Test Fuentes y Jurisdicción XI

Test sobre Fuentes y Jurisdicción XI

Un grupo parlamentario presenta ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley por la que se pretenden regular ciertos aspectos relativos a la ordenación del tráfico de vehículos por carretera. La proposición de ley es sometida al trámite de la toma en consideración en el Congreso, obteniendo la mayoría simple de los votos favorable a su tramitación. Un año después de aprobada la ley, las Cortes dictan una ley de bases por la que se establecen determinados principios de ordenación del tráfico contrarios a los que inspiraban la ley anterior para que sean desarrollados por el Gobierno mediante un decreto-legislativo. El Gobierno aprueba un decreto-ley que modifica el plazo fijado en la ley de bases, dictando con posterioridad el decreto-legislativo.

1.-¿La iniciativa legislativa está bien presentada?

sí, pero sólo si el grupo parlamentario está compuesto como mínimo por 15 diputadosRespuesta incorrecta El reglamento del Congreso de los Diputados admite que puedan presentar una proposición de ley, por separado, un grupo parlamentario (con sola la firma de su portavoz) o un diputado con la firma de otros 14 (art. 126.1 RCD). En consecuencia, si la proposición de ley se presenta por un grupo parlamentario no hace falta que se cumpla el requisito numérico de los 15 diputados.
no, porque las proposiciones de ley se presentan ante el Gobierno para que manifieste su parecer sobre las mismasRespuesta incorrecta Las proposiciones de ley que procedan de los grupos parlamentarios o de los diputados se presentan ante la Mesa del Congreso, aunque es cierto que posteriormente ésta ha de enviar el texto de la proposición al Gobierno para que manifieste su parecer sobre la misma (art. 126.2 RCD).
sí, pero sólo si el grupo parlamentario está compuesto como mínimo por 15 diputados Respuesta correcta El reglamento del Congreso de los Diputados admite que puedan presentar una proposición de ley, por separado, un grupo parlamentario (con sola la firma de su portavoz) o un diputado con la firma de otros 14 (art. 126.1 RCD). En consecuencia, si la proposición de ley se presenta por un grupo parlamentario no hace falta que se cumpla el requisito numérico de los 15 diputados.
no, porque la ordenación del tráfico es una materia reservada al reglamento Respuesta incorrecta No, en la Constitución Española no existen materias reservadas al reglamento. La ley posee expansividad ilimitada, esto es, puede en principio regular cualquier materia sin más límite, lógicamente, de no contravenir lo dispuesto en la propia Constitución.

2.-¿Es correcto el trámite seguido de la toma en consideración?:

sí, ya que las proposiciones de ley, excepto las del Senado, han de someterse a la toma en consideración en el Congreso Respuesta correcta Efectivamente. Las proposiciones de ley que se presenten ante la Mesa del Congreso de los Diputados se someten al trámite de la toma en consideración en su Pleno (art. 126.5 RCD). Las que se presenten ante el Senado se toman en consideración en el pleno de esta última cámara.
sí, porque dicho trámite está reservado a las proposiciones de ley que provengan de los grupos parlamentarios, no a las que procedan de diputados de diferentes grupos Respuesta incorrecta No. Las proposiciones de ley han de ser sometidas al trámite de la toma en consideración sólo por ser tales, independientemente de si proceden de un grupo parlamentario o de 15 diputados (art. 126.5 RCD).
no, porque en el trámite de la toma en consideración han de pronunciarse las Cortes en su conjunto Respuesta incorrecta No. A través del trámite de la toma en consideración se pronuncia únicamente el pleno de cada cámara. En este caso, habiéndose presentado la proposición ante la Mesa del Congreso de los Diputados, el pronunciamiento ha de realizarse por su pleno (art. 126.5 RCD).
no, porque dicho trámite se reserva a los proyectos de ley, no a las proposiciones Respuesta incorrecta No. Los proyectos de ley no están sometidos al trámite de la toma en consideración. Dicho trámite es propio únicamente de las proposiciones de ley (art. 126.5 RCD).

3.-¿Sería necesario que la proposición de ley, una vez aprobada por el Congreso, siguiese tramitándose en el Senado?

sí, porque al Senado le cabe la posibilidad de vetarla por mayoría simple Respuesta incorrecta Si, el Senado puede vetar las iniciativas procedentes del Congreso (tanto los proyectos como las proposiciones). Sin embargo, ello sólo puede llevarse a cabo por mayoría absoluta, no por mayoría simple (art. 90.2 CE y art. 106,1 RS).
no, porque el Congreso tiene competencia legislativa plena para aprobar leyes Respuesta incorrecta Como dispone el art. 66,1 CE, la potestad legislativa se atribuye conjuntamente a las Cortes Generales. Por ello no es correcto afirmar que el Congreso tiene competencia plena para aprobar leyes.
no, si la proposición de ley obtuviese en el Congreso la mayoría absoluta de ley Respuesta incorrecta Como dispone el art. 66,1 CE, la potestad legislativa se atribuye conjuntamente a las Cortes Generales. Ninguna de las cámaras por separado puede aprobar leyes. Por ello resulta irrelevante que el Congreso de los Diputados haya aprobado la proposición por mayoría absoluta. Ésta no suple la necesidad de que deba de intervenir el Senado para la definitiva aprobación de la ley.
sí, ya que la potestad para aprobar leyes reside en las Cortes GeneralesRespuesta correcta Efectivamente. Como dispone el art. 66,1 CE, la potestad legislativa se atribuye conjuntamente a las Cortes Generales. Ninguna de las cámaras por separado puede aprobar leyes. Por ello, tras finalizar la tramitación en el Congreso, la proposición de ley ha de seguir su curso en el Senado.

4.-La ley de bases aprobada por las Cortes Generales:

ha de tener el carácter de ley orgánica Respuesta incorrecta No. La delegación legislativa ha de realizarse a través de una ley ordinaria. La delegación no cabe en materias propias de ley orgánica, como se dispone en el art. 82.1 CE.
debe tener el carácter de ley ordinariaRespuesta correcta Efectivamente. La delegación legislativa debe operarse mediante ley ordinaria. No cabe delegación en materias propias de ley orgánica (art. 82.1 CE).
carece de todo valor normativoRespuesta incorrecta Las leyes de bases aprobadas por las Cortes Generales tienen, desde luego, carácter vinculante. Como dispone claramente la CE, el Gobierno sólo puede aprobar un decreto-legislativo si previamente existe una ley de bases. Además, el ejercicio de la delegación por parte del Gobierno ha de ajustarse a lo dispuesto en la ley de bases (véase en general el art. 82 CE). Ambos elementos no hacen más que poner de relieve el carácter normativo y, por lo tanto, obligatorio de la ley de bases.
forma parte del decreto-legislativo cuando éste es aprobado por el Gobierno Respuesta incorrecta No. La ley de bases se agota, es decir, queda automáticamente derogada en el momento en el que el Gobierno haga uso de ella aprobando un decreto-legislativo (art. 82.3 CE). Cosa distinta es que la ley de bases pueda operar como parámetro de enjuiciamiento de cara a una posible impugnación de la constitucionalidad del decreto-legislativo aprobado por el Gobierno.

5.-En el caso, la ley de bases aprobada por las Cortes autoriza al Gobierno a:

una refundición de textos reglamentariosRespuesta incorrecta No. La autorización de las Cortes Generales para que el Gobierno pueda proceder a la refundición de textos sólo puede tener por objeto textos legislativos, no reglamentarios (art. 82.5 CE). En realidad, el Gobierno no tiene por qué recibir una autorización expresa para refundir disposiciones reglementarias en la medida en que el Gobierno posee potestad reglamentaria autónomamente (art. 97 CE).
una refundición de textos legislativos Respuesta incorrecta No. La delegación del caso no tiene por objeto la refundición de textos legislativos. Aunque es cierto que la delegación podría tener perfectamente por objeto tal cosa, ello habría de realizarse mediante una ley de autorización, no a través de una ley de bases, como sucede en el caso. La ley de bases sirve para habilitar al Gobierno a crear textos articulados (art. 82.2 CE).
aprobar un texto articulado Respuesta correcta La ley sí puede regular la normativa básica, en la medida en que tal competencia es exclusiva del Estado (art. 149,1,25º). Sin embargo, habiendo transferido la competencia de desarrollo de las bases estatales a todas las Comunidades Autónomas, el Estado no dispone de título competencial en el que apoyar la validez de una normativa de desarrollo ni mucho menos de la aplicabilidad preferente de la misma a las Comunidades Autónomas.
dictar un decreto-ley Respuesta incorrecta La ley de bases sólo puede autorizar a la aprobación de un decreto-legislativo (art. 82.2 CE). En realidad, la aprobación de un decreto-ley por el Gobierno no necesita autorización alguna de las Cortes, ya que dicha función legislativa es originaria del Gobierno (atr. 86.1 CE).

6.-¿Qué sucedería si el decreto-legislativo aprobado fuera contrario a la ley previamente aprobada por las Cortes?

el decreto-legislativo quedaría derogado Respuesta incorrecta No. Las normas sólo se derogan por otras posteriores, de manera que el decreto-legislativo posterior no puede ser derogado por la ley anterior.
ambas normas son válidas, pero se aplicaría preferentemente la ley Respuesta incorrecta La relación existente entre el decreto-legislativo y la ley es de validez no de aplicabilidad. El decreto-legislativo deroga a la ley en todo lo que se oponga a aquél.
la ley quedaría derogada en todo lo que se oponga al decreto-legislativo Respuesta correcta Cierto. El decreto-legislativo, en cuanto norma dotada de rango de ley (art. 82.1 CE), puede derogar todas las normas de su mismo rango aprobadas con anterioridad.
ambas normas serían válidas, pero se aplicaría preferentemente el decreto-legislativo Respuesta incorrecta La relación existente entre el decreto-legislativo y la ley es de validez no de aplicabilidad. El decreto-legislativo deroga a la ley en todo lo que se oponga a aquél.

7.- ¿Puede modificarse el plazo previsto en la ley de bases por parte del decreto-ley?

no, porque la ley de bases posee rango de ley orgánica y, por tanto, superior al del decreto-ley Respuesta incorrecta El decreto-ley dictado por el Gobierno no hubiera necesitado la previa autorización de las Cortes Generales para poder ser aprobado ya que la facultad legislativa que aquél encarna es originaria del Gobierno (art. 86,1 CE). El Gobierno, por el contrario, sí necesita autorización para dictar decretos-legislativos, en la medida en que mediante estos ejerce una potestad legislativa derivada, originaria de las Cortes (art. 82,1 CE).
o, porque la fijación de las bases y del plazo para aprobar un decreto-legislativo está reservada a las Cortes Respuesta incorrecta La existencia de una sequía y la llegada de una ola de calor y sus perniciosos efectos sobre la agricultura puede encuadrarse dentro del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad (art. 86,1 CE).
sí, porque el decreto-ley tiene el mismo rango que la ley de basesRespuesta correcta El decreto-ley cumple, el primer lugar, con los requisitos formales necesarios para su aprobación: la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. En segundo lugar, el decreto-ley cumple con los requisitos materiales: no afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general(art. 86,1 CE).
sí, pero sólo si la ley de bases autoriza a dicha derogación Respuesta incorrecta El decreto-ley no afecta a ninguna de las materias vedadas por el art. 86,1 CE a dicha forma\: el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general(art. 86,1 CE).

El Gobierno informa a las Cortes de la conclusión de un convenio internacional con un Estado africano, mediante el cual se otorga pleno reconocimiento legal al matrimonio poligámico de los ciudadanos de dicho Estado que residan y trabajen en España. Entre otros efectos, ello supone la cobertura sanitaria de toda la familia de tales trabajadores y la distribución de las pensiones de viudedad de la Seguridad Social en atención a la pluralidad de cónyuges

8.-En la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, una vez conocido el texto del convenio, se debate acerca del procedimiento seguido por el Gobierno. Señalar, entre las siguientes opiniones de los portavoces, aquella que sea la correcta.

El convenio debería haberse autorizado mediante ley orgánica (art. 81.1 CE), al afectar a la validez de las formas del matrimonio (art. 32.2 CE) en el territorio español.Respuesta incorrecta Que el Gobierno tenga la consideración de órgano director de la política exterior (art. 97 CE) no significa, en absoluto, que esa competencia exterior no deba de ser interpretada de conformidad con lo que la propia CE dispone. El texto constitucional de 1978 deja claro que la dirección de la política exterior ha de contar, en lo que atañe al presente caso, con la autorización de las Cortes Generales cuando el Gobierno pretenda celebrar tratados internacionales afecten a derechos fundamentales o supongan la modificación de la legislación anterior (art. 94.1 CE).
El Gobierno podía celebrar sin cortapisas el convenio, en tanto que director de la política exterior (art. 97 CE). Respuesta incorrecta La necesaria autorización mediante ley orgánica de los tratados internacionales sólo se exige para los del art. 93 CE: los que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Sin embargo, ello no es lo que se pretende realizar mediante el tratado al que se refiere el caso.
El convenio debería haberse autorizado previamente por las Cortes Generales, al suponer, como mínimo, la modificación de la legislación en materia de Seguridad Social (art. 94.1 e CE)Respuesta correcta Efectivamente. El convenio supone, como mínimo, una modificación de la legislación anterior. Y ello, como otras materias (p. ej. la afectación de los derechos fundamentales), requiere de la autorización de las Cortes Generales para su celebración (art. 94.1 CE).
El convenio debería haberse autorizado previamente por el Congreso, al afectar a derechos fundamentales (art. 94.1 c CE)Respuesta incorrecta Si el convenio afectase a los derechos fundamentales, la previa autorización requerida para su celebración le correspondería a las Cortes Generales, no al Congreso (art. 94.1 CE).

9.-Frente al convenio se formulan diversas impugnaciones ante el TC. Indicar la que sea procesalmente correcta, independientemente de los motivos de fondo.

Un Juzgado de lo Social de Vigo plantea cuestión de inconstitucionalidad frente al convenio, que debe aplicar para resolver una pretensión de prorrateo de una pensión de viudedad deducida por la segunda mujer del causante. Para el Juzgado, el convenio infringe los arts. 14 y 32 CE.Respuesta correcta Los tratados internacionales son impugnables a través de una cuestión de inconstitucionalidad, que puede ser interpuesta por los jueces y magistrados (art. 27.2 c y art. 35.1 LOTC)
60 parlamentarios del PP (40 diputados y 20 senadores) interponen un recurso de inconstitucionalidad dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación del convenio en el BOE. Aducen violación del art. 94.1, c y e, de la CE.Respuesta incorrecta No es correcto, porque la interposición de un recurso de inconstitucionalidad le corresponde a 50 diputados o a 50 senadores (art. 32.1 LOTC). En el caso no se cumple este requisito ya que, a pesar de que en conjunto el recurso es apoyado por 60 parlamentarios, no existen ni 50 diputados ni 50 senadores que sustenten el recurso.
el Parlamento de Cataluña formula un conflicto positivo de competencia contra el Estado, al entender que el convenio celebrado desconoce las competencias ejecutivas de la actora en materia de trabajo y relaciones laboralesRespuesta incorrecta Mediante los conflictos de competencia no cabe recurrir un tratado internacional (art. 61.1 LOTC).
El Defensor del Pueblo interpone recurso de amparo contra el convenio por considerar que la concesión de efectos a la poligamia implica discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). Respuesta incorrecta El recurso de amparo no puede interponerse frente a un tratado internacional (art. 41.2 LOTC).

10.- En la hipótesis de que hubiera sido admitida la cuestión de inconstitucionalidad planteada, señalar cuál de las decisiones siguientes resulta correcta

Ante la demora del TC en resolver la cuestión, y vista la situación de necesidad de la demandante, el Juzgado decide reanudar el proceso y dicta sentencia estimatoria concediéndole la mitad de la pensión.Respuesta incorrecta Si el juez interpone una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, ha de esperar necesariamente hasta que éste emita la sentencia (art. art. 35.3 LOTC).
El TC pronuncia sentencia desestimatoria de la cuestión, pero el Juzgado inaplica de todos modos el convenio.Respuesta incorrecta El juez que interpone la cuestión de inconstitucionalidad está vinculado por lo que resuelva el TC. Las sentencias del TC tienen efectos erga omnes (art. 38.1 LOTC).
El TC estima la cuestión planteada, aunque por motivos distintos a los aducidos por el órgano judicial proponenteRespuesta correcta Efectivamente, como reconoce el art. 39.2 LOTC, el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada por la infracción de cualquier precepto constitucional, haya sido o no expresamente impugnado.
El TC desestima la cuestión al considerar, a solicitud del Ministerio Fiscal, que carece de jurisdicción para el enjuiciamiento de un convenio internacionalRespuesta incorrecta El art. 27.2 c) LOTC reconoce expresamente la competencia del TC para pronunciarse sobre la eventual inconstitucionalidad de los tratados internacionales.

11.- Supongamos que el convenio es válido, pero que una ley posterior de las Cortes lo contradice. Señalar la consecuencia correcta.

El juez o tribunal llamado a aplicar la ley ha de plantear frente a ella la cuestión de inconstitucionalidad por infracción del art. 96.1 CE.Respuesta incorrecta No es necesario. El instrumento de la cuestión de inconstitucionalidad tiene como función garantizar la incondicional sumision del juez a la ley y a la Constitución. Dicho de otra manera, evitar que deba de aplicar la ley en detrimento de la Constitución y a la inversa. Sin embargo, en el caso este conflicto no se produce, ya que la propia CE es la que permite que el juez deje de aplicar la ley posterior que contradiga a un tratado anterior. Por ello el juez no ha de plantear necesariamente una cuestión de constitucionalidad ante el TC.
El convenio sólo tiene valor reglamentario, al haberse celebrado sin intervención de las Cortes. Por lo tanto, puede ser derogado por una ley posterior.Respuesta incorrectaLos tratados internacionales en el ordenamiento español no tienen rango reglamentario. La CE les atribuye una posición equiparada a la ley. Y ello con independencia de si su celebración ha sido autorizada por las Cortes Generales (art. 96.1 CE).
Aun siendo un convenio de los del art. 94.2 CE, tiene fuerza pasiva frente a las leyes, en virtud de lo dispuesto en el art. 96.1 CE. En consecuencia, la ley será inválida e inaplicable.Respuesta correcta Efectivamente. La CE atribuye a los tratados internacionales una posición equiparada a la ley, incluso a los que hayan sido celebrados por el Gobierno sin autorización de las Cortes. Y ello se pone en evidencia en lo dispuesto en el art. 96.1 CE, que confiere a los tratados una fuerza pasiva frente a las leyes posteriores que potencialmente puedan aprobarse. Es decir, el tratado sigue siendo válido aunque una ley posterior contraríe sus disposiciones. Eso es lo que se afirma en el art. 96.1 CE al reconocer que los tratados sólo pueden ser modificados, derogados o suspendidos de acuerdo con los que ellos mismos dispongan o con arreglo a las normas de derecho internacional general.
La antinomia entre un tratado y una ley posterior produce lo que se conoce como una “laguna por colisión”. Respuesta incorrectaNo. La laguna por colisión se da cuando, como consecuencia de una contradicción entre dos normas, dejan de ser válidas, dando lugar a una laguna jurídica. Sin embargo, no es eso lo que sucede en el supuesto de que una ley posterior contradiga un tratado anterior. En este caso, la CE reconoce que tanto la ley como el tratado siguen siendo válidos, por lo que no se produce laguna jurídica alguna. Lo que sí sucede es que ante la existencia de una contradicción entre un tratado anterior y una ley posterior, se aplica preferentemente el tratado (art. 96.1 CE).

En la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación se contienen unas disposiciones finales que plantean ciertos interrogantes a la luz de la Constitución.

12.- En la disposición final 1ª 1, se determinan qué preceptos de la Ley revisten el carácter de ley orgánica, “al constituir el desarrollo del derecho fundamental de asociación”. Señalar la consecuencia correcta de tal determinación.

todo lo relativo a asociaciones y asociacionismo es de competencia exclusiva y excluyente del Estado, ya que la aprobación de las leyes orgánicas necesariamente requiere la mayoría absoluta del Congreso.Respuesta incorrecta No. Lo que la disposición final reconoce como materia propia de ley orgánica es el desarrollo del derecho de asociación. Luego entonces, todo lo que no sea su desarrollo y afecte, por ejemplo, al ejercicio del derecho de asociación, puede ser regulado mediante una ley, que puede ser aprobada por las Comunidades Autónomas.
las materias objeto de regulación por ley orgánica pueden ser objeto de transferencia o delegación a las Comunidades Autónomas por medio de otra ley orgánica (art. 150.2 CE).Respuesta incorrecta Las materias objeto de regulación por ley orgánica no pueden ser transferidas a las Comunidades Autonomas a través de las leyes orgánicas previstas en el art. 150.2 CE. La citada disposición prevé un límite para cualquier trasferencia y es que las materias sean por su propia naturaleza susceptibles de delegación. Sin embargo, ello no resulta posible en el caso de las leyes orgánicas ya que, como dispone el art. 81 CE, las mismas han de ser aprobadas por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
Sólo la regulación de los elementos esenciales del derecho de asociación compete al Estado mediante ley orgánica, pudiendo las CC.AA., si así lo prevén sus Estatutos, regular los aspectos de la materia “asociaciones” ajenos a la reserva legal. Respuesta correcta Efectivamente. Lo que reserva la disposición final al Estado es la competencia para el desarrollo del derecho fundamental, esto es, los aspectos básicos del derecho. Todo lo que no sea su desarrollo y afecte, por ejemplo, al ejercicio del derecho de asociación, puede ser regulado mediante una ley por las Comunidades Autónomas, siempre y cuando, claro está, hayan asumido en sus Estatutos la competencia para ello.
Las CC.AA. pueden reservarse en sus Estatutos únicamente la competencia de ejecución de la legislación estatal sobre asociaciones. Respuesta incorrecta No. En materia de derechos fundamentales, lo que se reserva en exclusividad al Estado es la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. El resto de competencias, que no necesariamente se circunscribe a la ejecución y que puede versar sobre la regulación del ejercicio de los derechos, pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas.

13.- En la disposición final 1ª 2, se determinan los preceptos de la Ley Orgánica que resultan “de directa aplicación en todo el Estado, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 1ª CE”. Señalar la consecuencia correcta de tal determinación.

Se trata de preceptos de carácter básico, que, sin perjuicio de su aplicabilidad directa, pueden ser desarrollados normativamente y ejecutados por las CC.AA. Respuesta correcta Efectivamente. La función de dicha determinación es precisar las condiciones básicas de ejercicio de los derechos a lo que se refiere el art. 149.1.1 CE. Ello no empece para que las Comunidades Autónomas, sí así lo han asumido a sus Estatutos, puedan desarrollar y ejecutar lo básico fijado por el Estado.
Al ser normas de aplicación directa, no admiten desarrollo alguno, desplazando completamente al derecho autonómico en la materia.Respuesta incorrecta Que sean normas autoaplicativas no significa en modo alguno que agoten por sí mismas la regulación de la materia en cuestión. El carácter autoaplicativo de una norma implica que no es necesario su desarrollo para que pueda ser aplicada, pero, desde luego, no impide éste. Las Comunidades Autónomas pueden, en el marco de sus propias competencias, desarrollar las normas autoaplicativas básicas aprobadas por el Estado.
Por medio de estas normas básicas de la Ley, el Estado delega en las CC.AA. la potestad de regular la totalidad de la materia, como ocurre con las leyes de bases y los textos articulados aprobados mediante Decreto legislativo. Respuesta incorrecta No. Lo básico constituye un título competencial en favor del Estado, lógicamente en aquellos casos en los que la CE lo haya previsto. Las Comunidades Autónomas pueden tener competencia, dentro de lo previsto en sus propios Estatutos, sobre el resto de materias que no afecten a lo básico. Esta concepción de lo básico como un título competencial se distingue de la función de las leyes de bases previstas en el art. 82.2 CE para autorizar al Gobierno a aprobar decretos-legislativos. A través de dicha norma se cede al Gobierno la totalidad de la materia delegada, que debe ser ejercida en el marco de los principios y directrices prvistos en la ley de delegación.
La exigencia de aplicación directa significa sólo que no opera aquí la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 CERespuesta incorrecta

14.- Por la disposición final 3ª “se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley”. Señalar el significado correcto.

El Gobierno sólo puede hacer uso de su potestad reglamentaria en virtud de la habilitación que le concede el legislador en esta disposición.Respuesta incorrectaNo. La potestad reglamentaria del Gobierno deriva directamente del art. 97 CE. En consecuencia, su capacidad para poder aprobar reglamentos no se condiciona a la ley, por lo que incluso en ausencia de remisión reglamentaria podría el Gobierno dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para la aplicación y el desarrollo de la ley
Los reglamentos del Gobierno para la aplicación y desarrollo de esta Ley Orgánica son meramente internos, domésticos o administrativos, no jurídicos, ya que éstos vulnerarían la reserva de ley necesariamenteRespuesta incorrectaNo. El Gobierno puede aprobar perfectamente reglamentos ad extra o jurídicos. Eso es lo que significa la potestad reglamentaria general que el art. 97 CE atribuye al Gobierno, que se diferencia la finalidad meramente autoorganizativa de la potestad reglamentaria de otros órganos. En realidad, son precisamente reglamentos ad extra los que se requirirían para poder desarrollar y ejecutar la ley del caso.
Esta remisión normativa, aunque innecesaria en cuanto apoderamiento de potestad reglamentaria al Gobierno, compromete a éste en los objetivos que la Ley le señala de aplicarla y desarrollarla, sin otros límites que la materia reservada a la ley.Respuesta correcta La potestad reglamentaria del Gobierno deriva directamente del art. 97 CE. En consecuencia, su capacidad para poder aprobar reglamentos no se condiciona a la ley, por lo que incluso en ausencia de remisión reglamentaria podría el Gobierno dictar cuantas disposiciones fuesen necesarias para la aplicación y el desarrollo de la ley. Cosa distinta es que, como consecuencia de la relación de jerarquía existente entre la ley y el reglamento, éste no pueda contradecir aquélla. En ese sentido, la ley sí puede marcar unos límites al reglamento que éste no podría transgredir
Al referirse a “cuantas disposiciones sean necesarias”, también abarca las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley.Respuesta incorrectaNo. Esta no puede constituir una habilitación general para la aprobación de normas con fuerza de ley. Primero, porque los decretos-legislativos requieren para su aprobación que las Cortes Generales dicten expresamente una ley de bases (art. 82.3 CE). La remisión normativa de la ley no puede cumplir implícitamente la función de la ley de bases. Segundo, tampoco la remisión que hace la ley puede constituir una autorización para la aprobación de un decreto-ley. Sobre todo porque éste es la expresión de una potestad legislativa originaria depositada en el Gobierno (art. 86.1 CE). Por lo tanto, la ley del caso no puede implicar una autorización al Gobierno para aprobar un decreto-ley. Además, por otra parte, para que el Gobierno pueda dictar un decreto-ley es necesario que exista el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 CE). En virtud de lo hasta aquí expuesto, la remisión normativa del caso no puede entenderse hecha a las normas con fuerza de ley del Gobierno.

Las Cortes Generales aprueban una ley orgánica por la que se desarrolla el derecho fundamental a la libertad personal previsto en el art. 17 CE, así como determinados aspectos relativos a la regulación de su ejercicio. La citada ley acorta a un año el plazo máximo de la medida de prisión provisional a la espera de celebración de juicio penal, exigiendo retroactivamente la revisión en ese sentido de todas las medidas decretadas judicialmente. Asimismo, la ley orgánica exige la puesta en libertad de los detenidos en los casos en los que la prisión exceda de dicho plazo a la entrada en vigor de la ley. En lo no previsto por la ley orgánica para el derecho a la libertad personal, se remite su regulación al Gobierno mediante decreto-ley.

15.- La aprobación de la ley orgánica está condicionada a obtener una mayoría:

absoluta en ambas cámaras Respuesta correcta
absoluta en el Congreso en una votación final sobre la totalidad del proyecto o proposición de ley Respuesta correcta El art. 81.2 CE requiere para la aprobación de leyes orgánicas sólo la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre la totalidad del proyecto o proposición de ley
simple en el Congreso y a una absoluta del Senado Respuesta incorrecta
simple en ambas cámaras Respuesta incorrecta

16.- Finalizada la fase central del procedimiento legislativo, la ley orgánica:

ha de publicarse inmediatamente en el BOE y en los Boletines autonómicos Respuesta incorrecta No. Las leyes del Estado no se publican en los Boletines autonómicos, sino sólo en el Oficial del Estado. Por el contrario, las leyes autonómicas sí han de publicarse también en el BOE.
entra en vigor automáticamente a los 20 días de su aprobación Respuesta incorrectaNo. Antes de proceder a su publicación, es necesaria la sanción y promulgación regia del proyecto o proposición de ley, como dispone el art. 91 CE.
ha de ser promulgada y sancionada por el Rey antes de proceder a su publicación oficial Respuesta correcta Efectivamente. Antes de proceder a la publicación, es necesaria la sanción y promulgación regia del proyecto o proposición de ley, como dispone el art. 91 CE.
ha de ser expedida por el Rey y después publicada oficialmente Respuesta incorrecta No. Lo que el Rey ha de expedir son los decretos aprobados en Consejo de Ministros (art. 62 f CE). Las leyes se promulgan y se sancionan (art. 91 CE).

17.- De acuerdo con la jurisprudencia del TC, una ley ordinaria posterior que regulara el derecho a la libertad personal contradiciendo lo dispuesto en la ley orgánica:

derogaría todo lo previsto en la ley orgánica anterior al poseer ésta el mismo rango que la ordinaria Respuesta incorrecta No. La ley ordinaria posterior que contradijera la orgánica anterior sólo podría derogar ésta, de acuerdo con la concepción (material) asumida por el TC, siempre que la ley orgánica en su disposición adicional precise qué materias de las reguladas carecen de carácter orgánico. En ese caso, la ley ordinaria posterior sí podría derogar la ley orgánica anterior, aunque sólo en las materias previstas en la disposición adicional.
derogaría las disposiciones de la ley orgánica que no constituyesen el desarrollo del derecho a la libertad personal, según lo dispuesto en la disposición adicional de la leyRespuesta correcta Efectivamente. La ley ordinaria posterior que contradijera la orgánica anterior sólo podría derogar ésta, de acuerdo con la concepción (material) asumida por el TC, siempre que la ley orgánica en su disposición adicional precise qué materias de las reguladas carecen de carácter orgánico. En ese caso, la ley ordinaria posterior sí podría derogar la ley orgánica anterior, aunque sólo en las materias previstas en la disposición adicional.
sería inconstitucional, por contradecir la ley orgánica, a la que le está reservada la regulación de cualquier aspecto relacionado con un derecho fundamental Respuesta incorrectaNo. A tenor de lo dispuesto en el art. 81.1 CE la reserva de ley orgánica abarca sólo el desarrollo de un derecho fundamental, por lo que la ley ordinaria podría regular el ejercicio de los derechos fundamentales.
sería inconstitucional por contravenir una norma de rango superior Respuesta incorrectaNo. De conformidad con la concepción de ley orgánica asumida por el TC, ésta no se relaciona con la ley orgánica de acuerdo con un criterio de jerarquía, esto es, no tiene un rango formalmente superior a la ordinaria. La ley orgánica y la ley ordinaria se relacionan en la concepción del TC con arreglo a un criterio de distribución de materias.

18.- La regulación retroactiva de la ley orgánica de las medidas de prisión provisional acordadas antes de su vigencia:

es inconstitucional, porque las normas no pueden ser retroactivas, según se dispone en el art. 9,3 CE Respuesta incorrectaAl contrario. El art. 9.3 CE determina cuándo las normas no pueden ser retroactivas, motivo por el cual la CE parte del principio general de que las disposiciones sí pueden ser retroactivas.
es inconstitucional, porque la CE sólo permite la retroactividad de normas reglamentarias Respuesta incorrectaNo. En el concepto disposiciones empleado por el art. 9.3, y a las que bajo determinadas condiciones no se les permite ser retroactivas, se abarcan tanto leyes como reglamentos. Por tanto, estas normas pueden ser en principio retroactivas siempre que no incumplan los límites expresamente previstos en el art. 9.3 CE.
es constitucional, ya que se trata de una retroactividad favorable Respuesta correcta En efecto. Uno de los límites dispuestos en el art. 9.3 CE a la retroactividad de las normas es que no sean restrictivas de derechos individuales. Por ello, lo que se prohíbe es la retroactividad in peius, esto es, desfavorable. En consecuencia, la retroactividad que tenga efectos favorables, la denominada retroactividad in bonus, es constitucionalmente lícita.
es constitucional, porque la CE parte del principio general de la retroactividad de las normas Respuesta incorrectaEs cierto que la CE parte del principio general de la retroactividad de las normas. Sin embargo, la constitucionalidad de la ley no deriva, sin más, de que sea retroactiva, ya que puede haber otras normas que, siendo también retroactivas, sean inconstitucionales. Uno de los límites dispuestos en el art. 9.3 CE a la retroactividad de las normas es que no sean restrictivas de derechos individuales. Por ello, lo que se prohíbe es la retroactividad in peius, esto es, desfavorable. En consecuencia, la retroactividad que tenga efectos favorables, la denominada retroactividad in bonus, es constitucionalmente lícita. En consecuencia, la ley es constitucional, no porque sea retroactiva, sino porque la retroactividad que contempla es favorable.

19.- El decreto-ley que, en ejercicio de la remisión que hace la ley orgánica, complete sus prescripciones:

es inconstitucional, porque el decreto-ley carece de papel alguno en los derechos fundamentales. Respuesta incorrectaNo. El decreto-ley lo que no puede, conforme a la jurisprudencia del TC, es llevar a cabo una regulación general de un derecho fundamental. Sin embargo, le está permitido realizar una regulación colateral y temporal de un derecho fundamental (STC 137/2003, FJ. 6º).
es inconstitucional, siempre que en el momento de dictarse no exista una extraordinaria y urgente necesidad que lo justifiqueRespuesta correcta Efectivamente. Para que el decreto-ley sea constitucional es necesario, como dispone el art. 86.1 CE, que se dé el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.
es constitucional sólo si la ley orgánica lo autoriza expresamente a desarrollar el derecho Respuesta incorrectaNo. La competencia del decreto-ley para regular aspectos colaterales y temporales en materia de derechos fundamentales es propia de dicha fuente, no siendo necesario que la ley orgánica lo habilite expresamente a ello.
es constitucional, porque el decreto-ley, como norma con rango de ley, puede regular cualquier materia Respuesta incorrectaEs cierto que el decreto-ley posee rango de ley. (art. 86.1 CE). Sin embargo, la CE, ha circunscrito los ámbitos de posible actuación de las normas con rango de ley. En ese sentido, no todas las normas con rango de ley pueden regular lo mismo en materia de derechos fundamentales. En particular, la CE sólo permite al decreto-ley una regulación colateral y temporal de un derecho fundamental. En consecuencia, el decreto-ley no puede regular los aspectos esenciales de los derechos fundamentales (STC 137/2003, FJ. 6º).

20.- Según la concepción del TC, la regulación en una ley orgánica del ejercicio del derecho a la libertad personal:

es constitucional, ya que la ley orgánica puede regular cualquier materia Respuesta incorrectaNo. De acuerdo con la concepción de ley orgánica asumida por el TC, ésta sólo puede regular las materias previstas en el art 81.1 CE. Sin perjuicio de que, además, pueda proceder a la regulación de las materias conexas con ellas, si bien en este caso, el legislador orgánico ha de privarles de su carácter orgánico en la disposición adicional de la ley a fin de que una ley ordinaria posterior pueda derogarlas.
es inconstitucional, porque la ley orgánica ha de ceñirse sólo a desarrollar el derecho a la libertad personal Respuesta incorrectaNo. De acuerdo con la concepción de ley orgánica asumida por el TC, ésta sólo puede regular las materias previstas en el art 81.1 CE. Sin perjuicio de que, además, pueda proceder a la regulación de las materias conexas con ellas, si bien en este caso, el legislador orgánico ha de privarles de su carácter orgánico en la disposición adicional de la ley a fin de que una ley ordinaria posterior pueda derogarlas.
es inconstitucional, porque la regulación del ejercicio de un derecho es materia reservada al decreto-legislativoRespuesta correcta A tenor de la concepción (material) de ley orgánica adoptada por el TC, la ley orgánica, además de poder regular las materias del art. 81,1 CE y, en lo que aquí importa, el desarrollo del derecho a la libertad personal, puede incluso regular lo que se denominan materias conexas. Tal consideración la merecen aquellas que, sin ser estrictamente las previstas en el art. 81.1 CE, poseen una relación indisoluble con ellas. Dichas materias conexas pueden regularse en una ley orgánica, como ha reconocido el TC. Sin embargo, el legislador orgánico ha de privarles del carácter orgánico en la disposición adicional de la ley, para que puedan ser derogadas o modificadas por una ley ordinaria posterior.
es constitucional, siempre que la regulación afecte a materias conexas al desarrollo del derecho a la libertad personal y el legislador lo declare en una disposición adicional de la misma leyRespuesta incorrectaLa regulación del ejercicio de los derechos fundamentales está reservada por la CE, en principio, a la ley ordinaria (art. 53.1 CE). Sin embargo, es cierto que tal como se ha configurado el decreto-legislativo en la CE, éste puede regular determinados aspectos relativos a la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales (art. 82.1 CE).