Lección 1ª: Test-Caso práctico sobre La Constitución como fuente de derecho
Test-Caso práctico sobre La Constitución como fuente de derecho
Ante el creciente número de objetores que se niegan a hacer el servicio militar después de la caída del franquismo, el Gobierno de la transición dicta un Decreto-Ley que incrementa las penas del delito de negación a cumplir el servicio militar cualquiera que fuese la causa. En diciembre de 1978 se aprueba la Constitución, cuyo art. 30.2 se establece “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria”. En marzo de 1979 un tribunal militar aplica el citado Decreto-Ley y condena a dos años de prisión a un joven que en 1977 se había negado a cumplir sus obligaciones militares argumentando ser objetor de conciencia.
CUESTIONES TEÓRICAS FUNDAMENTALES
o Posición normativa de la Constitución
· Jerarquía y fuerza normativa de la CE. La licitud constitucional de la retroactividad como principio general y el art. 9.3 CE.
· Eficacia de la Constitución y sus consecuencias
o Eficacia directa y desarrollo legislativo. Contenido esencial y normas programáticas
· Derogación y nulidad
· Contradicción formal y material con la Constitución
o Constitución y aplicación judicial
· Eficacia directa, derogación y cuestión de inconstitucionalidad. Las leyes pre-constitucionales
· Los riesgos de la eficacia directa de la Constitución para el Estado de Derecho
o Nulidad e interpretación conforme a la Constitución
· Se puede hacer una interpretación conforme del Decreto-Ley?
NORMAS A ESTUDIAR
o Arts. 5 y 6 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
o STC 11/1981 , FFJJ 2 y 5).Contradicción formal y normas preconstitucionales
o ( STC 15/1982 , FJ 8). Fuerza normativa de la Constitución
o ( STC 66/1983 , FJ 2). La CE como ley posterior y como ley superior. Derogación, inaplicación.
o ( STC 76/1996 , FJ 7). Interpretación conforme
BIBLIOGRAFÍA
o F. Bastida, I. Villaverde, P. Requejo, M. Presno, B. Aláez e I. F. Sarasola, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, ed. Tecnos, 2004. Cap. 7.
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PREGUNTAS TEST AUTOEVALUACIÓN 1. El art. 30.2 CE, que remite a la ley la fijación de las obligaciones militares de los Españoles: a. es una norma con eficacia indirecta, ya que sólo goza de efectos jurídicos cuando el legislador interviene b. es una norma con eficacia indirecta, porque forma parte de una Constitución que se concibe como la norma suprema del ordenamiento español. c. es una norma con eficacia directa, aunque le falte el elemento de la autoaplicabilidad d. es una norma con eficacia directa, porque forma parte de una Constitución que tiene por objeto regular cómo se crean las normas 2. El decreto-ley aprobado: a. ha quedado derogado por la CE por motivos formales b. ha quedado derogado por la CE por motivos materiales c. es perfectamente válido en tanto no se apruebe la ley prevista en el art. 30.2 CE d. se relaciona con la CE de acuerdo con una relación de derogación y de nulidad 3. Conforme a la jurisprudencia del TC,¿qué debió hacer el juez con el decreto-ley aplicable al caso en 1979? a. inaplicar por sí mismo el decreto-ley o plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC b. sólo pudo plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC c. aplicarlo directamente, ya que el caso a sentenciar se produjo antes de la entrada en vigor de la CE d. declararlo derogado erga omnes 4. ¿Qué incidencia tiene el principio de interpretación conforme a la CE en este caso? a. ninguno, porque el art. 30.2 carece de eficacia directa b. exige que el juez interprete la ley de la manera más apropiada para poder garantizar la eficacia de todas las normas constitucionales c. exige que el juez, siempre que el tenor literal de la ley lo permita, la interprete de manera que no contravenga la CE d. impone al legislador que apruebe las leyes conforme a la voluntad social mayoritaria |