucionalidad de la norma, siempre que con la cuestión pretenda una depuración erga omnes del ordenamiento jurídicoRespuesta incorrecta La cuestión de inconstitucionalidad es una posibilidad reconocida al juez cuando éste duda, subjetivamente, que la norma aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser inconstitucional (art. 163 CE y art. 35.1 LOTC).
c. Sí, es una obligación al habérselo solicitado el demandanteRespuesta incorrecta Es el juez o tribunal quien ha de decidir libremente acerca de si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE).
d. Estaría obligado a plantearla sólo si también se lo solicita el Ministerio Fiscal, a quien debe oír sobre este extremoRespuesta incorrecta Es el juez o tribunal quien ha de decidir libremente acerca de si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE).

 
 30.-Si, planteada la cuestión, el Tribunal Constitucional dictase una Sentencia estimatoria, 

a. Sólo produciría efectos entre las partes en el proceso  Respuesta incorrecta Las sentencias del TC recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad-- y la cuestión de inconstitucionalidad lo es-- tienen siempre efectos erga omnes (art. 38.1 LOTC).
b. No podría plantearse un recurso de inconstitucionalidad posterior con idéntico objetoRespuesta correcta Si la sentencia es estimatoria, el mismo objeto ya no puede existir, en la medida en que habrá quedado invalidado por aquélla (art. 39.1 LOTC).
c. No podría plantearse una nueva cuestión de inconstitucionalidad con el mismo objeto, pero sí un recurso de inconstitucionalidad, aunque se impugnasen los mismos artículos de las leyesRespuesta incorrecta Si la sentencia es estimatoria, el mismo objeto ya no puede existir, en la medida en que habrá quedado invalidado por aquélla (art. 39.1 LOTC).
d. Deberían revisarse todos los procesos que, en aplicación de dicha ley, hubiesen fenecido, incluso por sentencia firmeRespuesta incorrecta Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia judicial firme, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad (art. 40 LOTC).