Test Fuentes y Jurisdicción IV

Test sobre Fuentes y Jurisdicción IV

El Gobierno asturiano considera que una ley gallega y el reglamento que la desarrolla invaden competencias de su Comunidad. Así lo entiende también el Defensor del Pueblo y el Presidente del Gobierno estatal. Todos ellos acuden al Tribunal Constitucional (TC) e interponen contra la ley gallega recurso de inconstitucionalidad, solicitando la parte asturiana la suspensión de la ley. El TC inadmite el recurso del Gobierno asturiano, admite los demás y, concluida su tramitación, declara en 1990 que la ley es constitucional. El Gobierno asturiano interpone además ante el TC conflicto de competencias contra el reglamento gallego, obteniendo en este caso en 1993 sentencia estimatoria y la suspensión del reglamento en lo que duró la tramitación del conflicto. En 1996 un juez plantea contra la ley gallega una cuestión de inconstitucionalidad a solicitud del Ministerio Fiscal y lo hace tras dictar sentencia en la que expone las razones por las que a su entender la ley es contraria a la constitución.

1.-El Tribunal Constitucional

Debió inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo, porque éste sólo puede impugnar la ley si incurre en vicios materiales, pero no competenciales Respuesta incorrectaEl parámetro de constitucionalidad a emplear por el TC es el mismo independientemente de quién sea el sujeto que interponga el recurso de inconstitucionalidad (arts. 27, 28 y 32 LOTC).
Debió inadmitir el recurso del Presidente del Gobierno, porque el legitimado es el órgano en pleno Respuesta incorrectaLa competencia para interponer recurso de inconstitucional le corresponde al Presidente del Gobierno de la Nación, no al Gobierno en pleno (art. 32,1 a LOTC).
Inadmitió el recurso del Gobierno asturiano, porque el legitimado es su Presidente Respuesta incorrectaLas Comunidades Autónomas tienen legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad mediante sus órganos colegiados ejecutivos en pleno, no a través de sus Presidentes (art. 32,2 LOTC).
Inadmitió el recurso del Gobierno asturiano, porque a través del recurso de inconstitucionalidad éste no puede impugnar normas autonómicas Respuesta correctaLas Comunidades Autónomas sólo tienen legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad frente a leyes del Estado (art. 32,2 LOTC). Por ello inadmitió el recurso.

2.- Para lograr la suspensión de la ley gallega mientras se tramita el recurso

Todos los recurrentes tienen que solicitarla al Tribunal Constitucional Respuesta incorrectaEl único sujeto habilitado para producir la suspensión de la ley gallega recurrida es el Presidente del Gobierno de la Nación, ex art. 161,2 CE (art. 30 LOTC).
El Gobierno estatal tiene que invocar el Art.161.2 CE Respuesta correcta Con carácter general, la admisión de un recurso de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley. La excepción a este principio general es el caso de que el Gobierno, por medio de su Presidente, se ampare en lo dispuesto por el artículo 161.2 CE. (Art. 30 LOTC).
El Tribunal Constitucional, a instancia del Gobierno estatal, tiene que concluir que la aplicación de la ley generaría perjuicios de difícil o imposible reparación Respuesta incorrectaLa declaración de la suspensión de la ley gallega por parte del TC no necesita ampararse en la existencia de perjuicios de difícil o imposible reparación. Si en el momento de la interposición de un recurso de inconstitucional no genera de por sí la automática suspensión de la ley impugnada. Ello sólo sucede si el Gobierno, por medio de su Presidente, se ampara en lo dispuesto por el artículo 161.2 CE (art. 30 LOTC).
Basta la mera interposición del recurso de inconstitucionalidad en su contra Respuesta incorrectaLa mera interposición de un recurso de inconstitucional no genera de por sí la automática suspensión de la ley impugnada. Ello sólo sucede si el Gobierno, por medio de su Presidente, se ampara en lo dispuesto por el artículo 161.2 CE (art. 30 LOTC).

3.-En el conflicto de competencias, el Gobierno asturiano

Acudió directamente al Constitucional, sin tener que realizar un requerimiento previo al Gobierno gallego, pues esto sólo es obligatorio en caso de que impugne una norma estatal Respuesta incorrectaCuando los órganos colegiados ejecutivos de una comunidad autónoma interponen un conflicto positivo de competencias frente a una disposición, resolución o acto, ya sea del Estado o de otras comunidades autónomas, necesitan realizar en todo caso antes de acudir al TC un requerimiento previo, para que se derogue o anule la disposición o acto controvertido (art. 63,1 LOTC).
Logró la suspensión del reglamento gallego de modo automático invocando el Art.161.2 CE Respuesta incorrectaEl art. 161,2 CE, que permite, con su mera alegación, suspender automáticamente la resolución o acto impugnado, sólo puede ser invocada por el Gobierno de la Nación al formalizar el conflicto. El gobierno asturiano sólo puede solicitar del TC la suspensión de la resolución gallega, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación. El TC puede acordar o denegar libremente la suspensión solicitada (art. 64,3 LOTC).
Tuvo necesariamente que intentar resolver la controversia a través del requerimiento previo antes de llegar al Tribunal Constitucional Respuesta correcta Cuando los órganos colegiados ejecutivos de una comunidad autónoma interponen un conflicto positivo de competencias frente a una disposición, resolución o acto, ya sea del Estado o de otras comunidades autónomas, necesitan realizar antes de acudir al TC un requerimiento previo, para que se derogue o anule la disposición o acto controvertido (art. 63,1 LOTC).
Logró la suspensión del reglamento con su mera solicitud al Tribunal Constitucional Respuesta incorrecta El gobierno asturiano puede solicitar del Tribunal la suspensión de la resolución gallega, invocando perjuicios de imposible o difícil reparación. Sin embargo, la suspensión no es automática. El TC puede acordar o denegar libremente la suspensión solicitada (art. 64,3 LOTC).

4.- ¿Cuál de estas razones, entre otras, alegará el juez para justificar el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad?

que la norma es aplicable al caso que está resolviendo Respuesta correcta El art. 163 CE exige del juez o tribunal para poder plantear una cuestión ante el TC, que se trate de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
que, aunque el fallo de la sentencia que está dictando no depende de si la ley gallega es válida o no, es función del juez contribuir a la depuración del ordenamiento jurídico y para él esa ley es claramente inconstitucionalRespuesta incorrectaEl art. 163 CE exige del juez o tribunal para poder plantear una cuestión ante el TC, que se trate de una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo. En consecuencia, aunque puedan existir sospechas de inconstitucionalidad de la ley gallega, si de su validez no depende el contenido del fallo, el juez no podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
que la ley gallega debería tener en realidad rango reglamentario. Respuesta incorrectaSólo pueden ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad normas con rango de ley (art. 163 CE).
que está obligado a ese planteamiento al haberlo solicitado el Ministerio Fiscal. Respuesta incorrecta Aunque las partes en el proceso o el Ministerio Fiscal pueden solicitar al juez el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, aquél decidirá libremente si la plantea o no (arts. 35,1 y 2 LOTC).

5.-El juez ordinario NO puede plantear la cuestión porque

Ya ha habido una sentencia con valor de cosa juzgada y efectos generales que declaró constitucional la ley que ahora es objeto de cuestión Respuesta incorrectaNada se dice en el caso acerca de la posible existencia de una sentencia estimatoria anterior recaída en un procedimiento de inconstitucionalidad que declarase nula la ley gallega. Sin embargo, acaso existiera el impedimento del juez para poder plantear una cuestión no reside en el hecho de que el asunto no pueda ser decidido nuevamente, sino simplemente en que la cuestión de inconstitucionalidad carecería de objeto. Es decir, no habría norma válida alguna de recurrir.
Ya ha trascurrido el plazo de 3 meses para recurrir la ley Respuesta incorrectaLa interposición de una cuestión de inconstitucionalidad--contrariamente a lo que sucede con el recurso-- no se encuentra sometida a plazo alguno (art. 163 CE y art. 35 LOTC).
Lo hace después de dictar sentenciaRespuesta correcta El momento procesal en el que el juez o tribunal ha de interponer la cuestión de inconstitucionalidad es una vez concluso el procedimiento y antes del plazo para dictar sentencia (art. 35,2 LOTC). Por eso la cuestión del caso está mal planteada que se plantea después de dictar la sentencia.
El momento procesal oportuno para plantearla es el instante en el que se da cuenta mediante un juicio de relevancia de que la ley es inconstitucional Respuesta incorrectaEl art. 38,2 LOTC determina que las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán el planteamiento ulterior de la misma cuestión a través de la misma vía, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional. En consecuencia, no existe en el caso impedimento alguno para poder interponer, tras la sentencia desestimatoria dictada por el TC sobre la ley gallega pronunciada en el año 1990, una cuestión de inconstitucionalidad frente a la misma. E incluso apoyada en la infracción de idéntico precepto constitucional.

Dada la situación de precariedad en el empleo femenino, el Gobierno de la Nación decide dictar un Decreto-Ley por el que se prevén una serie de medidas de fomento de la contratación de mujeres, que es convalidado por el Congreso de los Diputados a los dos meses de su promulgación. Una vez convalidado, dado que se agota el plazo de transposición de una Directiva de la Unión Europea, las Cortes convierten en Ley dicho Decreto-Ley. En el trámite de aprobación por el Senado, éste enmienda su contenido por mayoría simple, añadiendo la derogación con carácter retroactivo de una ley preconstitucional que prohibía a las mujeres realizar trabajos en minas subterráneas, y el texto es ratificado en el Congreso por mayoría simple.

6.-La ley de conversión

No puede variar el contenido del Decreto-Ley aprobado Respuesta incorrectaEl trámite de conversión del decreto-ley en ley, al sustanciarse por el procedimiento legislativo (art. 86,3 CE), puede implicar modificaciones para éste a través de las correspondientes enmiendas.
Debería haber sido aprobada sólo por el Congreso, pues a él y al Gobierno corresponde la dirección política del Estado Respuesta incorrectaLa ley de conversión del decreto-legislativo, en cuanto asume la forma de ley, corresponde su aprobación conjuntamente al Congreso y al Senado (arts. 66,1 y 86,3 CE).
Es inconstitucional por haber sido iniciado el procedimiento fuera de plazoRespuesta correcta El art. 86,2 CE otorga al Congreso de los Diputados un plazo de 30 días para proceder a convalidar el decreto-ley aprobado por el Gobierno. En el caso, el Congreso procede a la convalización dos meses después de la promulgación del decreto-ley. En consecuencia, la convalidación se ha realizado fuera del plazo constitucionalmente previsto para ello, habiendo quedado ya derogado el decreto-ley.
No puede contener ningún tipo de disposición retroactiva Respuesta incorrectaNada dispone la CE acerca de que los decretos-leyes no puedan ser retroactivos. Tal prohibición, más allá de la que con carácter general se deriva del art. 9,3 CE para cualquier norma, se establece expresamente por el art. 83 b CE respecto de los decretos-legislativos.

7.-La Directiva de la Unión Europea

Sólo es obligatoria en España tras la autorización de las Cortes Generales Respuesta incorrectaLa necesidad de autorización de las Cortes Generales como condición de validez de las normas se prescribe para el caso de los tratados internacionales (arts. 93 y 94,1 CE). Aplicado ello al ámbito de la Unión Europea, lo que requirió la autorización de las Cortes Generales fue la celebración del tratado constitutivo que cedió a aquélla el ejercicio de competencias derivadas de la CE (derecho originario), no de los actos normativos dictados a su amparo (derecho derivado).
Solo es obligatoria desde su publicación en el BOERespuesta incorrecta El requisito de la publicidad de las normas contemplado genéricamente en el art. 9,3 CE como condición de su validez y obligatoriedad se cumple, en el caso de las normas comunitarias, con su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Solo es obligatoria una vez publicada tanto en el BOE como en el DOCE Respuesta incorrectaEl requisito de la publicidad de las normas contemplado genéricamente en el art. 9,3 CE como condición de su validez y obligatoriedad se cumple, en el caso de las normas comunitarias, con su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Es obligatoria en España desde su publicación en el DOCE Respuesta correcta Las directivas comunitarias son obligatorias para España desde el momento en el que se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

8.-Las normas constitucionales sobre igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo

Poseen eficacia directa y habrían derogado, conforme a la Disposición derogatoria, la ley preconstitucionalRespuesta correcta La cláusula derogatoria de la CE declara per se y automáticamente derogadas las normas preconstitucionales que sean contrarias a su contenido.
Requieren la válida aprobación de la Ley de conversión para tener efecto derogatorio sobre la ley preconstitucional Respuesta incorrectaLa cláusula derogatoria de la CE declara automáticamente derogadas las normas preconstitucionales que sean contrarias a su contenido. En cuanto norma con eficacia directa lo realiza por sí misma sin necesidad de que una ley lo determine.
Poseen únicamente eficacia interpretativa de las leyes que las desarrollen como la ley de conversión Respuesta incorrectaLa cláusula derogatoria de la CE tiene carácter autoaplicativo. Exige de cualquier juez que estime derogadas todas las normas preconstitucionales contrarias a su contenido. En consecuencia, no puede afirmarse que la eficacia de la cláusula derogatoria quede reducida a un mero carácter interpretativo.
No permiten derogar las leyes preconstitucionales que se opongan materialmente a ella Respuesta incorrectaLa cláusula derogatoria de la CE declara per se y automáticamente derogadas las normas preconstitucionales que sean contrarias a su contenido.

9.-El Decreto-Ley

Ha sido convalidado fuera de plazo Respuesta correcta El art. 86,2 CE exige que el decreto-ley se convalide por el Congreso dentro de un plazo de 30 días. En el caso han transcurrido dos meses desde su promulgación, fuera por tanto de aquel plazo.
Carece de presupuesto habilitante, pues no se ha declarado ninguno de los Estados de crisis del art. 116 CE Respuesta incorrectaEl presupuesto habilitante del decreto-ley\: la extraordinaria y urgente necesidad (art. 86,1 CE) no se identifica con los Estados de alarma, de excepción y sitio (art. 116 CE).
Debería haber sido convalidado por las Cortes Generales Respuesta incorrectaLa convalidación de los decretos-leyes debe de realizarse exclusivamente por el Congreso de los Diputados (art. 86,2 CE).
Es una norma con rango reglamentario Respuesta incorrectaEl decreto-ley es una norma con rango de ley, tal y como se deja claro en el art. 86,1 CE.

10.- En la elaboración de la Ley de conversión

El Senado sólo podía enmendar el texto por mayoría absolutaRespuesta incorrecta La interposición de enmiendas a un texto legislativo por parte del Senado ha de realizarse por mayoría simple (art. 90,2 CE).
Ni el Congreso ni el Senado podían modificar el texto pues éste trae causa de un proyecto de ley con vigencia anticipada como Decreto ley Respuesta incorrectaEl trámite de conversión del decreto-ley en ley, al llevarse a cabo mediante el procedimiento legislativo, puede ser enmendado (art. 86,3 CE). Lo que no admite enmiendas es el trámite de convalización realizado por el Congreso (art. 86,2 CE).
El Congreso sólo podía aprobar el texto enmendado por el Senado por mayoría absolutaRespuesta incorrecta La aceptación o el rechazo de las enmiendas presentadas por el Senado a un texto legislativo ha de realizarse por el Congreso mediante mayoría simple (art. 90,2 CE).
El Senado podía introducir enmiendas por mayoría simpleRespuesta correcta La interposición de enmiendas a un texto legislativo por parte del Senado ha de realizarse por mayoría simple (art. 90,2 CE).

Con la finalidad de adoptar medidas de lucha contra el terrorismo internacional, la Unión Europea emana una Decisión marco sobre la orden de detención europea (Euroorden). Un grupo parlamentario de tan solo 14 diputados presenta en el Congreso una proposición de ley orgánica que desarrolla y regula el ejercicio de la libertad personal, incluidas las condiciones en las que debe llevarse a cabo toda detención. Posteriormente ese mismo grupo parlamentario presenta una proposición de ley de bases que delega al Gobierno por un plazo de seis meses la concreción por nuestras autoridades de la mencionada orden europea de detención. Una vez aprobada la Ley y dentro del plazo de seis meses el Gobierno dicta dos Decretos-Legislativos, de los cuales el segundo refunde los textos legales sobre la materia. Ante el primer Decreto-Legislativo, las Cortes aprueban una nueva Ley cuyo objeto es derogarlo.

11.- La proposición de ley orgánica

Debió ser rechazada por la Mesa del Congreso pues debe ser propuesta por al menos 15 diputados Respuesta incorrectaEl art. 126,1 RCD permite presentar proposiciones de ley a un grupo parlamentario o a 1 diputado con la firma de otros 14. En este caso, al llevarse a cabo la iniciativa por un grupo parlamentario, ha de considerarse ajustada al Reglamento.
Debió ser rechazada por la Mesa del Congreso, pues los Grupos Parlamentarios solo pueden presentar proyectos de Ley Respuesta incorrectaEl art. 126,1 RCD permite presentar proposiciones de ley a un grupo parlamentario o a 1 diputado con la firma de otros 14. En este caso, al llevarse a cabo la iniciativa por un grupo parlamentario, ha de considerarse ajustada al Reglamento. En consecuencia, la Mesa no debiera rechazar la iniciativa legislativa.
No requiere toma en consideración para ser tramitada Respuesta incorrectaLas proposiciones de ley, contrariamente a lo que sucede en el caso de los proyectos de ley, han de someterse al trámite de la toma en consideración ante el pleno de la cámara (art. 126,5 RCD).
Requiere toma en consideración para ser tramitadaRespuesta correcta Las proposiciones de ley, contrariamente a lo que sucede en el caso de los proyectos de ley, han de someterse al trámite de la toma en consideración ante el pleno de la cámara (art. 126,5 RCD).

12.- El Gobierno

Puede ejercer esa potestad legislativa delegada solo en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad Respuesta incorrectaLa aprobación de legislación delegada por el Gobierno a través de decretos legislativos no se encuentra condicionada al presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Tal presupuesto es tan sólo una condición de validez de los decretos-leyes (art. 86,1 CE).
No puede ejercer la potestad legislativa delegada puesto que se trata de una materia sometida a reserva de ley Respuesta incorrectaLa legislación delegada aprobada por el Gobierno a través de decretos legislativos sólo tiene vedada la regulación de materias propias de ley orgánica. En consecuencia, las materias sometidas a reserva de ley ordinaria pueden ser objeto de regulación por parte de un decreto-legislativo (art. 82,1 CE).
solo puede hacer uso una vez de la potestad legislativa delegada dentro del plazo marcado Respuesta correcta La delegación legislativa realizada por las Cortes Generales se agota con el uso (único) que se haga de ella. Por lo tanto, una delegación legislativa sólo puede amparar un decreto-legislativo, siempre y cuando éste se apruebe dentro el plazo fijado por las Cortes para su ejercicio (art. 82,3 CE).
Puede dictar tantos Decretos-legislativos como estime pertinente dentro del plazo marcado Respuesta incorrectaLa delegación legislativa realizada por las Cortes Generales se agota con el uso (único) que se haga de ella (art. 82,3 CE). Por lo tanto, una delegación legislativa sólo puede amparar un decreto-legislativo.

13.- El segundo Decreto-Legislativo

Es inconstitucional por carecer de habilitación legal para dictarlo Respuesta correcta La delegación legislativa se agota por el uso que se haga de ella (art. 82,3 CE). Una delegación sólo ampara un decreto legislativo. Por tanto, sólo el primer decreto-legislativo encontró un apoyo normativo en una delegación legislativa. El segundo no, hubiera necesitado otra delegación.
Es constitucional mientras no incurra en ultra vires Respuesta incorrectaEl ultra vires no es el único supuesto que puede convertir a un decreto-legislativo en inconstitucional. Existen otros límites al decreto-legislativo, como el término o el plazo entre otros, aplicables particularmente al presente caso (art. 82,3 CE).
Habría requerido una segunda ley de bases Respuesta incorrectaLa aprobación de un texto refundido, naturaleza que posee el segundo decreto-legislativo dictado por el Gobierno, no requiere una ley de bases, sino una merea ley ordinaria (art.82, 4 y 5 CE).
no podría modificar el primer decreto-legislativo, aunque fuese válido Respuesta incorrectaLos decretos-legislativos, en cuanto normas dotadas de rango de ley, derogan todas las normas anteriores dotadas de idéntico rango (art. 82,1 CE). En consecuencia, el segundo decreto-legislativo, de ser válido, podría producir la derogación del primero en cuanto se opusiese a al mismo.

14.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

La proposición de ley orgánica debe regular por sí misma el desarrollo del derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE)Respuesta correcta De conformidad con la jurisprudencia del TC en materia de reservas de ley, el legislador debe proceder a regular por sí mismo y a agotar toda la materia reservada a la ley. Por lo tanto, la proposición presentada ha de regular in toto el desarrollo del derecho a la libertad personal, sometido a reserva de ley orgánica en el art. 81,1 CE.
La proposición de ley orgánica no puede contener disposiciones propias de ley ordinaria Respuesta incorrectaDe acuerdo con la doctrina material de ley orgánica seguida por el TC, la ley orgánica puede regular materias conexas a las recogidas en el art. 81,1 CE, pudiendo encontrarse o no sometidas a reserva de ley ordinaria.
Las materias conexas incluidas en la proposición de ley orgánica tendrán el mismo carácter que las reservadas a la ley orgánica, sin necesidad de una disposición adicional que diferencie unas de otrasRespuesta incorrecta De acuerdo con la doctrina material de ley orgánica seguida por el TC, la ley orgánica puede regular materias conexas a las recogidas en el art. 81,1 CE. Sin embargo, el legislador debe de recoger en una disposición adicional cuáles de sus disposiciones regulan las citadas materias conexas a fin de privarles de su fuerza pasiva frente a las leyes ordinarias, permitiendo a estas su lícita derogación.
Cualquier materia incluida en la proposición de ley orgánica tendrá dicho carácter Respuesta incorrectaEl TC sólo permite a la ley orgánica regular las materias previstas en el art. 81,1 CE y a lo sumo las materias conexas a ellas. La regulación del resto de materias convertiría a la ley orgánica en inconstitucional.

15.- La Ley que deroga el Decreto Legislativo

No puede derogarlo sin derogar la ley de delegación Respuesta incorrectaEl decreto-legislativo aprobado posee autonomía normativa respecto de la ley de delegación legislativa que lo autorizó, que se agota--quedando ya derogada-- en el momento en el que aquél se dicta (art. 82,3 CE). En consecuencia, la ley posterior no habría de derogar la ley de autorización, por la sencilla razón de que ya que habría quedado derogada. La ley posterior podría derogar directamente el decreto-legislativo.
Nunca llegará a aprobarse si el Gobierno se opone a su tramitación Respuesta incorrectaAl Gobierno no le cabría oponerse a la tramitación de la ley que pretendiera derogar directamente la delegación legislativa en vigor, en la medida en que la revocación sería expresa. El Gobierno sólo podría oponerse cuando lo que se tratara de realizar fuese una revocación tácita, es decir, cuando una proposición de ley pretendiera regular por sí misma materias que previamente hubieran sido objeto de una delegación legislativa (art. 84 CE).
Solo podría derogarlo expresamente, nunca tácitamente Respuesta incorrectaLas Cortes Generales pueden revocar la delegación legislativa preexistente tanto de manera expresa como tácita (art. 84 CE).
Se aprobará a pesar de la oposición del Gobierno, ya que no existe una delegación legislativa en vigorRespuesta correcta En realidad, el caso no plantea un verdadero caso de revocación de la delegación legislativa, ni expresa ni tácita. Y ello porque la delegación legislativa ya habría quedado agotada con la aprobación del primer decreto-legislativo. No habría nada que revocar.

Un juez comunica a las partes del proceso que está conociendo su intención de plantear, a instancia del abogado defensor, cuestión de inconstitucionalidad contra una ley que regula una materia colateral al asunto que tiene que resolver y de cuya validez duda. Sin escuchar lo que las partes tienen que alegar al respecto, el juez, cuando aún deben realizarse varias pruebas periciales y testificales, suspende el juicio y eleva al Tribunal Constitucional auto de planteamiento de la cuestión. En él solicita la suspensión de la norma, al entender que su aplicación puede causar daños de imposible reparación. El Constitucional dicta sentencia desestimatoria.

16.- Señale la respuesta correcta

El abogado no puede pedir al juez que plantee la cuestión de inconstitucionalidad Respuesta incorrectaEl abogado, como defensor de una de las partes en el proceso, sí puede solicitar al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, a tenor de lo prevenido en el art. 35,1 LOTC.
El juez hubiera podido negarse a la petición del abogado Respuesta correcta Aunque las partes pueden solicitar al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, éste puede decidir libremente si la interpone o no ante el TC. El auto en el que resuelva el planteamiento o no de la cuestión de inconstitucionalidad no será objeto de recurso alguno, a tenor de lo dispuesto en el art. 35,2 LOTC.
No es necesario que el juez comunique a las partes su intención de plantear la cuestión Respuesta incorrectaEl momento procesal oportuno para poder interponer la cuestión de inconstitucionalidad es una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (art. 35,2 LOTC). Por ello, el juez no puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC en cualquier momento en el que se le suscite la posible contrariedad de una norma con rango de ley con la CE.
Sólo el Ministerio fiscal puede instar al juez a plantear la cuestión Respuesta incorrectaAdemás del Ministerio Fiscal, cualquiera de las partes en el proceso puede instar al juez a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC (art. 35,1 y 2 LOTC).

17.- Señale la respuesta correcta

Las partes podrán realizar las alegaciones que el juez no ha querido escuchar, directamente ante el Tribunal Constitucional Respuesta incorrectaEl juez, antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta (art. 35,2 LOTC). Ese es el momento procesal, y no ante el TC, cuando las partes han de formularse la alegaciones pertinentes.
El juez nunca puede suspender el juicio en el que surge la duda sobre la validez de la ley, pues está obligado a aplicarla en todo caso Respuesta incorrectaLa interposición de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del juez implicará, en todo caso, la suspensión provisional de las actuaciones hasta que el TC se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC resuelva definitivamente sobre la cuestión (art. 35,3 LOTC).
El juez puede suspender el juicio para plantear la cuestión en el momento en que lo hizo, esto es, tan pronto le surgió la duda sobre la validez de la ley Respuesta incorrectaEn la medida en que el momento procesal oportuno para interponer la cuestión ante el TC es una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (art. 35,2 LOTC), la suspensión exigida por el art. 35,3 LOTC ha de producirse necesariamente en aquél momento procesal. Por lo tanto, la suspensión no se produce en cualquier momento en el que el juez dude de la constitucionalidad de la norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
El juez puede suspender el juicio para plantear la cuestión una vez abierto el plazo para dictar sentenciaRespuesta correcta La interposición de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del juez implicará, en todo caso, la suspensión provisional de las actuaciones hasta que el TC se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC resuelva definitivamente sobre la cuestión (art. 35,3 LOTC).

18.- Para que la norma del supuesto pudiera ser objeto de cuestión de inconstitucionalidad

Debería tener otro rango Respuesta incorrectaNo. Las normas frente a las cuales cabe interponer una cuestión de inconstitucionalidad han de poseer necesariamente rango de ley (art. 35,1 LOTC).
El juez debería estar plenamente convencido de su inconstitucionalidad y no tan sólo dudar de la misma Respuesta incorrectaPara interponer una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC no le es exigible al juez que esté totalmente convencido de la contrariedad con la CE de una norma con rango de ley, sino que basta con que tenga sospechas de su inconstitucionalidad (art. 35,1 y 2 LOTC).
Debería ser la norma aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo Respuesta correcta Efectivamente, así lo prevé el art. 35,1 LOTC, al afirmar que el objeto de una cuestión de inconstitucionalidad ha de ser una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo.
Se debería haber esperado a que transcurrieran 3 meses desde su publicación para poder impugnarla Respuesta incorrectaLa interposición de una cuestión de inconstitucionalidad no ha de interponerse en un determinado plazo, contrariamente a lo que sí sucede en el caso del recurso de inconstitucionalidad, que ha de ser planteado dentro de los 3 meses posteriores a la publicación oficial de la ley. Excepcionalmente cabe su interposición 9 meses después, aunque condicionada a la verificación de los requisitos dispuestos en el art. 33,2 LOTC, destinados a evitar la interposición del recurso intentando facilitar una solución negociada al conflicto.

19.- Señale la respuesta correcta

La norma objeto de la cuestión no es susceptible de suspensiónRespuesta correcta Así lo prevé expresamente el art. 30 LOTC, al afirmar que la admisión de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada. Lo único que es objeto de suspensión es el procedimiento judicial hasta que se resuelva la cuestión por parte del TC (art. 35,3 LOTC).
El juez debería haber invocado el Art.161.2 CE para lograr la suspensión de la norma Respuesta incorrectaEl art. 161,2, que permite la suspensión automática de las normas con rango de ley impugnadas ante el TC con su mera invocación, sólo puede ser aducido por el Presidente del Gobierno en el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad (art. 30 LOTC). Por tanto, el juez no puede hacer uso de tal facultad.
El Tribunal Constitucional debe conceder la suspensión que el juez le ha solicitado Respuesta incorrectaLa admisión de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada (art. 30 LOTC).
No es necesario que el juez pida la suspensión de la norma, pues se logra automáticamente con el planteamiento de la cuestión Respuesta incorrectaLa admisión de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del TC no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la norma impugnada. Lo único que será objeto de suspensión es el procedimiento judicial hasta que se resuelva la cuestión por parte del TC (art. 35,3 LOTC). Y ello no se produce a solicitud del juez, sino ex lege, es decir, en virtud de la ley.

20.- La sentencia del Tribunal Constitucional

Tiene efectos inter partes, al poner fin a un control de constitucionalidad de naturaleza concreta Respuesta incorrectaLa sentencia emitida por el TC resolviendo la cuestión de inconstitucionalidad, en tanto recae en un procedimiento de inconstitucionalidad tendrá el valor de cosa juzgada, vinculará a todos los poderes públicos y producirá efectos generales desde la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" (art. 38,1 LOTC). En consecuencia, la sentencia no tiene efectos inter partes, sino erga omnes.
Impide el planteamiento de una posterior cuestión sobre esa norma si el asunto es sustancialmente igualRespuesta correcta En la medida en que la sentencia recaída en un procedimiento de inconstitucionalidad goza de efectos erga omnes (art. 38,2 LOTC), no puede plantearse otra cuestión de inconstitucionalidad sustancialmente idéntica a otra ya resuelta, tanto en lo que se refiere a su objeto como al caso que dio lugar a la misma.
Se comunica antes a las partes que al juez ordinario, para que sepan a qué atenerseRespuesta incorrecta Una vez resuelta la cuestión de inconstitucionalidad por el TC, éste lo comunicará primero e inmediatamente al juez que la planteó a fin de que pueda resolver el caso de conformidad con lo fallado por el TC (art. 38,3 LOTC).
Impide que el Tribunal Constitucional pueda en todo caso volver a conocer una cuestión de inconstitucionalidad contra la misma norma Respuesta incorrectaLa desestimación de una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta contra una norma con rango de ley no impedirá que a través de otra cuestión de inconstitucionalidad pueda volver a recurrirse la misma ley. Lo que se exige es que el caso que da lugar al planteamiento de la posterior cuestión de inconstitucionalidad no sea sustancialmente idéntico al que con anterioridad dio lugar a la interposición de la primera (art. 38,2 LOTC).